El Caso Cerao.

Desde hace varios años, el gobierno de Chimalhuacán ha venido impulsando un proyecto que –asegura– cambiará la vida y la ecología de ese municipio, uno de los más pobres de México. Se trata del Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO). La versión oficial dice que se ubicará en los terrenos desecados del Lago de Texcoco, en una zona que se conoce como El Moño o Los Tlateles, a un costado del Lago Nabor Carrillo, muy cerca de donde se proyecta la entrada principal del Nuevo Aeropuerto de México.

El CERAO comprende 221 hectáreas. “Más del 50% serán áreas verdes”, informa un video promocional que promete eliminar la contaminación del aire, aprovechar aguas pluviales, tratar aguas negras y usar tecnologías constructivas sustentables. Además, permitirá la inversión privada, generará 40 mil empleos, así como una matrícula de 6 mil estudiantes. El parque tecnológico tendrá, según la publicidad, una “superficie de 150 hectáreas”, con investigación y desarrollo tecnológico, robótica, nanotecnología, data center, desarrollo de software, aeroespacial y biotecnología, además de infraestructura y servicios.

Este proyecto ha resultado controvertido. Principalmente, porque, el 29 de septiembre de 2016, el Diario Oficial de la Federación publicó la autorización para donar 150 hectáreas de Los Tlateles a una empresa paramunicipal (de capital estatal y privado), denominada Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V., la cual permite la “enajenación a título oneroso” de hasta el 40% de esas hectáreas, “para obtener fondos a efecto de aplicarlos en acciones de beneficio colectivo” (sic). Se trata de un área de 600,000 metros cuadrados, equivalentes a casi nueve veces el Estadio Azteca.

El municipio declaró, vía Transparencia, que cada metro cuadrado de estos terrenos tiene “un valor catastral en el catálogo de valores unitarios del suelo” de 80 pesos, por encontrarse en un área homogénea E1 048. En una solicitud de informes vía telefónica, el responsable del CERAO, doctor Edgardo Amílcar Lara Córdova, informa que podrían venderlos en 2,500 pesos el metro cuadrado. La ganancia por cada metro cuadrado sería, entonces, de 3,125 % de dicho valor catastral.

“ESTO ES BUSINESS PURO. La donación se hizo en 2016. ¿Y que han hecho? Una especie de escuelita, ¿no?”, denuncia José Luis Luegue Tamargo, quien fuera director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el gobierno de Felipe Calderón, en referencia a la única construcción que se está haciendo en estos terrenos: la Universidad Politécnica de Chimalhuacán. “No han hecho nada más –continúa–. Porque no es el objetivo. El objetivo es la plusvalía de un terreno para venderlo en el futuro”.

Organismos oficiales, como el municipio de Chimalhuacán y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se han negado a transparentar la información. Además, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) informa que todo lo referente a los terrenos de El Moño o Los Tlateles se encuentra reservado por tres años.

Vía Transparencia, la delegación federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el Estado de México, informa que “no ha recibido trámite alguno en materia de impacto ambiental, ni cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el proyecto de rescate ambiental denominado ‘Centro Estratégico de Recuperación Ambiental Oriente’ (CERAO), ubicado en el municipio de Chimalhuacán”.

La Conagua responde que no tiene información, porque eso es “de competencia municipal”, a pesar de que, en un documento que se hizo público en 2017, dirigido a la mesa directiva de la comisión permanente del H. Congreso de la Unión –con copia al entonces secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, se muestra el oficio BOO.5.-03545 donde informa que hay una solicitud de donación “para la realización de un Proyecto Ecológico Social y de Desarrollo Económico, denominado ‘Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO)’”.

El municipio escribió en un oficio de enero de 2018 que dicho proyecto “todavía no ha sido aprobado y por lo tanto no se le asignado (sic) recurso económico y entonces todavía no adquiere el carácter de público y, por lo tanto, no es información que se tenga disponible para hacerla de conocimiento de los ciudadanos”. Seis meses después, volvió a insistir en no proporcionar información y argumentaba que este proyecto “se ha visto envuelto en comentarios que tienen la finalidad de opacar y crear dudas acerca de su importancia y confiabilidad”, que “llevará su tiempo” y que “es un proyecto de sustentabilidad ambiental que evolucionará la calidad de vida de los chimalhuacanos”.

