Al fin, y
tras años de asegurar que su gobierno maneja “finanzas sanas”, el Gobernador de
Baja California, Francisco Vega de
Lamadrid, firmó un documento en el que ordena a sus secretarios y operadores
del presupuesto estatal, reducir sus gastos para hacer frente a un déficit de
miles de millones de pesos.
La administración panista está
obligada por la Ley de Disciplina Financiera (decretada en 2016) a liquidar sus
deudas de corto plazo al menos tres meses antes de concluir su administración.
De no hacerlo, incurriría en una falta que incluso generaría una conducta penal
y se vería obligado, tanto como su secretario de finanzas, a pagar el daño
patrimonial.
Con el
número 0075/234/34, el oficio despachado
de la oficina del Gobernador el 20 de julio, está dirigido a los “titulares de
las dependencias y entidades paraestatales” con el fin de instruirles las
“medidas de ajuste y contención” que deberán aplicar para planear el
presupuesto del año que viene.
Aunque el
asunto de este oficio (arranque proceso de planeación) se gira cada año para
iniciar el proyecto del presupuesto, ninguno ha sido como éste. Primero, porque admite un desequilibrio
financiero y un déficit a liquidar antes de concluir su administración; segundo
porque se ordena reducir por lo menos el 25 por ciento de prepuesto total de
cada secretaría.
Además de ordenar reducir metas y
programas, cancelar el presupuesto para obras, adquisiciones de equipamiento
como vehículos o computadoras, reducir las ayudas sociales, entre otras
partidas; y por último, que por primera vez este oficio no lo firma el
secretario de Planeación y Finanzas, sino el propio Gobernador del Estado.
LA ORDEN DE
“KIKO”: RASURAR PRESUPUESTO.
A pesar de que el oficio es de la
Secretaría de Planeación y Finanzas, el documento firmado por “Kiko” Vega
describe que “este proceso presupuestario” tiene “una mayor trascendencia toda
vez que se trata del último año de gestión estatal, por lo que debemos reflejar
el compromiso de contribuir al equilibrio financiero en este cierre de
administración, por lo que será necesario ajustar a la baja compromisos, metas
y coberturas, atendiendo los techos presupuestales”.
Por ello, todos los titulares de las dependencias y
las paraestatales, “se apegarán sin excepción a las siguientes
consideraciones”.
Primero, “el objetivo del presupuesto para 2019 será
reducir el gasto Público para preferenciar la disminución del déficit
presupuestario y atender los adeudos de corto plazo”. En este inciso, el
Gobernador recuerda que es para atender la Ley de Disciplina Financiera que los
obliga a liquidar su deuda a corto plazo tres meses antes de dejar el cargo
(Artículo 30).
El documento
también refiere el Artículo 6 de la Ley,
que establece que los gastos de los gobernadores “deberán contribuir a un
Balance presupuestario sostenible”, lo cual se logra “cuando al final del
ejercicio fiscal dicho balance sea mayor o igual a cero”. En el caso de Baja
California, según la Auditoría Superior de la Federación, fue menor a 2 mil
millones de pesos en 2017.
En segundo
término, el Gobernador ordena a todos
los titulares proyectar “una reducción general de por lo menos el 25% del
presupuesto cuya fuente de Financiamiento sea Estatal o de Participación
Federales, tomando como base el presupuesto Inicial autorizado en el ejercicio
2017”.
Esto
significaría, considerando que el
Presupuesto de Egresos 2017 de Baja California fue de 44 mil 946 millones 972
mil 237 pesos, que Vega pretende ajustar a las dependencias para pagar sus
deudas de corto plazo por 11 mil 263 millones de pesos.
Es decir, este recorte equivale a tres veces el
presupuesto total de Mexicali en 2018. O bien, si ese “remanente” se canalizara
a la Secretaría de Salud, que tiene uno de los peores resultados a nivel
nacional y sufre de desabasto en hospitales, el Gobierno del Estado podría
crecer ocho veces la totalidad de su presupuesto anual (mil 413 millones de
pesos).
REDUCIR
PROGRAMAS, METAS Y PERSONAL.
