Salvador
Camarena.
El 4 de
octubre de 2018 puede ser marcado en el calendario como la fecha en que Morena
comenzó una embestida en contra del Poder Judicial.
Ese día, el
líder de la bancada mayoritaria del Senado, Ricardo Monreal, utilizó la tribuna
de esa cámara para urgir a sus compañeros a que legislen de manera expedita
para imponer al Poder Judicial una manera de relocalizar a sus tres mil 400
jueces y magistrados.
“Lo que
planteamos en el grupo es que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial
Federal para que ningún juez, para que ningún magistrado de circuito dure más
de seis años en esa adscripción geográfica”, dijo Monreal, quien argumentó que
el hecho de que hoy los jueces y magistrados duren “10, 15, 20, 30 años en un
lugar” da pie a problemas de corrupción y nepotismo en los juzgados.
“Llegó la
hora de tener que emplearnos a fondo el Poder Legislativo para darle una
sacudida al Poder Judicial. Sí es necesario, sí es conveniente”, agregó.
A diferencia
de lo que había venido ocurriendo en los últimos años, esta iniciativa para
reformar procesos internos de otro poder no fue consensuada o cabildeada por
los legisladores con los ministros de la Corte o consejeros de la Judicatura,
abriendo la puerta a la pregunta de si no estamos ante algo que claramente
violenta la independencia del Poder Judicial.
Pero Monreal
adelantó en esa sesión que tal será la tónica de los nuevos tiempos: “Hay un
nuevo régimen, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una situación
inédita en el país, y llegó la hora de que el Poder Legislativo, en un
auténtico contrapeso y equilibrio de poderes, revisen (sic) al Poder Judicial.
Es nuestra facultad, es nuestra función, no se intenta confrontar con el Poder
Judicial, de ninguna manera; lo que queremos es intentar por la vía legislativa
recomponer algunos de los instrumentos que creemos en este momento ya no son
adecuados y no son pertinentes continuar”.
Monreal
alega que si se revisa “el derecho comparado de otros países del mundo”, se
verá que la “rotación es algo natural para no generar intereses o influencias
indebidas en jueces y magistrados”; sin embargo, otros especialistas
consultados señalan lo contrario: que la tendencia internacional, dictada
incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que dentro de las
cosas que caracterizan a la independencia de los jueces y magistrados está la
permanencia en la adscripción misma.
Además, la
iniciativa de Monreal podría acarrear consecuencias desastrosas en la
impartición de justicia, al forzar a mover de una localidad a jueces o
magistrados que por su especialización (por ejemplo en temas administrativos)
tenga sentido que permanezcan en ciudades como la capital y no que terminen en
entidades donde no se les requieren en tal volumen.
Encima, sin
aportar más elementos, en la iniciativa de Monreal se establece que el gobierno
del Poder Judicial es deficiente: “Cuando una Judicatura no funciona, o
funciona mal, el Estado de derecho, en su conjunto, deja de funcionar, pues al
no haber certeza sobre la aplicación de las normas, los derechos quedan
desprotegidos y el poder no encuentra límites”.
El cambio
legal impactaría no sólo a jueces y magistrados, sino a sus colaboradores
directos. Así como Morena quiso (¿o quiere?) cambiar de sede a las dependencias
federales, también pretende sacudir geográficamente al Poder Judicial sin
reparar en lo que implica.
La duda que
resta es si Andrés Manuel López Obrador ha decidido llevar al máximo esta
confrontación con el Poder Judicial o si estamos ante uno más de los “prontos”
que se dan en nuestras cámaras, donde los integrantes de Morena compiten por
hacer los anuncios más osados, así sean los más inopinados.
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