Gobernador de Guerrero admite “grandes pendientes” por feminicidios.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, admitió que la entidad ocupa los primeros lugares en feminicidios a nivel nacional y que las ciudades de Acapulco y Chilpancingo están entre las más peligrosas para las mujeres.

“Sin duda es uno de mis grandes pendientes”, dijo el mandatario, que el próximo sábado 27 de octubre cumplirá tres años al frente del Gobierno del Estado.

“En verdad, son de las cosas que uno quisiera que no sucedieran. La Fiscalía, de acuerdo con su capacidad de trabajo, ha tratado de resolver algunos asuntos, ha resuelto otros. Hay pendientes por supuesto”, dijo Astudillo al ser entrevistado en el puerto de Acapulco.

Astudillo Flores, postulado a la gubernatura en 2015 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Ecologista Verde de México (PVEM), dijo tener muy claro el problema y que tiene que seguir trabajando, aunque no especificó si anunciará medidas concretas en el corto plazo.

En las últimas dos semanas, familiares y amigos de cuatro mujeres desaparecidas y seis asesinadas en Acapulco han marchado para exigir justicia y un alto a los niveles de impunidad y violencia.

El lunes 15, Apro dio a conocer que 193 mujeres han sido asesinadas de enero a agosto de este año. De esos casos, 157 fueron catalogados como homicidios dolosos y sólo 36 fueron considerados como feminicidios.

Guerrero ocupa el quinto lugar a nivel nacional en feminicidios y Acapulco y Chilpancingo destacan entre los cinco municipios más peligrosos para las mujeres en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En el mismo lapso, en Chilpancingo y Acapulco se han documentado nueve y ocho feminicidios respectivamente, indica el reporte federal.

En su tercer informe de gobierno, Héctor Astudillo Flores dio a conocer que, como parte de su estrategia para prevenir y erradicar la violencia de género, ha destinado 64.7 millones de pesos a gasto burocrático, pago de conferencias y la creación del Banco Estatal de Datos de Violencia hacia las Mujeres.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene un rezago de más de 45 mil expedientes de denuncias sin resolver y ha recibido 11 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por incurrir en actos de tortura. Además, nombró a un Fiscal anticorrupción, Ignacio Murguía, que no presentó las evaluaciones de control de confianza.

De una plantilla laboral de 4 mil trabajadores en promedio, sólo 942 agentes del ministerio público del fuero común, policías ministeriales y peritos tienen certificación vigente y 165 están en proceso de evaluación, indican datos oficiales del Informe de Gobierno.