Dos proyectos CERAO.

En contraposición a lo declarado vía Transparencia por el ayuntamiento, el actual presidente municipal electo de Chimalhuacán, quien ya ha sido alcalde de ese municipio en dos ocasiones, Jesús Tolentino Román Bojórquez, escribió en la página oficial del Movimiento Antorchista Nacional que se han “invertido casi 20 millones de pesos en estudios muy profesionales, contratando los servicios de instituciones muy prestigiadas, como la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Universidad Iberoamericana, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y otras”. Y confesaba: “no existe otro proyecto tan sustentable ni tan blindado como éste en México”. Eso fue en 2014.

En su origen, el CERAO era diferente a como es hoy. Así lo hace saber el doctor Ramón Ojeda Mestre. No contemplaba, “el daño ambiental que se está haciendo ni la autorización de predios para lo que se está planteando ahora. Para lo que se planteaba –subraya enérgico– era para una zona de recuperación ambiental, por eso se llamaba zona de recuperación ambiental del Oriente. Y esto ya no es recuperación ambiental. Esto es lesión ambiental. Es un vil negocio para centros comerciales y hoteles y viviendas que no estaban en el proyecto original”.

Ojeda Mestre, experto en políticas públicas en materia ambiental, fue uno de los impulsores del CERAO. Actualmente es titular del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, en Baja California Sur. Él firmó con el municipio de Chimalhuacán, en 2011, un convenio de colaboración para “generar, coordinar e integrar los estudios que realicen los demás consultores o investigadores para el Municipio de Chimalhuacán o sus dependencias en relación con el CERAO y con el gran corredor tecnológico y cultural del Oriente del Valle de México”.

Por este trabajo, cobraría 494,160 pesos y estaba obligado a entregar ejemplares impresos y discos compactos “con información de reporte y base de datos estadística del estudio”, así como de los estudios de carácter ambiental. El municipio dice que esa información no está en sus archivos. Y, con respecto al proyecto original del CERAO, Ojeda Mestre asegura tenerlo en su poder, pero no lo piensa publicar mientras dure este sexenio.

En la entrevista, el doctor también habla de “robo de predios” en esta región.

—Concretamente, ¿a qué se refiere?

—Me refiero a todos los predios del ex Vaso de Texcoco, que fueron tanto de los ejidos, como de la asignación del Fideicomiso para el Vaso de Texcoco, que era un fideicomiso para cuestiones hidráulicas y ambientales. Ahí está el decreto e incluye el lago Nabor Carrillo y todo eso lo entregaron a particulares. Y lo han vendido. Y ahora estamos padeciendo las consecuencias. Esto incluye predios, incluso, de Texcoco, predios de Atenco, predios de Tepetlaoxtoc, predios de Chimalhuacán y predios del municipio de Nezahualcóyotl.

—¿Eso incluye la zona llamada Los Tlateles?

—Desde luego que sí. Porque esos eran terrenos ejidales. Los expropiaron indebidamente.

En 2017, a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se le turnó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a investigar la donación de los terrenos a favor de la empresa paramunicipal. También señalaba que la Conagua había informado que “previo análisis se determinó la viabilidad de ceder 200 hectáreas del inmueble denominado ‘El Moño o Los Tlateles’”.

Lo anterior porque un grupo de senadores del Partido Acción Nacional habían denunciado que dicha donación tenía “omisiones importantes como lo es los estudios y evaluaciones de obra pública, impacto ambiental, así como el riesgo de inundación del lugar donde se llevará acabo la donación de las 200 hectáreas (sic)”. Además, advertían sobre la posibilidad de vender 60 hectáreas de lo donado: “es un negocio redondo y así se explica la celeridad en el trámite de desincorporación, ya que esto parece ser un trato, disfrazado de ‘rescate ambiental y desarrollo social’ que dejará ganancias millonarias, debido a la cercanía al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

El 25 de junio de 2018, en una respuesta vía Transparencia para esta investigación periodística, el doctor Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios, informó que dicha secretaría “no cuenta con ningún antecedente o documento relativo a una investigación derivada de dicho punto de acuerdo, por no haber sido avalado por el Pleno del Senado”.