Evidentemente, el gobierno reducirá
su presupuesto para 2019, pero también su operatividad y sus servicios, al dejar
de contratar personal pese a tener vacantes, no trabajarán horas extra, no se
hará una sola obra de infraestructura, reducirán las ayudas sociales a personas
y a asociaciones civiles, entre varias medidas más.
En el caso de la plantilla de
personal de las entidades paraestatales, según el oficio, la Secretaría de
Planeación y Finanzas “notificará los lineamientos” para establecer
“invariablemente un ajuste a la baja”.
Por ejemplo,
instruye el Gobernador, “no incremento
en sueldos y salarios, la congelación de contrataciones de plazas vacantes, la
no contratación de nuevas plazas, el no pago de tiempo extra, salvo para las
áreas de atención al público, así como la suspensión de pagos de bonos y
compensaciones”
La partida de Transferencias a
Entidades Paraestatales (41501), se reducirá un 15%, es decir, 2 mil 467 millones 500 mil pesos.
Eso sí, el documento en mención plantea que, pese a
las reducciones, “el presupuesto debe asegurar la atención de compromisos de
carácter estratégico, así como los temas prioritarios en la agenda del C.
Gobernador”.
CERO OBRAS Y
PATRULLAS, PERO SÍ PARA VIAJAR.
En otro punto de las medidas, está el
no presupuestar “para construcción de nueva infraestructura”, solamente para la
conclusión de obras en proceso. En 2017 se presupuestaron mil 233 millones de
pesos para nueva infraestructura.
El “C.
Gobernador” también advierte en su
documento que “… no se autorizarán adquisiciones de equipamiento con recursos
estatales, ya sean propios y/o de participaciones federales”, esto es, no habrá
un solo peso para comprar equipo de cómputo, vehículos o mobiliario para las
dependencias.
De igual
forma, “no se aprobará presupuesto para la
remodelación de oficinas y adquisiciones de equipamiento o mobiliario”.
En 2017, el
gobierno presupuestó 19.5 millones de pesos para Adquisiciones de Equipamiento
y Remodelación de Oficinas. En 2019, la partida será cancelada en su totalidad.
Cosa
curiosa: las adquisiciones de
equipamiento, a la que no se dará un solo centavo, en teoría serían parte del
patrimonio del Estado, contrario a lo que se gasta en comidas, hospedajes y
peajes para facilitar los viajes o trayectos de los funcionarios del Estado.
Pues bien, para estos pagos, sólo se reducirá el 50%: de 81 en 2018, a 40.5
millones de pesos en 2019.
La instrucción del titular del Poder
Ejecutivo del Estado también es reducir a la mitad la partida de Gastos de
Cafetería, que en 2018 fue de casi 2 millones de pesos.
De igual
forma, el Estado pretende reducir a la
mitad la partida de Honorarios Asimilables a Salarios, que en 2017 se fijó en
94 millones 274 mil pesos. El gobierno contará, entonces, con la mitad del
personal contratado bajo este esquema. Los gastos para Reuniones de Trabajo
también serán recortados a la mitad.
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AHORA EN MANOS DEL “GÓBER”
En otro
punto de oficio para “planear el presupuesto de 2019”, el Gobernador instruye que se reducirá un 50% la partida de Servicios
de Difusión Institucional, que en 2017 se proyectó en 94 millones 445 mil
pesos, aunque en el año sufrió ampliaciones.
El detalle es que cada dependencia
contaba con cierto presupuesto para servicios de difusión. En el documento, el
Gobernador justifica que “para llevar un control efectivo para el caso del
Sector Central, esta partida de gasto se presupuestará en el Ramo 03, por lo
que ninguna dependencia podrá presupuestar este rubro”. Es decir, todo el presupuesto será para su oficina (Ramos 03).
En el plan
presupuestal se restringen totalmente
los Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos, al igual que los Servicios
de Consultoría en Tecnología de la Información. En estas dos partidas se
invertían más de 21 millones de pesos.
MENOS APOYOS
SOCIALES.
