Ante las
declaraciones de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely
Gómez, de que el caso del Paso Exprés, “está cerrado”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió a atender la
Recomendación 34/2018 que instruye a abrir procesos penales y administrativos
para evitar que el caso quede en la impunidad.
Este
miércoles, Enrique Guadarrama López,
segundo visitador de la CNDH, dio a conocer la recomendación que evidencia al
menos 15 indicios de “graves deficiencias de planeación y construcción” que
derivaron en el socavón del Paso Exprés que a su vez cobró la vida de cuatro
personas, de las cuales sólo dos han sido reconocidas por las autoridades.
Luego de que Arely Gómez sostuvo que
el caso estaba concluido, el organismo emitió un comunicado en el que reiteró
que se le enviará copia de la recomendación a la SFP, “pues independientemente
de los procedimientos abierto y en trámite, así como de los concluidos, se
requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos
expuestos en la Recomendación que deben ser considerados”.
De acuerdo
con el párrafo 752 del documento, la
investigación tiene que incluir a las empresas participantes y a los servidores
públicos involucrados, ante la “falta de transparencia y rendición de cuentas,
incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y
por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos
de corrupción”.
El organismo
puntualizó que “se debe hacer una
investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado
general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no
permanezcan en la impunidad”, toda vez que el caso del socavón “no puede
analizarse y determinarse de manera aislada sino integral en todos y cada uno
de sus componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.
El organismo
resaltó que la investigación que llevó a
cabo confirmó la persistencia de violaciones a derechos humanos y que la
“resistencia” de autoridades para proporcionar información a la CNDH “por sí
misma tendría que ser ponderada por las autoridades competentes respecto de las
sanciones administrativas que serían procedentes”.
Al señalar
que la investigación de la CNDH
proporciona elementos para deslindar responsabilidades, el organismo puntualizó
que el objetivo de la recomendación “busca que las autoridades federales,
estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no
repetición”.
Para la CNDH
“el imponer sanciones ejemplares es un
disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse”; de lo
contrario, “el riesgo de su repetición seguirá latente”.
Aunado a la falta de sanciones a
servidores públicos presuntamente implicados, “hasta el momento no se ha
informado si este costo (de las reparaciones) se les cobrará a las empresas
responsables que ejecutaron mal la obra”.
La CNDH confió en que “las autoridades competentes
ahonden sus indagatorias por presuntas responsabilidades administrativas y
penales, tomando en consideración los elementos contenidos en la recomendación
de referencia y que se han hecho de su conocimiento que se valoren en el ámbito
de sus atribuciones legales”.
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