Por otro lado, hay dos juicios de amparo, el 318/2015 y el 327/2015, que fueron promovidos por dos particulares, relativos al predio El Moño o Los Tlateles y cuya información se encuentra reservada. Lo que se sabe es que en el 327/2015, “se dictó un auto de fecha 10 de julio de 2018, en el que se tiene a la quejosa ratificando su desistimiento; sin embargo, el juzgado del conocimiento aún no está en posibilidad de declarar que el asunto ha causado estado, quedando pendiente conocer la postura de todas las demás partes respecto de dicho desistimiento”, informó la Dirección de Asuntos Contenciosos por correo electrónico al INDAABIN, el 11 de julio de 2018. Este último subrayó, el 13 de agosto de 2018, que “los particulares se han desistido de los amparos, y toda vez que no han ratificado dichos escritos, se prosiguen los trámites para la ejecución de la sentencia, por lo que dichos amparos no han causado estado”.

¿A quién le regalaron los Tlateles?

Doña Isabelita tiene más de 60 años y 12 ellos los ha vivido en Chimalhuacán. Está sentada en la banca de un parque contiguo al majestuoso teatro Acolmixtli Nezahualcóyotl. Frente de ella, colgando de uno de los gigantescos muros del recinto, dos enormes mantas del municipio piden apoyo de la ciudadanía para el CERAO. Ella no sabe ni entiende de qué se trata. “Creo que es un partido político”, comenta con dudas. Piensa que el nuevo aeropuerto traerá empleos para esa zona, pero sólo para quienes han estudiado. “Yo digo que a los que trabajan así, de albañiles, o de otros trabajos, no los va a ayudar”.

Para recibir en donación los terrenos en los que se llevará el CERAO, el municipio de Chimalhuacán creó, en abril de 2016, la empresa de capital privado y municipal Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán. A través de ella, el ayuntamiento tiene como propósito “producir bienes y servicios de mayor demanda social y comercial, utilizando los recursos naturales y la fuerza de trabajo del área de influencia del municipio”. Dicha sociedad tendrá una duración de 99 años y el ayuntamiento cuenta con la “mayor participación del capital social, el cual no podrá ser inferior del cincuenta y uno por ciento”. Eso dice el “primer testimonio” de la escritura 114,565 de la que da fe el licenciado Raúl Name Neme.

El 21 de julio de 2016, el Diario Oficial de la Federación publicó que se autorizó al ayuntamiento a crear esta empresa paramunicipal, con el fin de “prevenir, controlar, manejar y restaurar todo lo relacionado a la contaminación ambiental del Municipio, para mitigar los efectos adversos provocados por la desecación del Ex Vaso del Lago de Texcoco”. También se explica que se destina esta fracción de terreno para realizar el CERAO.

¿Quiénes conforman la empresa? Aparte del municipio, de acuerdo con la escritura, hay participación de dos particulares: la licenciada Amina Isolda García Córdova, sobrina del líder antorchista Aquiles Córdova Morán y prima hermana del doctor Edgardo Amílcar Lara, y un licenciado en Administración de Empresas por la UNAM, de nombre Heberto Gabriel Guzmán Gómez.

Amina Isolda es originaria de Tecomatlán, Puebla, e hija de la ex diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán. En el acta, Amina es mencionada en dos ocasiones; una, como presidenta del consejo de administración de la sociedad anónima de capital variable Servicio Techaluta y, la otra, como “administradora única” de la sociedad anónima de capital variable Servicio Cuatro Vientos, la cual se dedica al expendio al público de petrolíferos y cuyo representante legal es Jorge Adrián Barrera Vázquez, quien figura como director general de Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán.

Al igual que Amina Isolda, el movimiento Antorcha Campesina nació en Tecomatlán, en los años 70. Hasta el año 1976, “utilizó formas de lucha y discursos propios de las organizaciones de izquierda radical”, pero luego cambió y “desarrolló una dinámica de impugnación y cuestionamiento hacia los partidos que enarbolaban esas tendencias”. Entonces, Aquiles Córdova buscó el ascenso al poder municipal, a través de la unión con los grupos que dominaban la política en el estado, explica María Guadalupe Godoy en una tesis presentada en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Antorcha Campesina ha sido una organización fundamental para el PRI. En 1988, el entonces secretario general del partido, Manuel Camacho Solís, le entregó una constancia que “le reconoce como una agrupación agraria adherida al partido”, apunta Godoy y cuenta que unos de sus valores fundamentales son “la fe y la obediencia” y que si alguien incumple alguno pierde la militancia, “pero haciendo uso de la vergüenza pública”.

