Nueva elección en Chiapas.

Georgina Morett.

Finalmente, en una causa específica en el Senado de la República, se impuso la visión de género y se logró dejar sin fuero a Noé Castañón, senador electo del PRI en Chiapas, quien es acusado de violencia familiar por su exesposa, Mayte López González.

Hasta aquí todo va muy bien. Los senadores y sobre todo las senadoras se unieron a esta causa; sin embargo, la parálisis en la que ha caído el Poder Legislativo es notoria hasta en este caso, ya que transcurrieron las 10 sesiones reglamentarias y hasta el momento no se ha declarado el vacío de ese escaño y convocado a elecciones extraordinarias como lo dictan las leyes.

Al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, le corresponde dar seguimiento a este asunto, ya que de lo contrario podría haber intereses que quisieran dejar este impasse para evitar una nueva elección, o bien para apoyar a Noé Castañón y finalmente darle el escaño con los costos que tendría para el juicio familiar en el que está involucrado.

Esperamos que esta espera no tenga otros significados y que los legisladores, encargados de hacer las leyes, den el ejemplo y las cumplan.

Necesitan dinero.

Los programas sociales que propone el nuevo gobierno requieren de recursos económicos y es por ello que, en cada reunión con las dependencias de gobierno, uno de los temas a tratar es dónde se pueden hacer recortes.

Ya se planteó la disminución de salarios, de plazas de confianza y la compactación de subsecretarías, pero, en definitiva, los recursos son insuficientes, sobre todo si no se plantea un incremento en los impuestos.

Es por ello que quien fuera el ‘secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo’, Mario di Costanzo, propone el incremento de los ingresos públicos por medio de revisión y derogar algunos regímenes fiscales especiales.

Hasta ahora, las propuestas del futuro gobierno no habían golpeado directamente a las grandes empresas, pero de acuerdo con esta propuesta del presidente de Condusef, Mario di Costanzo, podrían pagar 81 mil millones de pesos más, si se revisan los siguientes tratamientos fiscales especiales: la consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos, la utilización de precios de transferencia con sus filiales en el extranjero, los pagos de tecnología y pagos de patentes o derechos de autor a empresas que estos mismos grupos establecen en países de baja tributación.

Y en su propuesta se refiere a empresas como Cemex, América Móvil, GMéxico, Kimberly Clark, Femsa, Bimbo, Grupo Carso, Maseca y Walmart.

Esta propuesta se ha planteado durante años en el Congreso, y quizá la principal razón por la que nunca se ha consolidado en una ley, es porque hasta ahora no ha habido partido político que esté dispuesto a enfrentarse a las grandes empresas.

En la propuesta de un país con menos contrastes, un pago de impuestos más equitativo podría ser la solución, ya que las deducciones disminuyen drásticamente para quienes menos dinero perciben.

Habrá que ver si este nuevo gobierno que busca acabar con la desigualdad se atreve a cambiar las leyes para que los empresarios paguen los impuestos que les corresponden.