Para proteger a la infancia, la juez
cuarto de distrito en Yucatán, Miriam de Jesús Cámara Patrón, ordenó la
suspensión de las operaciones de una mega granja de 49 mil cerdos en el área de
cenotes de Homún, en Yucatán, la cual, de acuerdo con denuncias de pobladores,
inició actividades en días pasados, aunque sus permisos de operación están
impugnados ante el Poder Judicial de la Federación.
La juez admitió el amparo interpuesto, el pasado 28
de septiembre, por abogadas de la organización Equipo Indignación,
representantes legales de seis niños, niñas y adolescentes de esa comunidad
maya.
El recurso legal se presentó por los
permisos que otorgaron los anteriores titulares del gobierno del estado de
Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el presidente
municipal de Homún, quienes avalaron el funcionamiento de la granja.
Lo que se reclama son violaciones a
los derechos al agua, a un medioambiente sano, al principio precautorio, así
como afectaciones al derecho humano al desarrollo, todo ligado a la obligación
que tienen las autoridades de hacer efectivo el derecho del interés superior de
la infancia y adolescencia, contenidos tanto en la Constitución como en
diversos tratados internacionales.
“La operación de la granja porcícola
afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a
un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”,
reconoció como posibilidad y riesgo la juez Cuarto de Distrito del Décimo
Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, en sus argumentos para
admitir el amparo, por lo que ordenó la suspensión, dictada de manera
provisional como medida cautelar.
A criterio de la juez federal, de la
demanda de amparo, así como de los elementos aportados se desprenden datos
estadísticos que generan una presunción de que la granja en cuestión podría
poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región, pues es sabido que
establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental, tanto, que
existen diversos ordenamientos diseñados para que esto no alcance proporciones
catastróficas para los habitantes de alguna región en particular.
Finalmente, la juez consideró que “existe un interés en
la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación,
saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una
vida digna, en particular sus pobladores menores de edad”.
La suspensión otorgada por dicha
juzgadora obliga a la empresa propietaria de la granja, Producción Alimentaria
Porcícola (PAPO), a detener toda acción que implique su puesta en marcha y/o funcionamiento,
y a las autoridades estatales y
municipales, en especial al gobernador del estado, a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y al presidente municipal de Homún, a
implementar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar que la
suspensión sea efectiva.
Apenas el
viernes 21 de septiembre pasado, pobladores
del municipio de Homún, clausuraron de forma simbólica la granja de 49 mil
cerdos, pues sostienen que su instalación se hizo sin consultar al cabildo del
municipio y contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto,
elaborada por una cirujana dentista y autorizada por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (Seduma).
De acuerdo
con un estudio técnico pedido por los pobladores, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto “no tiene sustento
bibliográfico ni científico” y la granja porcícola tiene el potencial de
contaminar las fuentes de agua de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo
de Cenotes.
Será el próximo 9 de octubre cuando
se realice la audiencia para definir si la suspensión se vuelve definitiva, en
tanto se resuelve el amparo presentado por el riesgo que enfrenta la infancia
de Homún.
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