El Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) ordenó hoy a la
Procuraduría General de la República (PGR) que transparente la investigación
sobre los actos de corrupción en los que incurrió la empresa brasileña
Odebrecht en México.
De manera
inédita, el INAI revirtió la negativa de
la PGR a informar sobre las actuaciones de sus agentes, los avances y el
estatus de la investigación, pues el instituto consideró que se trata de un
tema de “interés público” vinculado con investigaciones en las que “se presumen
delitos que implican actos de corrupción”.
En múltiples ocasiones, la PGR se
negó a proporcionar información sobre el caso Odebrecht, bajo el pretexto de
que se trataba de un expediente abierto. En abril pasado, la institución
incluso rechazó la petición del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que le
exhortaba a revelar detalles sobre el mismo.
Cerca de dos
años después que las justicias de Estados Unidos y Brasil revelaran que
Odebrecht pagó sobornos millonarios en México, y un año después de que el
exprocurador Raúl Cervantes Andrade anunciara que la investigación había
concluido, la PGR sigue sin resolver el caso.
En la
investigación de este caso, altos directivos de Odebrecht reconocieron ante la
justicia de Brasil que pagaron 10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio
Lozoya Austin mientras ése coordinaba los asuntos internacionales de la campaña
presidencial de Peña Nieto y, posteriormente, como director general de Pemex.
Mediante una
serie de testimonios videograbados, afirmaron que realizaron los pagos a través
de cuentas bancarias offshore a cambio de contratos de obra pública, lo que
Lozoya siempre negó.
El pasado 29 de agosto, Héctor Díaz
Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) –que investiga el caso, por el posible uso del dinero de
Odebrecht en la campaña de Peña Nieto–, aseveró que la investigación “sigue su
curso” y que las autoridades seguían “en espera de colaboraciones
internacionales”.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP),
por su parte, presumió que gracias a sus acciones, México resultó el primer
país en inhabilitar a la empresa brasileña, a la que además multó por un total
de mil 86 millones de dólares, lo que representa la sanción más alta de su
historia.
Y es que la
PGR ya se tardó: en febrero de 2017,
Raúl Cervantes Andrade viajó a Brasil, donde tuvo acceso a los detalles del
caso. Al dejar el cargo, el siguiente 17 de octubre, el priista aseguró en su
cuenta de Twitter que habían concluido las investigaciones sobre “uno de los
mayores esquemas de corrupción internacional que se hayan visto en América
Latina y México”.
Su sucesor
al frente de la PGR, el interino Alberto
Elías Beltrán –que es procurador suplente–, anunció el mismo día que las
investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht “están ya concluidas”, que
arrojarán un “resultado contundente” y que se procederá contra los responsables.
En noviembre
siguiente, Lozoya consiguió un amparo
que le permitió conocer el expediente antes de que la dependencia ejerza
cualquier acción legal en su contra.
Y ayer, el
periódico Reforma informó que, en diciembre pasado, Lozoya pidió a la PGR que
cite a comparecer a Miguel Messmacher Linartas, Rafael Murrieta Cummings, Mario
Beauregard Álvarez, Víctor Díaz Solís y José Fortunato Álvarez Enríquez para
que expliquen por qué Odebrecht obtuvo los contratos para la refinería de Tula
sin pasar por un proceso de contratación.
Messmacher –ahora subsecretario de
Hacienda y Crédito Público—, Murrieta, Beauregard, Díaz y Fortunato formaban
parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex
cuando se adjudicaron los contratos a Odebrecht.
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