En 2017, los gobiernos
de Campeche, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Veracruz fueron los que más
excedieron su presupuesto en el rubro “no prioritario” de comunicación social.
En cambio, su
excedente presupuestario en materia de asuntos de seguridad pública fue mínimo
aún y cuando más de la mitad de sus respectivas poblaciones consideró a la
inseguridad como el principal problema estatal, según los últimos resultados de
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(Inegi).
La administración de
Puebla fue la que más sobre-ejercicio de recursos presentó. El año pasado, su
gasto devengado (o ejercido) en comunicación social –que comprende las
asignaciones para gastos de difusión, mercadotecnia y publicidad comerciales y
oficiales– fue 288 veces mayor que el presupuesto aprobado para el periodo,
refieren datos de la Cuenta Pública 2017, analizados por el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO).
Hidalgo, por su parte,
fue la segunda entidad federativa que más excedió su gasto en comunicación
social (cinco veces más de lo aprobado), seguida de Campeche y Veracruz (cuatro
veces cada una) y Tabasco y Guerrero (tres veces cada uno).
En términos monetarios,
el estado con mayor excedente fue Campeche, con una erogación de 466.2 millones
de pesos que equivalen al presupuesto anunciado (500 mdp) en enero de este año
por el Gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, para modernizar el parque
vehicular y eficientar el transporte público.
De manera conjunta, los
seis estados gastaron 1 mil 277.7 pesos en comunicación social, lo que en
estricto sentido implicaría una violación a las disposiciones del Artículo 134
constitucional que establecen que, los recursos de que dispongan los diferentes
entes públicos de México deberán ser administrados con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez.
El gasto en
comunicación social en México “se ha vuelto excesivamente discrecional” y
“fácil de justificar” porque no hay criterios claros para asignar recursos en
la materia, dijo a
SinEmbargo Enrique Toussaint, analista político de la Universidad de
Guadalajara (U de G).
Las leyes a nivel
federal y estatal “acotan el margen que tienen los Gobernadores para gastar en
comunicación social. Pero al final, hay vacíos y excepciones [legales] que son
utilizados de forma discrecional”.
El problema, explicó
Toussaint, es que la comunicación social, en lugar de ser una forma de relación
entre la autoridad y el ciudadano en términos de información, se convierte en
un gasto “para comprar medios y coartar la libertad de expresión, y por lo
tanto, a la crítica”.
Los excesos en materia
de comunicación social, no obstante, han sido parte de la creatividad contable
de estas entidades federativas, al menos desde 2015.
Entre ese año y 2017, Campeche
devengó 988.2 millones de pesos sin justificación real. Guerrero, 757 millones.
Tabasco, 600. Veracruz, 400. Hidalgo, 311.2. Y Puebla, 168 millones
adicionales.
En conjunto, el sobre-ejercicio
de recursos de estos seis estados (en tres años) fue de 3.2 mil millones de
pesos. Esta cantidad es la mitad del excedente del gasto en comunicación social
del Gobierno federal en 2017 (6 mmdp); o bien, equivalente a la mitad del monto
destinado para reconstruir la Ciudad de México tras los sismos del 19 de
septiembre del año pasado.
Mientras que entre 2015 y 2017, en promedio, el 76.5 por ciento del gasto total en comunicación social
de los estados no fue aprobado por los congresos locales, el gasto adicional
estatal en materia de “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”
promedió un 6.2 por ciento (que tratándose de recursos destinados a reforzar el
desempeño de un programa gubernamental prioritario, estaría justificado por
Ley).
El año pasado a nivel federal, salvo por Tlaxcala (-50 por
ciento), Aguascalientes (-32), Chihuahua (-33), Yucatán (-13), San Luis Potosí
(-9) y Querétaro (-4), los estados de la República mexicana excedieron su gasto
en comunicación social.
Durango gastó 218 por
ciento más de lo aprobado. Le siguieron Coahuila (170), Chiapas (158),
Tamaulipas (155), Nayarit (150), Quintana Roo (129), Guanajuato (124), Sonora
(112), Baja California Sur (78), Morelos (77), Michoacán (72), Ciudad de México
(48), Zacatecas (40), Estado de México (25), Nuevo León (12), Oaxaca (9),
Colima y Jalisco (3, cada uno), además de Baja California (2).
Según el Artículo 59,
base II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las
entidades podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el
Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con
la autorización previa de la Secretaría de finanzas o su equivalente.
Además, los artículos
2, 5 y 58 refieren que las adecuaciones presupuestarias “se realizarán siempre
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas” a cargo
de las dependencias y entidades, “siempre y cuando no rebasen el techo global
de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos”.
Pero en México, la
falta de contrapesos a los poderes ejecutivos estatales, de sanciones adecuadas
ante el incumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad
gubernamental, de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones
presupuestarias, así como la carencia de rigor en las evaluaciones oficiales,
han creado –según el IMCO– amplios márgenes de discrecionalidad y abuso en las
administraciones estatales.
“Aquí en México algo
sucede –a diferencia de otros países– que siempre se aprueba el Presupuesto de
Egresos con una hipermayoría [en el Congreso de la Unión]. Hay una falta
gravísima de contrapesos porque lo que hacen es reservar una partida clara y
puntual para empezar a repartir billetazos entre los diputados” para proyectos
individuales, señaló
Toussaint.
