“La gente está alarmada porque el Río del
Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que
abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente
que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”,
reclamó uno de los representantes de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, donde sus
habitantes denunciaron el desbordamiento de la presa “Jales” con deshechos
mineros de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, detectado el 8 de
octubre tras una noche lluviosa.
La minera
“Cuzcatlán”, filial de esta compañía canadiense, trabaja en la explotación de
oro y plata desde 2011 en el municipio San José del Progreso, dentro del
distrito de Ocotlán al centro oaxaqueño, donde viven del cultivo de verduras. Alfredo Salcedo Martínez, del área de
relaciones comunitarias de la empresa en Oaxaca, dijo a SinEmbargo que ya hubo
una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).
La Profepa, informó por su parte que
desde el 12 de octubre pidió a la minera “realizar medidas de urgente
aplicación” para evitar mayores afectaciones a los elementos naturales. Pero la
empresa hizo caso omiso. Por ello, realizó un análisis de suelo y sigue a la
espera de los resultados para determinar la existencia o no de contaminación con
residuos peligrosos. En caso de que se acredite, se aplicarán las acciones y
sanciones que conforme a derecho procedan, advirtió en un comunicado.
“Nos han dañado las parcelas en las
que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a
Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez [en 2012]”, afirmó Ignacio
Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del
Valle de Ocotlán (COPUVO), organización a la que pertenecían las víctimas de
homicidio. Rosalinda Dionicio, defensora de San José del Progreso, fue víctima
de un ataque con armas de fuego como resultado de su activismo en contra de la
mina, denunció.
Sobre los asesinatos, Sofía Robles
Hernández, zapoteca del comité directivo de Servicios del Pueblo Mixe, aseguró
que son atentados. “Era muy claro su trabajo de defensa que venían haciendo. No
se puede pensar que fue por aras del destino, fueron asesinatos premeditados,
bien planeados”.
Ante la costra blanca en su río,
están tomando medidas de prevención: no bañarse ni usar esa agua hasta saber
qué sustancias contiene.
22 CASOS DE
VIOLACIONES.
Asesinatos, desapariciones, daño a
parcelas, contaminación del agua o limitación para su uso agrícola y doméstico.
Dos días después del desborde de deshechos mineros, pueblos y comunidades
indígenas de Oaxaca denunciaron 22 casos de violaciones a sus derechos
fundamentales durante el “Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las
Empresas Mineras”, donde acusaron la incapacidad del Estado mexicano para
impartir justicia frente a la instalación de proyectos de extracción de metales
en sus territorios y exigieron cancelar la Ley Minera (implementada en 1992
durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con última reforma en 2014).
“Lo que buscan las comunidades es la
cancelación de la Ley Minera, y por consecuencia no se otorguen concesiones
mineras en Oaxaca, porque se contrapone a los derechos colectivos de los
pueblos. Le da preferencia a la empresa privada sobre los territorios de las
comunidades y territorios indígenas, y viola el derecho a la libre
determinación y autonomía que tienen los pueblos”, dijo en entrevista la abogada Erika
Carbajal Morales, del Consejo Directivo de Tequio Jurídico.
“La minería como proyecto extractivo
no trae ningún beneficio para las comunidades. No podemos hablar de una minería
sustentable cuando trae afectaciones a la salud, al medio ambiente, a la
ruptura del tejido social y la pérdida de la identidad cultural de los
pueblos”, agregó
Carbajal.
Hay 41 proyectos mineros activos en
Oaxaca que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú,
Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones
mineras de 2002 a 2016 que abarcan 462 mil 974 hectáreas de la entidad sureña.
“En los últimos ocho años el gobierno
federal ha estado dando concesiones a las empresas mineras sin el
consentimiento de las comunidades. Se enteran cuando las empresas llegan a
empezar a hacer estudios y las autoridades comunitarias demandan al gobierno que
no las den”, contó
vía telefónica Sofía Robles Hernández, zapoteca del comité directivo de
Servicios del Pueblo Mixe, una de las impulsoras del juicio popular.
Tras el derrame en el Río Coyote, las
comunidades aledañas se pusieron en alerta como el municipio Magdalena Ocotlán.
“Los deshechos de la mina alcanzan los terrenos de cultivo, los ríos”, dijo
Sofía. “Trae más problemas de salud –los casos de cáncer han ido en aumento en
zonas afectadas en el país– y al interior de la comunidad hay división porque
hay una parte en desacuerdo”.