Esta agrupación obliga a sus agremiados –la mayoría de bajo nivel educativo– al tributo en especie, a la movilización y a que participen en mítines. Es “una empresa familiar que vive del erario público, gracias al chantaje, es decir busca influir en el sistema a través de manifestaciones, marchas, mítines, cierres de carreteras, etc., para lograr sus objetivos”. Es, explica Godoy, “el mejor ejemplo de cómo el clientelismo político se traduce en beneficio electoral”, además de que se aprovecha de “cuantiosos recursos obtenidos por todo el país, gracias a los apoyos y proteccionismo llevado a cabo por el PRI”.

En Chimalhuacán, Antorcha Campesina es un grupo con una cabeza: Jesús Tolentino Román. A nivel Estado de México este papel lo tiene Aquiles Córdova Morán, “a quien respetan como si fuera su ideólogo”, dice el periodista Alberto González. Además, cuenta que Antorcha tiene un control de zonas en el estado que el priismo tradicional no puede tener. Una de las vocaciones de este grupo –profundiza– es la creación de escuelas, de las cuales se sospecha que sirven como vehículo para el adoctrinamiento de la población. Antorcha Campesina ya anunció que, para 2019, buscará su registro como partido político.

Empresario y amigo de Peña Nieto.

El CERAO se aprobó por “unanimidad” en una junta de cabildo, en el Palacio Municipal de Chimalhuacán. Era el 4 de abril de 2013. Aquel día, se decidió hacer una “solicitud formal del H. Ayuntamiento”, ante los gobiernos estatal y federal. Para lo cual se pidió –según consta en el acta de la reunión– que se convocara a Heberto Gabriel Guzmán Gómez, director general de HG Desarrollos y Asociados, S.C., y al doctor Ramón Ojeda Mestre, entonces secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, “para que expliquen el Proyecto del Parque Industrial”. Ambos, según escribió Román Bojórquez en la página del Movimiento Antorchista, en 2014, tienen “altísima confiabilidad en materia de proyectos económicos y comerciales de alto impacto en el país”.

Heberto Guzmán es una de las personas que más ha impulsado el CERAO. En junio de 2018, dio una rueda de prensa junto a Jesús Tolentino Román, entonces candidato a la presidencia municipal de Chimalhuacán, para presentarlo públicamente. Faltaban pocos días para la elección del 1 de julio de 2018. “Las empresas que se desarrollen en este proyecto van a tener la obligación de desarrollar mano de obra”, dice en entrevista Guzmán Gómez.

En el acta de constitución de la empresa paramunicipal que recibió en donación los terrenos para el CERAO, Guzmán Gómez aparece como presidente del consejo de administración de Grupo Urbano Continental. Explica que su nombre aparece en esta acta porque su participación es “estrictamente” para desarrollar el proyecto y lograr que “tenga una afinidad con su propósito, que es la generación de fuentes de empleo”. Él es un empresario que ha promovido varios proyectos en esta región del Estado de México, aunque “la mayoría de estas inversiones son directamente de Carlos Slim”, asegura Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl, quien en algún momento afirmó que Guzmán era empleado de Slim.

En Ciudad Nezahualcóyotl Carlos Slim y Guzmán Gómez colaboraron juntos en la creación del proyecto Ciudad Jardín Bicentenario. En el caso del CERAO, este último afirma que Carlos Slim es totalmente ajeno al proyecto. “Todos están invitados, pero no hay un propósito definido a una empresa o a algún grupo”.

Guzmán también es presidente del Patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (POSEM) desde 2010. De acuerdo con la Secretaría de Cultura del Estado de México, es una asociación civil sin fines de lucro que “no recibe y no ejerce recursos públicos” y “solamente” es “un apoyo promocional” para la orquesta, pero recibe importantes cantidades de dinero como donativo: en 2010, por ejemplo, sumó 10 millones de pesos (el año anterior, las donaciones apenas alcanzaban los 320 mil pesos). Para 2014, las aportaciones rebasaban los 18 millones de pesos y, en 2016, superaban los 20 millones.

