La cínica PGR.

Javier Risco.

El 17 de octubre de 2017, el periodista Manuel Espino Bucio, de El Universal, publicaba el titular: “Cervantes renuncia; deja lista la bomba Odebrecht”. Era mentira, aunque no es culpa del reportero, fueron las palabras del exprocurador que hoy suenan a una broma cínica.

“La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”, dijo Cervantes cuando se despidió de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo se atrevió? Con qué cara Cervantes puede seguir una vida normal en la esfera privada y con qué argumentos la PGR puede seguir encargada de la investigación y persecución de los delitos.

Los meses pasaron y ninguna investigación por el caso de corrupción más grande investigado a nivel global tenía alguna repercusión en México. En Brasil, aquellos que habían obtenido contratos millonarios en nuestro país aseguraban haber pagado sobornos aquí y dieron nombres y apellidos, todos los hemos oído, pero nadie está siendo procesado.

No conforme con salir públicamente a mentirnos, la PGR dio otro numerito: hace algunas semanas esta dependencia, que más que procurar justicia se ha encargado de obstruirla, se atrevió a decir que si aún no había un caso sólido en México por los sobornos de Odebrecht, se debía a que la justicia brasileña no les había compartido información.

¿En serio era creíble que la Fiscalía que ha desenmarañado esta trama que viene del caso Lava Jato no le compartiera a México un expediente cuando así lo ha hecho con otros países como Perú, donde cuatro presidentes han sido involucrados? ¿En serio no tendría interés en que se indagara un caso que ellos mismos acercaron al periodismo mexicano, vía reporteros como Raúl Olmos, Daniel Lizárraga, Alejandra Xanic o Ignacio Rodríguez Reyna? ¿Por qué ocultaría esta información tan valiosa la Fiscalía brasileña? Por supuesto que era una falsedad más de esa institución a la que no le queda una pizca de credibilidad.

Ayer nos enteramos por la justicia brasileña que el principal obstáculo para investigar el caso Odebrecht en nuestro país ha sido la propia PGR, nadie más. Así lo publicó la agencia de noticias Associated Press:

“Información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la PGR no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos. El Ministerio Público brasileño explicó en un escrito que rubricar ese documento es obligatorio para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa Fiscalía”.

¿Dónde quedan todas las declaraciones de las autoridades mexicanas en este año sobre supuestos avances en la investigación, sobre retraso en la información de algunas cuentas desde Brasil, sobre la, ahora falsa, investigación a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y uno de los presuntos implicados en los sobornos?

Estos dichos habían sido adelantados hace semanas por el periodista Raúl Olmos, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. En una entrevista realizada al fiscal brasileño Orlando Martello se explicaba que era necesario que México suscribiera este acuerdo que Brasil se vio obligado a firmar con los directivos de Odebrecht, que implicó si beneficios para estos ‘empresarios de la corrupción’, porque fue la única forma de desenmarañar toda la red, de otra forma no se habrían obtenido las pruebas que a nivel mundial tienen a tantos ya en prisión. ¿En qué consiste el acuerdo? Cuestionó Olmos al fiscal:

“Teníamos conocimiento de 5 a 10 por ciento de los hechos ilícitos de la compañía. Para tenerlos 100 por ciento hicimos este acuerdo. No nos agrada hacer acuerdos con Odebrecht. (…). Es un costo muy alto para nosotros, pero lo decidimos porque había muchos políticos involucrados. A partir del momento que colectamos 90 por ciento de las pruebas que no teníamos conocimiento o pruebas, teníamos que proteger a la empresa, porque nos dio esos documentos a cambio de una exención (de penas)”, explicó el brasileño. Otro detalle: el acuerdo también implica que si los acusados mienten, la pena es la prisión. En ese entendido, ¿por qué quienes acusan a Emilio Lozoya mentirían? No tendría sentido.

Y Odebrecht no es sólo el exdirector de Pemex, la red comenzó en México con el presidente Vicente Fox y con gobernadores de ese momento, cuyos tentáculos hoy tocan peligrosamente ‘la cuarta transformación’, pasando también por Javier Duarte, quien jamás ha sido indagado por sus nexos con la constructora brasileña.

Así que es verdad: otra vez la PGR nos ve la cara de idiotas.