De acuerdo
al mencionado plan el Gobernador, el
Capítulo de Gasto 4000, que refiere a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas, será disminuido, principalmente en las partidas 44101 (Ayudas
Sociales a Personas, con 212 millones en 2018), también en la de 44103 (Otras
Ayudas, con 30 millones de pesos) y la 44501 (Ayudas Sociales a Organizaciones
No Gubernamentales, presupuestada en 133 millones de pesos para el presente
año).
Según la
instrucción, estos apoyos que no se
entregarán, contribuirán “al logro del equilibrio financiero”.
Vega de la
Madrid resume el impacto de su nuevo
presupuesto al describir que “los puntos anteriores obligarán invariablemente a
realizar ajustes en los Programas presupuestarios: tales como fusión de
programas, reducir el alcance de los bienes y servicios que entregan (metas) o
en caso necesario, poner en pausa programas y proyectos”.
HAY
INCERTIDUMBRE POR AMLO: SECRETARIO
Entrevistado
por Zeta sobre una reducción en el presupuesto del Gobierno estatal para 2019,
Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas, justificó que se proyecta un presupuesto
basado en la austeridad para enfrentar dos situaciones: la incertidumbre ante
el nuevo Gobierno Federal y, precisamente, la obligación de liquidar las deudas
a corto plazo.
Sobre las
condiciones en que el gobierno estatal logrará pagar estos adeudos, el
funcionario estatal expresó: “No hay
números específicos, (pero) tenemos el propósito de enviar un presupuesto
austero con alguna precaución”.
Las medidas de austeridad, argumentó,
se tratan de “una serie de precauciones para alcanzar a dejar en cero el corto
plazo como marca la Ley de Disciplina Financiera, hay que hacer la previsión en
su caso para ir liquidándolos”.
Sin abundar
más en esas medidas, Hernández Díaz refirió
que en una primera instancia y antes de realizar recortes, se requiere conocer
cuál será el presupuesto federal que se apruebe en la Cámara de Diputados,
puesto que a partir de ello se calcula el presupuesto estatal.
“Estamos intentando hacer un
presupuesto austero para 2019 de manera precautoria. El tema es
fundamentalmente el cambio de Gobierno Federal, aún no tenemos noticia del
paquete económico federal, que es la base con la cual iniciamos la
presupuestación local”, manifestó.
De ahí que hablara de un “panorama
incierto” para las finanzas estatales en 2019, el último año de la
administración que encabeza “Kiko” Vega.
Sobre el paquete económico federal a
aprobarse, el secretario comentó: “Tenemos que esperar como cada año, porque
ahí se define una buena parte de lo que sería el presupuesto del Gobierno del
Estado”.
Hernández
Díaz detalló que otros años, el 8 de
septiembre se presenta la propuesta de este paquete económico ante la Cámara de
Diputados y la aprobación se da antes del 15 de noviembre, “pero por el cambio
de gobierno, va a tardar un poco más” y, por ende, también tardará más el
presupuesto estatal. No se refirió a las medidas que circularon en el oficio
firmado por el Gobernador, ni cómo impactará la operación de los programas y
metas de la administración.
CORRUPCIÓN Y
MAL MANEJO, ALERTAN.
El diputado
del Partido Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez Lozano, comentó respecto a la reducción presupuestal
que despierta aún más sospechas respecto al manejo de las finanzas estatales.
“Es una cuestión drástica que deja
dudas, qué bueno que sean austeros, pero ahora resulta que este último año van
a aplicar la austeridad. Definitivamente hace ruido”, opinó.
De igual
manera, señaló que esta administración
se ha distinguido por su separación con la ciudadanía, “hay una obvia
desconfianza por parte de los ciudadanos y grupos organizados, sobre cómo se ha
gastado el dinero este gobierno. Los últimos compromisos que se han llevado a
cabo de las APP (Asociaciones Público-Privadas), las desaladoras, incluido este
último del C5i, simplemente juntos a final de cuentas, crean una gran
desconfianza de irregularidades y la sospecha de casos de corrupción”.
El legislador
local destacó cómo no ha habido un gasto
equilibrando, debido a que “hay muchos compromisos a mediano y largo plazo,
donde habrá hasta tres o cuatro Gobernadores que les va a tocar estos
compromisos. Es algo delicado”.