La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) nació en 1971, por iniciativa del gobernador del estado, Carlos Hank González, y el músico Enrique Bátiz. Al primero, ya fallecido, se le reconoce como líder del Grupo Atlacomulco, agrupación en la que también se identifica a Enrique Peña Nieto. Batiz abandonó la orquesta, este 2018, en medio de escándalos por acoso sexual y malos tratos hacia los músicos; ahora dirige la Orquesta Sinfónica de Chimalhuacán. Por cierto, la revista Quien publicó en noviembre de 2010 que miembros de la OSEM acompañaron la celebración de la boda de Peña Nieto con Angélica Rivera, “con temas como ‘Pompa y Circunstancia’ de Edward Elgar y el Ave María en la Iglesia”.

Heberto Guzmán es una persona con influencias en el Estado de México. Es “amigo de personajes” como Peña Nieto y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como de Carlos Slim, según ha apuntado en diversas ocasiones el periodista Enrique Castillo Pesado. En 2009, tomó protesta como consejero del Consejo Consultivo de Valoración Salarial del Poder Legislativo del Estado de México y ha formado parte del consejo directivo de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras.

—¿Qué relación tiene con Enrique Peña Nieto?

—La tengo como ciudadano. He desarrollado proyectos en el Estado de México, como en otros estados. He desarrollado proyectos en toda la República. Proyectos, obviamente, en los que se tienen cercanías, pero el propósito es vincular el proyecto [CERAO] a fuentes de empleo.

En su web explica que inició en 1981 con el “royalty” y confección de ropa de marca Pierre Cardin, y en 1994, comenzó “su trayectoria inmobiliaria junto a la empresa francesa Grandes Superficies de México ‘Carrefour’”. También participa de la vida cultural y política del municipio de Chimalhuacán. Por ejemplo, en 2011, durante su segundo informe de gobierno, Jesús Tolentino Román dijo que él era “parte fundamental” en la creación de un comité de promoción cultural, “para impulsar el desarrollo integral humanista y social de la región”.

En ese sitio, en 2016 se inauguró el Teatro-Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl, que recibió, como primera exposición, la obra de la fotógrafa Susana Orozco López. Ella es esposa de Heberto Guzmán. De las 30 fotografías que conformaron la exhibición inaugural, resaltan dos: un retrato a Peña Nieto y otro a Aquiles Córdova Morán. Susana Orozco es “gran amiga de Chimalhuacán desde hace algunos años”, dijo la entonces presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, en la inauguración. Pineda es la funcionaria que firma el acta constitutiva de la empresa paramunicipal que recibió la donación de las 150 hectáreas de Los Tlateles y a quien Antorcha Campesina reconoce como “rectora” de la futura universidad politécnica.

Luege Tamargo, que fuera secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, por un periodo breve, durante el mandato de Vicente Fox, confiesa que le enferma que le recuerden el CERAO. Además, insiste en que el sitio donde se encuentran estos terrenos es una zona con alto riesgo de inundación. “¿Quién te garantiza que no se rompa un bordo un día por cualquier razón? Se te rompe un bordo y te inunda toda la zona. Esta debe estar protegida, considerada de alta seguridad; es una zona federal del lago de Texcoco y es totalmente ilegal e inconstitucional lo que hicieron”.

Hoy, el proyecto CERAO se encuentra a punto de despegar, como también el Nuevo Aeropuerto de México. Ambos, frente a la expectativa del resultado de la consulta ciudadana que convocó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para estos días. “Este proyecto es anterior a lo que es el aeropuerto. Ya lleva más de 10 años y se concibió sin llevar a cabo la construcción del aeropuerto. Y es un proyecto que se tiene que desarrollar con o sin aeropuerto”, afirma Heberto Guzmán Gómez. ¿Seguirá defendiéndolo con tanto interés el gobierno de Chimalhuacán si se suspenden las obras del aeropuerto o lograrán convertir esa tierra salitrosa en un polo de atracción de inversionistas si los aviones toman rumbo a Santa Lucía como han prometido?