Morena presentó una iniciativa de reformas que
plantea el decomiso y extinción de dominio de los bienes de funcionarios y
exfuncionarios públicos que los hayan obtenido por acciones que involucren
corrupción y tráfico de influencias, entre otros medios.
En la
iniciativa de reforma al artículo 22 constitucional, presentada por el senador
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, se expone
que además de corrupción, la extinción de dominio aplicaría también en los
casos abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de
influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por
servidores públicos contra la administración de justicia.
Asimismo, incluye que la extinción de dominio se
aplique a los bienes que estén en propiedad de prestanombres o testaferros de
los funcionarios o exfuncionarios públicos.
De acuerdo
con la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, la extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén
intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para
estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito.
Con ello se propone ampliar de seis a
siete el catálogo de delitos sobre los cuales procede actualmente la extinción
de dominio, como son delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo
de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.
El
legislador argumentó en su iniciativa
que delitos como el de la corrupción han aumentado su incidencia y estrategias
de operación, de tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones
judiciales que signifiquen un verdadero castigo para quienes los cometen y que
se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado mexicano.
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