María Álvarez-Buylla, de Conacyt, bajo acoso.

Ernesto Villanueva.

Una de las características de la posverdad requiere mezclar dos tantos de mentiras y uno de verdad y presentarla como información noticiosa, confiable. Eso le ha pasado a la Dra. María Álvarez-Buylla, directora designada del Concacyt, a quien los detractores del presidente electo se le han ido a la yugular desde ayer por el “pecado” de asegurar el buen uso de los recursos del Conacyt para el 2019 y tener márgenes de maniobra para operar la institución emblemática de la ciencia y la tecnología del Estado mexicano.

Primero. Políticos contrarios a Morena y sus seguidores descalificaron a Álvarez-Buylla por “querer dar órdenes desde ahora” en el Conacyt. Eso es una falsedad. Es absurdo la propia especie. Lo que hizo la directora designada fue solicitar que no se comprometieran recursos económicos correspondientes al 2019. Nunca fue una orden porque carece de atribuciones legales para ello. Fue una solicitud la cual está amparada en el derecho de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que, dicho sea de paso, es una prerrogativa de todo ser humano.

Segundo. Se ha dicho perversamente que Álvarez-Buylla buscaba “afectar a la comunidad de Conacyt”. De nuevo otra falsedad, pues ella viene y conoce perfectamente esa comunidad y no iría en contra de los propios intereses de sus colegas. No hay verosimilitud en esa especie. Cabe reiterar que no hubo intención alguna de la directora designada de afectar proyectos plurianuales en curso, sino aquellas convocatorias, licitaciones, asignaciones directas e invitaciones a terceros que la dejaran con una camisa de fuerza presupuestal, sin margen de maniobra para cumplir el programa de ciencia y tecnología del gobierno electo, lo que me parece muy responsable que esté al pendiente de la presupuestación de recursos destinados al Conacyt.

Tercero.  El documento con la solicitud de Álvarez-Buylla fue filtrado por el propio Conacyt, lo que actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, de entrada, es una conducta sancionable de acuerdo a la ley.

Esa filtración fue hecha para exhibir a Álvarez-Buylla como “enemiga” de la comunidad científica y tecnológica. Es casi imposible que el actual director Enrique Cabrero identifique al responsable si él estuvo detrás de esa celada que pudo haberse visto en alguna dependencia política, pero llama a sorpresa que sea en el Conacyt.

Cuarto. Dice el adagio que de donde menos se espera salta la liebre. Qué necesidad tiene Enrique Cabrero y su equipo de iniciar una ofensiva contra su sucesora y romper de tajo el proceso de transición que había ido transitando en los mejores términos. Peor todavía, acompañó esa filtración con una campaña de medios contra Álvarez-Buylla, para que no quedara duda del propósito buscado. Es, pues, la razón de la sinrazón.