El
gobernador Alfredo del Mazo aceptó las
recomendaciones del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres, esta vez por desaparición, en siete
municipios mexiquenses.
En un plazo de seis meses el gobierno
mexiquense deberá informar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones,
para que el organismo determine si procede o no la emisión de la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género por Desaparición de mujeres.
Tal alerta fue solicitada en junio
pasado para Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl,
Toluca y Valle de Chalco, por organizaciones como Idheas, Litigio Estratégico
en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y colectivos de
familiares de personas desaparecidas, entre ellas Uniendo Esperanzas, Deudos y
Defensores por Nuestros Desaparecidos y Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas
Neza.
Las
organizaciones peticionarias sustentaron
la solicitud con un diagnóstico en el que se documentan 579 casos de mujeres
desaparecidas en la última década, la mayoría menores de edad.
Y advirtieron que ese delito inicial puede
desembocar en otros como el feminicidio, trata con fines de explotación sexual
y ataques sexuales.
Entre diciembre de 2006 y diciembre
de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) registró
mil 343 mujeres desaparecidas, 59% de las cuales eran niñas y adolescentes.
El pasado 27
de septiembre, la Legislatura local
exhortó al gobernador a dialogar y atender a los colectivos de familias de
personas desaparecidas, dado que la entidad concentra 20% de las víctimas de
ese delito en el país.
La diputada
morenista Mariana Uribe recordó que el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas revela que
mientras el porcentaje de mujeres desparecidas a nivel nacional representa 25%,
en el Estado de México asciende a 46%.
En su
momento, el diario británico The
Guardian destacó que entre 2011 y 2012, en la entidad mexiquense mil 258 niñas
y mujeres fueron reportadas como desaparecidas: 53% tenían entre 10 y 17 años.
A finales de
julio pasado, la Conavim aceptó la
petición de las asociaciones civiles e integró un Grupo de Trabajo con
académicas expertas en la materia, servidoras públicas federales y la titular
del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
También recabó información oficial, estudió el
contexto de los municipios y realizó entrevistas en visitas in situ con las
organizaciones solicitantes, especialistas en antropología forense e
intervención psicosocial y con víctimas indirectas.
El Informe fue remitido al Ejecutivo
estatal el pasado lunes 15 para su valoración, con recomendaciones para
prevenir la incidencia de desapariciones, realizar investigaciones e
implementar sanciones con la debida diligencia, y atender a las víctimas hasta
la consecución de la reparación integral del daño.
Conforme a la notificación de la
aceptación, el mandatario mexiquense instruyó al secretario de Justicia y
Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, para que coordine la elaboración de una
política pública multidisciplinaria con acciones concretas e indicadores
medibles que permitan monitorear y evaluar sus resultados, a fin de cumplir con
las recomendaciones.
En caso de que la Conavim considere
que las medidas planteadas por la administración mexiquenses son insuficientes
e inadecuadas para abatir la desaparición de mujeres, el Estado de México
podría sumar una segunda declaratoria de AVG.
La primera fue decretada a mediados
de 2015 en los 11 municipios con mayor incidencia en materia de feminicidios
(Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco,
Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y
Cuautitlán Izcalli), en respuesta a la solicitud y presión ejercida por
diferentes organizaciones civiles durante los cinco años anteriores.
El pasado martes 9, durante su
comparecencia por la glosa del primer informe, el fiscal Alejandro Gómez
reconoció un incremento en la incidencia de delitos vinculados a la violencia
de género: feminicidio, lesiones dolosas, abuso, hostigamiento, acoso sexual,
violencia familiar y sustracción de menores.
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