Por último,
expuso: “Todo ello confirma esa
sensación que tiene la población en todo el Estado, de un gobierno no cercano a
la ciudadanía ni los sectores, y con esta falta de transparencia”.
EL FRACASADO
PLAN DE AUSTERIDAD.
Prácticamente cada año, el Gobierno
del Estado, en voz de la oficial mayor Loreto Quintero, ha presumido un plan de
austeridad aplicado por la administración panista, generando grandes ahorros a
las arcas estatales.
Todavía en
el marco del Quinto Informe de Gobierno, la
funcionaria realizó una gira de medios en la que resaltó los logros de su
mentado plan, el cual ha “eliminado” los excesos en gastos.
Como parte de su “plan”, ha alardeado
la reducción de los salarios de primer en varias ocasiones, empezando por el
Gobernador, y ahorros en teléfonos celulares, vehículos, viáticos, entre otros
que, a decir, de la panista, han sumado 90 millones en “ahorros”.
Frente a las nuevas severas
instrucciones del Gobernador, en las que la administración reducirá
considerablemente su operación para salvar sus finanzas a causa de las deudas,
el cacareado plan de autoridad de Loreto Quintero y las “sanas finanzas”
presumidas por el Gobernador y su gabinete, quedan en el plano del discurso y
la propaganda.
GOBIERNO
MIENTE: JUICIO CONTRA C5i SIGUE
Luego que el Gobierno del Estado
informara por medio de un comunicado de prensa que un Juez de Distrito resolvió
a su favor en la demanda de amparo interpuesta por la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) y los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública
de los cinco municipios y del Estado en contra del C5i, el organismo ciudadano
aclaró que tal información es falsa.
De entrada, el boletín que cita a
Víctor Lujano Sarabia, subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal,
asegura que el juez “negó la suspensión provisional dentro de la demanda”
cuando ni siquiera se ha celebrado audiencia, por lo que no puede existir una
resolución, aclaró
Juan Manuel Hernández Niebla.
El
presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado añadió que
será hasta el 10 de octubre cuando ocurra la audiencia para conocer la
respuesta de las autoridades involucradas.
Asimismo, no sólo no ha sido dictada sentencia
definitiva, sino que el Juez de Amparo aún no ha presentado el estudio de fondo
del amparo obligatorio por Ley.
“Dicho estudio dictaminará si las
actuaciones de las autoridades responsables obedecieron y aplicaron los
principios de legalidad, siendo estas omisiones el fondo del amparo, que aún no
se resuelve”,
subrayó Hernández Niebla.
Hace dos
semanas, los organismos informaron en
conferencia de prensa que como resultado de múltiples irregularidades
detectadas en el proceso de licitación y en el proyecto mismo del Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), se interpondría
un amparo para nulificar este proyecto que endeudará a Baja California durante
diez años, con pagos trimestrales superiores a 17 millones de pesos a la
empresa Seguritech.
En el
boletín reproducido por algunos medios de comunicación, se atribuyen declaraciones de Lujano Sarabia en las que asegura que a
los demandantes no les será concedida la suspensión definitiva “por falta de
interés jurídico y legítimo”.
Los consejos empresariales y de
seguridad ciudadana denunciaron que el proceso de licitación se vio empañado
por opacidad, sobreprecios, procesos amañados y corrupción.
Al respecto,
señalan puntos como la falta de consulta
con organismos ciudadanos, la falta de información sobre el número de cámaras
de vigilancia (y sus precios individuales), entre otros aspectos que restan
legalidad al contrato por 789 millones 280 mil 700 pesos.
“Si es una cuestión complementaria,
si son muchas o poquitas cámaras, el Gobierno del Estado está dispuesto al
diálogo con ellos, yo no veo la necesidad de estar judicializando toda
inquietud social”,
comentó el funcionario estatal a través del comunicado de prensa.
Además de la
demanda de amparo, el presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, presentó una denuncia ante la Secretaría de
la Contraloría del Estado, sustentada -entre otras cuestiones- por la falta de
análisis económico y financiera en la propuesta de Seguritech, empresa que
acumula investigaciones y denuncias en otros estados de la República Mexicana
por la ejecución de otros complejos C5i.
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