El Índice de
Estado de Derecho en México alerta que
el país está reprobado a nivel nacional, con un promedio de 0.39 puntos, en una
escala que oscila entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de
Derecho; y su peor calificación se da en el factor “ausencia de corrupción” que
considera el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes
ejecutivo, legislativo, y judicial locales, así como en el sistema de seguridad
y procuración de justicia. Además, destaca, que todos los estados están muy
lejos de la puntuación perfecta.
Las 5 entidades peores calificadas
por el índice son, en este orden, Guerrero, que es gobernado por el PRI; Baja
California Sur del PAN; Estado de México del PRI; Sonora del PRI, y Puebla del
PAN. Es decir, tres estados con Gobernador priista y dos con mandatario
panista.
Los estados
con mejores puntuaciones son: Yucatán (0.45); Aguascalientes (0.44); Zacatecas
(0.44); y Campeche, Querétaro, Coahuila y Baja California con 0.43 cada uno.
El Índice de Estado de Derecho 2018
fue elaborado por el World Justice Project y se basa en los resultados e
impactos de políticas públicas, por ejemplo, si la delincuencia se controla de
manera efectiva o si las personas tienen acceso a los tribunales.
El
documento, presentado hoy en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de
México, destaca que “ningún estado llega
a una calificación perfecta; de hecho, la puntuación más alta es de 0.45, lo
cual implica que todos los estados tienen retos importantes por delante”.
El Índice mide
en total ocho factores: Límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción;
Gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento
regulatorio; justicia civil, y justicia penal.
A nivel
nacional, México tiene la más alta puntuación
en derechos fundamentales (con un promedio de 0.49). Este factor mide la
ausencia de la discriminación, derecho a la vida y a la seguridad, debido
proceso legal, libertad de expresión, derechos laborales, entre otros. La peor
calificación la tiene en ausencia de corrupción (0.35 promedio nacional), que
mide: ausencia de corrupción en el Ejecutivo, en el judicial, en el legislativo
y en las instituciones de seguridad de seguridad y procuración de justicia.
Guerrero está en el último lugar en
el factor de derechos fundamentales que mide: la protección efectiva de los
derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se
garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho
internacional, no puede ser un Estado de Derecho.
Este rubro mide que se garanticen
efectivamente: trato igualitario; derecho a la vida y a la seguridad; debido
proceso legal de los acusados; derecho a la libertad de opinión y expresión;
derecho a la libertad religiosa; derechos a la libertad de asamblea y derechos
laborales.
La Ciudad de México ocupa el peor
lugar en el rubro de “ausencia de corrupción”, que mide la ausencia de la
corrupción definida como el uso del poder público para obtener un beneficio
privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial locales, así como en
el sistema de seguridad y procuración de justicia. Considera tres formas de
corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de
recursos públicos.
Guerrero también tiene la última
posición en el rubro de orden y seguridad, que mide: si la entidad es efectiva
en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. “La
seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige
por el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado”, detalla el documento.
El factor incluye las percepciones de inseguridad y
el temor a ser víctima, ya que éstas impactan el comportamiento de las personas
y de las empresas. Este factor no incluye delitos como narcotráfico,
delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de
personas, entre otros, ya que no son susceptibles de medirse.
Los sub-factores que se miden son:
ausencia de homicidios; ausencia de crimen y la percepción de seguridad de las
personas.
En el estado sureño también se
encuentra en la última posición del rubro “justicia civil”, que mide “si las
personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus
controversias a través del sistema de justicia civil”.
Para que el acceso a la justicia
civil se garantiza, indica el índice, es necesario que las personas conozcan y
confíen en los mecanismos formales para resolver sus problemas legales; que
exista disponibilidad de asesoría legal adecuada y asequible, y que la justicia
civil no imponga barreras por costos ni por procesos burocráticos.
El Índice
del World Justice Project utilizó información de primera mano para capturar las
voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del
país; así como más 600 variables generadas a partir de las respuestas a una
encuesta aplicada a población general a 25 mil 600 personas, de las respuestas
a encuestas aplicadas a más de mil 500 abogados y expertos en derecho penal,
derecho civil, derecho laboral, y salud pública, y de información generada por
otras instituciones.
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