Como en otras partes del país, las
mineras les argumentan que darán desarrollo, pero, dijo Sofía, “las ganancias son para las empresas. Las comunidades no tienen ninguna
ganancia más que las enfermedades, la contaminación de los alrededores e
incluso el ruido de las detonaciones”.
Respecto al gobierno de Oaxaca, acusó
que es quien “le abre las puertas” a las mineras pese al cúmulo de
señalamientos de violaciones a sus derechos. Don David Gold, filial de la
canadiense Gold Corp, es la que más concesiones tiene en la entidad.
“Con toda esta política neoliberal,
el gobierno está en la lógica del desarrollo y generación de ingresos. Esa son
sus maneras de hacerlo: concesionando a las empresas sin tomar en cuenta a
quiénes pertenece el territorio, quienes habitan ahí y qué afectaciones van a
tener”, expuso. “Es preocupante que el propio gobierno esté entregando nuestra riqueza
a empresas extranjeras”.
EL VEREDICTO
DEL JUICIO POPULAR.
El jurado, compuesto por
organizaciones civiles nacionales e internacionales sin poder jurisdiccional,
de manera simbólica y política recomendó en el Juicio popular comunitario
cancelar las concesiones mineras que se hayan otorgado con violación a los derechos
de los pueblos indígenas y campesinos, sin la consulta libre previa e
informada, así como declarar a Oaxaca como un territorio libre de proyectos
mineros, dijo en
entrevista Roberto Stefani, coordinador del proyecto Pueblos indígenas
combatiendo la discriminación de Oxfam México.
Su veredicto también indica a las
autoridades estatales y federales suspender la entrega de títulos mineros hasta
elaborarse un nuevo marco jurídico que respete a los habitantes, y derogar la
actual Ley Minera para aprobar una protectora y tendiente a reparar
integralmente las violaciones ocasionadas que prevea la consulta.
La abogada
Erika Carbajal Morales, del Consejo Directivo de Tequio Jurídico, explicó que el juicio popular comunitario
no tiene trascendencia jurídica, sino política al buscar dar visibilidad a
nivel nacional e internacional las violaciones a los derechos individuales y
colectivos de las comunidades. Las comunidades participantes decidirán si
utilizarán la sentencia como prueba para llevarlo a un proceso judicial. Por el
momento, se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e
instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Roberto
Stefani, coordinador del proyecto Pueblos indígenas combatiendo la
discriminación de Oxfam México, dijo que
por el momento no han recibido ninguna reacción gubernamental del dictamen.
“La finalidad del foro fue tener
información de primera mano para saber qué está pasando en Oaxaca. Había
algunos proyectos que se conocían muy claramente, como el de San José del
Progreso, pero salieron otros de comunidades más remotas”, aseguró.
Sobre el acceso al agua, Stefani de
Oxfam México, expuso que las mineras aún no son sujetas al control de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua). “El agua puede ser usada libremente por
la empresa minera”, dijo. Por el otro lado, “las concesiones limitan el acceso
al agua de las comunidades campesinas e indígenas para uso agrícola”.
En el juicio popular en Oaxaca
estuvieron autoridades y miembros de Cuicateco, Chatino, Chontal, Ikoots, Mixe,
Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de las
regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca.
Con apoyo de
organizaciones o universidades como Oxfam México, Centro Prodh y el Centro de
la Montaña Tlachinollan, presentaron
evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan “con engaños o
condicionamientos, incluyendo la criminalización y la represión”, lo que ha
violentado su derecho a la vida, y a la consulta y consentimiento libre, previo
e informado de las comunidades.
Los proyectos mineros, acusaron los
pobladores en el juicio, debilitan las instancias de organización como las
asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas
defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la
omisión o complicidad del gobierno. Esto ha pisoteado el derecho al territorio
y al acceso preferente a los recursos naturales, al desarrollo propio, a la
identidad cultural y a la información técnica y culturalmente adecuada.
El veredicto del jurado fue, además
de cancelar los proyectos mineros y suspender la otorgación de títulos, la
urgencia de adoptar políticas que garanticen el ejercicio de la libre
determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios,
lagunas, ríos, montañas y mares. Además, exigió
garantizar a quienes defienden los territorios indígenas hacerlo en condiciones
de libertad y seguridad.
Abordaron la
necesidad de frenar la política de criminalización de la protesta social,
castigar a los responsables de asesinatos y la presentación con vida de los
desaparecidos.
Al Senado de la República, se le
pidió ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Los casos
fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa,
Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante
de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu de Colombia; Daniel Cerqueira,
abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido
Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez,
presidente de SERAPAZ; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan.
También lo
integraron Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San
Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la
Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco
experto en derechos indígenas.
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