El
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ya se
topó con el primer escollo de su incipiente gestión por una mala operación
política de la mayoría en el Congreso local al momento de realizar la votación
de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Y es que el
domingo 30 de septiembre, 13 diputados
locales de Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social (PES), Nueva
Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista, PRI y PAN, habían aceptado
votar la reforma, sin embargo, se necesitaba un voto más, que no se había
asegurado. En el otro grupo estaban cinco diputados de Morena, una diputada del
Partido Social Demócrata y una del PRD.
Estos siete
diputados locales aseguran que no están en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Dicen que no van a obstaculizar el trabajo del nuevo gobierno. Particularmente
aquellos diputados de Morena, quienes en coalición con PT y el PES, llevaron al
exfutbolista al Ejecutivo estatal en las elecciones del 1º de julio pasado.
Estos legisladores aseguran que no
van a impedir el buen desempeño del nuevo gobierno. El problema más bien tiene
que ver con la operación política y con el trato que han recibido del
Ejecutivo. Fuentes del Legislativo aseguran que, a pesar de que hay múltiples
críticas contra la Legislatura anterior por su sometimiento a Graco Ramírez,
varios diputados de distintos partidos de la actual legislatura muestran signos
“preocupantes” de sumisión al Ejecutivo actual.
Una fuente
en el Legislativo que pidió guardar el anonimato señala a Cipriano Sotelo detrás de las designaciones en el Congreso
local. “Llegó a repartirlas, no a acordarlas con los diputados, llegó, así como
me oyes, a repartirlas”.
Este personaje es un abogado que fue
integrante del equipo de transición de Blanco Bravo.
Además, el día de la votación del presidente de la
mesa directiva del Congreso local, en la que se designó al exalcalde de
Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, mediante voto secreto por cédulas,
por conversaciones de Whatsapp, el equipo de Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó a
los legisladores que tomaran una foto de la cédula para asegurarse que estaban
votando por el elegido.
“Este trato que nos dan no nos gusta.
No somos cualquiera, representamos la voluntad popular”, señala uno de los
legisladores que también pide guardar el anonimato. “Es que la verdad ya nos
trae entre ojos y si publicas mi nombre me van a quitar las comisiones que me
asignaron y así no se puede”, se excusa.
Hasta ahora todo iba bien para el
equipo de Blanco, pues había consolidado una mayoría calificada de 14 sobre 20
diputados, sin
embargo, en la última semana, la
legisladora del PRD, Rosalinda Rodríguez Tinoco, esposa del líder de ese
partido político en Morelos, Matías Quiroz Medina, se desprendió de esa
mayoría, pues no le agradó que la reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública llegara de última hora.
Dice la
misma fuente en el Congreso: “El
problema es que a las comisiones llegó la reforma, que es voluminosa, el mismo
día que sesionarían las comisiones para aprobarla. Algunos diputados dijeron:
‘no la vamos a aprobar, queremos revisarla y discutirla. No es que no estemos
de acuerdo, porque ni la conocemos. El problema es ese, que no la conocemos’”.
Esto causó
molestia en el grupo de Blanco Bravo. Desde
entonces, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Partido
del Trabajo y presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, ha
intentado convencer mediante presiones o incluso ofreciendo dinero, a los
diputados que se oponen a aprobar una reforma a ciegas.
“Nosotros no queremos trato especial.
No queremos ser oposición a ultranza. No lo seremos, representamos al mismo
proyecto. Lo que queremos es que nos traten como lo que somos, diputados
representantes del pueblo. Es humillante que a cambio de comisiones o
prebendas, pretendan tratarnos como sus empleados. Prometimos que no seríamos
como los anteriores diputados, nos va a costar, ni modo, pero seremos
representantes y no empleados”, dice uno de los aludidos.
Mientras
tanto, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco
Bravo ha dicho que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública es
fundamental y necesaria para comenzar a llevar a cabo el proyecto de gobierno.
En
entrevista, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que las reformas “no son un
capricho” sino “una necesidad” y pidió a los legisladores “ser sensibles”.
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