Los proyectos de energía eólica llegaron a la región del
Istmo de Tehuatepec, Oaxaca, en 1994 por la calidad del aire que es única en el
mundo. Fue hasta 2014, con 21 parques
eólicos en funcionamiento y con una comunidad asediada por el ruido de las
aspas, dividida y en constante confrontación, cuando las autoridades decidieron
preguntarles si estaban a favor o no de los parques eólicos.
Pero la manera en que
el Ayuntamiento de Juchitán, la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca, la
Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Gobernación (Segob) realizaron el
proceso de consulta, no cumplió con los mínimos estándares internacionales, es decir, no fue ni previa, ni libre ni informada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció al respecto en ese entonces: “[un] factor que
dificulta el proceso de consulta es el hecho de que se trata de un proyecto
cuyas características ya están definidas”.
No es posible
contabilizar el número de proyectos de infraestructuras o legislaciones que
afectan a comunidades indígenas u originarias sin haberles consultado. Pero la
cantidad de puntos del país en los que actualmente hay resistencia en contra de
obras evidencia que la fase preliminar en la que esas comunidades deben
participar, o falta o no se está llevando de manera adecuada.
Y no es un problema
que se limite a la administración del presidente Enrique Peña Nieto; es un
problema que también se dio con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
La causa, de acuerdo
con analistas y activistas consultados, no es que en México no se sepa hacer
consultas, sino que es una falta de voluntad política y que la
consulta se considera un mero trámite, para una obra o ley, que ya está más que
aprobada.
El informe “El Derecho a la participación y a la consulta en
el desarrollo. Retos para México”, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, expone que el derecho a
participar es un derecho que está entrelazado con los principios democráticos
fundamentales, por lo que las políticas públicas deben ser elaboradas e
implementadas con base en una amplia participación y consulta de las
poblaciones y actores sociales afectados por proyectos de desarrollo.
El derecho
internacional es la fuente autorizada en esta materia porque tiene establecidos
los derechos y obligaciones que los Estados deben acatar.
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales,
es el que tiene obligatoriedad para los Estados; ahí se reconoce que los pueblos tienen “el derecho de conservar sus
costumbres e instituciones propias” siempre que sean compatible con las leyes y
los derechos humanos; contemplan el derecho de éstos a “decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”, así como a “participar
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo susceptibles de afectarles directamente”.
Los gobiernos quedan
obligados a “establecer los medios a través de los cuales los pueblos […]
pueden participar libremente […] en instituciones electivas y organismos
administrativos […] responsables de políticas y programas que les conciernan”. Además, deben proveer los medios “para el pleno desarrollo de las instituciones
e iniciativas de esos pueblos, y […] proporcionar los recursos necesarios para
este fin”.
Tienen la obligación de
“consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
LAS CONSULTAS EN MÉXICO.
Edmundo del Pozo, Coordinador del Programa Territorios,
Derechos y Desarrollo de Fundar, en México
prevalece la omisión de consultar, “existe en el país un sinnúmero de
proyectos, de concesiones mineras, de licencias que se han otorgado para varios
de estos proyectos donde se ha omitido por completo la obligación de consultar.
Esos fueron los casos de Wirikuta, en San Miguel del Progreso, de la Tribu
Yaqui y la soya transgénica en el pueblo maya”.
Todo eso, agregó, muestra
un patrón de no consultar, y no únicamente en el caso de megaproyectos, ya que
también está estipulado que se deben consultar las leyes vinculadas con los
derechos de los pueblos indígenas si pueden afectarle.
En el sexenio de Peña
Nieto, el caso emblemático es la Reforma Energética, que incluye figuras
legales de ocupación de la tierra y territorio de los pueblos indígenas. Las
medidas legislativas fueron aprobadas de manera acelerada y luego todo el
paquete de leyes secundarias. Eso no se consultó.
En entrevista con SinEmbargo, Fermín Ledesma, investigador
del territorio zoque de Chiapas, señaló
que el Convenio 169 de la OIT es desconocido en las comunidades y que de
repente están frente a una situación en la que tienen que recurrir a organismos
no gubernamentales para que les expliquen en qué consisten esas consultas “que
tienen que ser previas, libres e informadas”.
“El gobierno o el
estado violenta esa legislación internacional y si bien hace una consulta, esta
es a modo, para favorecerse a ellos o al proyecto. Por lo regular las
comunidades tienen mucho desconocimiento sobre estos procedimientos. Sí hay un
aprovechamiento por parte de las autoridades para dejar entrar estos
megaproyectos. En el caso de la lucha de los pueblos zoques, el gobierno
mexicano dijo que estaba llevando a cabo la consulta de acuerdo al Convenio
169, pero la estaba utilizando como un recurso político porque en realidad a
las comunidades llegaban los funcionarios ya con un acta previamente elaborada
y solo se debía someter a la firma de las autoridades tradicionales”, comentó.