REDUCEN GASTO EN SEGURIDAD.
Los excesos en los
gastos de los estados reflejan “una mala planeación” presupuestaria que deriva
en más contratación de deuda pública y en gastos “innecesarios” en partidas “no
prioritarias” (como suministro de materiales, gasolina, sueldos y honorarios, ceremonias
oficiales, viáticos y publicidad oficial) que terminan siendo inconsistentes
con ciertas prioridades gubernamentales como lo son la seguridad pública y la
austeridad presupuestaria, según el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018 del
IMCO.
Puebla, por ejemplo,
excedió su presupuesto en comunicación social de 2015 a 2017. Primero gastó
nueve veces más de lo que debía. Luego excedió 87 veces el presupuesto aprobado
en 2016. Y un año después, gastó 288 veces más de lo permitido.
En ese mismo periodo,
el Gobierno estatal presentó un sobre-ejercicio en el rubro de “Asuntos de
Orden Público y de Seguridad Interior”. En 2015 fue de 30 por ciento adicional
(equivalente a 658 mdp más); en 2016 de 15 por ciento (350 mdp) y en 2017, 1.1
por ciento (27.2 mdp).
Mientras que el 58.1
por ciento de los poblanos mayores de 18 años reconocieron en 2017 que la
inseguridad era el problema más grave de la entidad, según los resultados de la
ENVIPE 2017, el Gobierno dio más prioridad al gasto en comunicación social
(cuyo sobre-ejercicio fue de 90.7 mdp o 28 mil 768.1 por ciento más de lo
aprobado).
“La seguridad es una
prioridad en el discurso, pero rara vez en los hechos. Por ejemplo, Jalisco
tiene un presupuesto de 110 mil millones de pesos y gasta 6 mil [el cinco por
ciento] en la Fiscalía. Esto en un estado en que tenemos una espiral de
violencia y donde son asesinadas 1 mil 600 personas al año”, dijo Enrique Toussaint de la U de G.
“Lo que te ilustra esto
es que a los gobiernos les importa más la imagen que los hechos. Es decir, les
interesa más tener la posibilidad de comunicar para mandar su mensaje como
ellos quieren, que en realidad cambiar las cosas desde la práctica. Si no,
veríamos que los sobre-ejercicios se dan en las partes prioritarias: seguridad,
empleo, servicios públicos… y no en gastos de comunicación –o más bien de
publicidad– que claramente son superfluos”, abundó.
No obstante, a pesar de la asimetría sistemática entre el
gasto no prioritario y el gasto prioritario en 2017, en Puebla los índices de
violencia de alto impacto fueron a la baja, de acuerdo con las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre 2016 y 2017, los delitos “contra la vida y la
integridad corporal” (homicidios, lesiones y feminicidios), “contra la libertad
personal” (secuestro, tráfico y rapto) y “contra la libertad y la seguridad
sexual” (abuso, acoso, violación) fueron en decremento en Puebla en 35, 12.5 y
5.3 por ciento, respectivamente.
En el resto de los
estados también hubo disparidades presupuestarias. Entre 2015 y 2017, Veracruz
gastó, en promedio, seis veces más de lo que debía en comunicación social y
13.3 por ciento más en “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”.
Guerrero gastó cinco
veces más en el primer rubro y apenas 4.4 por ciento más en el segundo.
Hidalgo, Campeche y Tabasco gastaron tres veces más en comunicación social y
-9.1 (que se traduce como subejercicio), 16.1 y 4.5, cada uno, en asuntos de
seguridad interior.
Durante el trienio, sólo Guerrero –además de Puebla– tuvo
resultados en materia de seguridad pública. Allí, los delitos contra la
libertad y aquellos sexuales fueron a la baja en 11.2 y 15 por ciento. En el
caso de los crímenes contra la vida y la integridad, la entidad registró un
incremento de 0.3 por ciento.
En cambio, en Campeche, Hidalgo, Tabasco y Veracruz la
violencia no dio tregua.
Los crímenes
relacionados con el homicidio y las lesiones físicas escalaron en cuatro, 58.7,
7.9 y 25.5 por ciento, en cada estado. Aquellos ligados al secuestro tuvieron
variaciones de -7.7, 121.9, 53.4 y 65.2 por ciento. Y los delitos sexuales se
incrementaron en 119.6, 53.7, 83.7 y 85.3 por ciento, respectivamente.
La falta de observancia
y mesura en los presupuestos implica un problema de prioridades y de falta de
contrapesos democráticos, recalcó Toussaint. Para el analista político, “tenemos presupuestos destrozados y sin controles”.
Por ello dijo que, más
allá de lo que puedan hacer las autoridades mexicanas, “quien debería de jugar
un papel clave son los medios de comunicación, fiscalizando lo que hacen los
políticos con ese dinero; y segundo, la oposición. Si tuviéramos una democracia
de calidad, en México sería muy difícil que un gobierno que ha gastado como el
de Enrique Peña Nieto pudiera aprobar el presupuesto” sin oposición real.
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