El juez de Control José Ángel Moreno vinculó a proceso al extitular de la Auditoría Superior del Estado,
Jesús Manuel Esparza Flores, por el presunto desvío de más de dos millones de
pesos.
Con esta nueva
imputación, el exfuncionario estatal suma cuatro causas en su contra.
La tarde de este miércoles fue vinculado a proceso porque en febrero de 2013 habría desviado un
millón 461 mil 600 pesos del erario estatal junto con otras personas de su
misma dependencia.
La presunta red de
corrupción simuló la prestación de servicios profesionales a la empresa
Trasnacionales y Suministros Bermol S.A de C.V.
Asimismo, está acusado
de desviar 870 mil pesos, el 19 de noviembre de 2013, también con la simulación
de contratos por servicio e integración de estrategias para medios digitales y
redes sociales con la misma empresa.
A Esparza Flores
también se le acusa del presunto desvío de 12 millones de pesos a través de la
empresa Hinfra S.A. de C.V., que supuestamente les daría servicios de análisis,
evaluación y asesoría técnica especializada para el monitoreo de la imagen de
la Secretaría de Hacienda de la administración del exgobernador César Duarte
Jáquez.
Según la Fiscalía General del Estado, el pago a la empresa lo finiquitaron con un cheque y un depósito
interbancario, por seis millones de pesos cada uno.
Los 12 millones de
pesos fueron entregados después por la compañía a Jesús Manuel Esparza, a
través de cheques y transferencias bancarias por diferentes cantidades, a
nombre de terceras personas, entre quienes se encuentran la esposa y la hija
del exfuncionario.
Al realizar la
simulación, los exfuncionarios elaboraron un dictamen de excepción a la
licitación pública al otorgar la adjudicación directa a la empresa Infra, cuyo
domicilio fiscal se encuentra en Puebla.
En la denuncia establecen
que el ex auditor trabajaba, durante el sexenio duartista, como operador en la
red de corrupción que tejieron para desviar dinero público y se encargaba de
buscar empresas que se prestaran a expedir facturas por la supuesta prestación
de servicios.
Al perder el PRI las elecciones para la gubernatura del 2016,
los ex funcionarios de esa red de
corrupción idearon la estrategia para justificar los recursos desviados a
través de la simulación de contratos y completaron los expedientes con
documentación creada en 2016, a pesar de que los servicios debieron prestarse
en el 2015, según trascendió en la audiencia.
En la auditoría de
dicho contrato se determinó que esos documentos no tenían relación con el
objeto del contrato que se había firmado con la empresa Infra S.A de C.V.
Además, el ex funcionario
enfrenta otras dos causas por el delito de peculado agravado.
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