Otra vía por la que se
han implementado consultas es a través de sentencias de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), pero el resultado tampoco ha sido del todo
exitoso. Están los casos de pueblo maya y la tribu Yaqui. Sin embargo, las consultas se suspendieron porque las autoridades responsables de
llevarlas a cabo no implementaron adecuadamente los estándares que ordenaba la
SCJN ni los estándares internacionales, según lo relata Del Pozo.
En el caso maya se dio
la orden de que se tenía que suspender la siembra de soya durante la consulta y
se seguía sembrando ilegalmente. Esa fue una de las quejas principales de la
comunidad.
En el caso yaqui se dio
la criminalización de los principales voceros de la tribu que participaban en
el proceso de consulta: Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomas Rojo que tuvo órdenes de
aprensión.
“Son consultas que no
son libres ni previas (porque se incumplen los permisos) y se manipula la
información, no se da de manera completa y se intenta brincar y acelerar las
etapas con el fin de que los proyectos terminen aprobados. Es el caso de Eólica
del Sur que lo va a discutir en los siguientes días la Corte, pero que ya tiene
un recorrido a nivel judicial y señalamientos internacionales, en buena medida
porque los permisos ya estaban otorgados antes de la consultar; se aceleraron
los tiempos de la consulta y las etapas, no se respetaron los usos y las
costumbres y los tiempos de las comunidades”, agregó Del Pozo.
De acuerdo con Ledesma,
en estos casos prevalece el interés del gobierno y del estado mexicano de
imponer o llevar a cabo un proyecto, por lo que buscan implementarlo a como dé
lugar, sin importar que hagan o no una consulta.
“La intención del
estado mexicano en alianza con las empresas es imponer un proyecto que
aparentemente va a traer desarrollo con o sin permiso de las comunidades”, señaló.
La Relatoría de Pueblos
Indígenas puso énfasis en la forma en que el Estado mexicano implementa los
procesos de consulta; sostuvo que viola los principales parámetros porque son
consultas con los permisos otorgados, que no son previas y que se dan en un
entorno de criminalización. Le ordenó al Estado mexicano avanzar en un diálogo
realmente sincero, genuino con los pueblos y las comunidades.
“Hemos observado los
efectos de contraproducentes que resultan si la consulta padece de buena fe o
tiene como efecto u objetivo dividir a las comunidades indígenas o de exacerbar
las divisiones y tensiones internas que ya existen. Es absolutamente necesario
evitar que procesos de consulta, en vez de abrir espacios de diálogo auténtico,
resulten en la fragmentación de las comunidades y en un aumento de conflictos
entre y adentro de las comunidades”, señaló el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos.
“Hay señalamientos
recientes, sistemáticos sobre el incumplimiento de esta obligación del estado
mexicano y la necesidad de avanzar hacia el respeto de los derechos de los
pueblos. Aquí lo que está en juego es más que un procedimiento. Se trata de
respetar a la libre determinación de los pueblos y las comunidades, su derecho
al territorio, a definir sus vías de desarrollo. Esos son los derechos de
fondo. La obligación de consultar es una garantía para que esos derechos
también puedan cumplirse y ser respetados y los pueblos puedan decidir sobre
sus territorios”,
agregó Del Pozo.
México le informó al Comité que en los últimos cinco años realizó 72
consultas de diversos temas; 32 relacionadas con megaproyectos, pero no hay
información sobre la manera en que se han realizado y el resultado de éstas.
ES EL MODELO DE DESARROLLO.
“El problema tiene que
ver con dos cuestiones: una es la voluntad política, de tener un diálogo
sincero con las comunidades, basado en sus derechos y no en donde simplemente
se intente avalar a través de supuesto diálogo, proyectos que ya han sido
decididos en otras instancias, más allá de los territorios de las comunidades”, dijo el investigador de Fundar.
Desde su perspectiva, otro
gran problema tiene que ver con el modelo de desarrollo que se ha implementado
en México en las últimas décadas, que prioriza el interés económico, de las
grandes empresas sobre los derechos de las comunidades.
“La Reforma Energética,
la Ley Minera, la Ley de Aguas, los tratados de libre comercio en su momento,
abrieron un marco más extractivista, más neoliberal y facilitó la entrada a los
territorios. Mostró que esas actividades son preferentes sobre otro uso del
territorio. Se trata del modelo de desarrollo que no está pegado a los derechos
humanos y que prioriza el interés económico, el beneficio económico y no el
bien común y mucho menos el de las comunidades que son afectadas”, concluyó.
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