Una patrulla municipal
de Guadalupe, Zacatecas, fungió el domingo como camión de basura para el
Alcalde Julio César Chávez Padilla y su equipo, quienes recogieron con campana
y guantes las bolsas o cajas con deshechos de las colonias. También usaron
otros vehículos y contaron con el apoyo de los vecinos. Además de la falta del
servicio de recolección, los camiones de basura no funcionan, y falta
iluminación en algunas calles.
Aunque las finanzas públicas a nivel nacional no están en
bancarrota, algunos de los 2 mil 458
municipios como Guadalupe, Hermosillo, Acapulco, San Andrés Tuxtla en Veracruz
e incluso el estado de Michoacán, no tienen los recursos suficientes para
cubrir sus gastos básicos considerando sus ingresos, nivel de deuda y la tasa
de interés heredadas, alertaron los nuevos presidentes municipales. Esta
situación financiera, sobre todo en el centro y sur del país, los limita de
inversión o programas sociales, dijeron analistas.
El Alcalde de Guadalupe, emanado de Morena, pidió a las autoridades estatales y
federales que los rescaten. “Esta situación se debe a que dejaron en bancarrota
el municipio de Guadalupe, que no se ha podido pagar la nómina de los
trabajadores [unos 450 del Servicio de Limpia que están en paro técnico desde
el sábado]”, explicó en un video. “Guadalupe también es México”.
La pasada gestión fue
del priista Enrique Guadalupe Flores Mendoza, quien les heredó una deuda de más
de 800 millones de pesos frente a un presupuesto anual de 450 millones de
pesos, detalló en entrevista telefónica.
Aunque reciben del fondo
de participaciones federales 14.5 millones de pesos mensuales, les restan 8.3
millones por cuotas y recursos para deuda. Eso, junto con
el aumento de nómina gubernamental, los tiene con un déficit de 203 millones de
pesos para concluir el año. Ante ello, personalmente recorrió en carro más de 7 horas rumbo a la Ciudad de México para
pedirle a la Comisión de Presupuesto del Congreso 200 millones de pesos del
ramo 23 para estabilizar al municipio, así como castigo al responsable.
“Recibimos un municipio
en ceros. Por supuesto que está en bancarrota”, aseguró el Alcalde Julio César
Chávez. “Técnicamente estamos en la quiebra y necesitamos un rescate
financiero. Se actuó de manera irresponsable”.
Hace unos días, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró que recibirá un país en
“bancarrota”. La iniciativa privada y especialistas respondieron que el
concepto no es exacto, ya que la nación no tiene compromisos financieros
pendientes y los ingresos públicos federales han aumentado. Pero desde las
localidades es diferente.
Para el Alcalde de Morena en Guadalupe, el caos fue una “mala intención y perversidad de haber dejado a
propósito lo peor posibles la administración”. Dijo que “es triste ver que
Javier Duarte se replica por todos los municipios del país. Y qué triste ver
que no se haga justicia con ese tipo de personajes”.
Enrique Flores, el ex
Presidente Municipal priista, tiene una casa de 45 millones de pesos en la
mejor zona de Guadalupe. “Ningún habitante de Guadalupe sueña con tener una
vivienda así”, acusó su sucesor.
Aunque ahora sospechan
de dónde la obtuvo y buscan una denuncia penal, “si va a pasar lo que pasó con
Javier Duarte, que le dan una palmadita, unos añitos y multita, y que no
regrese el dinero, pues será muy lamentable”, opinó.
Al llegar al gobierno municipal, el Alcalde y su equipo se encontraron con gastos injustificables en
época de campaña relacionados con gasolina o entregas de calentadores, y
también detectaron el incremento de nómina –hasta de 36 por ciento– en los
últimos meses que la ley local no permite, contó.
“Esto asfixió al
municipio además de gastos injustificados. Se supone que debíamos encontrar en la
caja 83 millones de pesos. Estaban en las cuentas, pero ya comprometidos”, dijo Chávez Padilla.
Tras este aumento de
nómina, a los trabajadores de la administración pública deben pagarles más de
11 millones de pesos por quincena, más aguinaldo, prima vacacional y
prestaciones, esto es, 103 millones de pesos solo de compromiso por nóminas
para los tres próximos meses de cierre de año, una cuarta parte del presupuesto
total. Los empleados del Servicio de Limpia que levantaron un paro ya
recibieron su transferencia el lunes por parte de la Secretaría de Finanzas.
Pero la fila de deudas
es mayor. Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el Gobierno de
Guadalupe le debe más de 60 millones de pesos; a Hacienda –de Impuesto Sobre la
Renta– más de 40 millones de pesos; a la Universidad Autónoma de Zacatecas más
de 4 millones de pesos; y de gasolina más de 25 millones de pesos.
SIN GASOLINA PARA PATRULLAS.
El fenómeno se repite en otras regiones de México. Al norte,
a inicios de agosto la Alcaldesa Célida
López Cárdenas advirtió que Hermosillo, Sonora, enfrenta una deuda de MIL 800
millones de pesos, y además se les debe 500 millones a proveedores, por lo que
“es complejo el ejercicio fiscal 2018”. Hay un déficit de 800 millones de
pesos.
La política de Morena tomó protesta el 16 de septiembre. Los primeros días no pudieron abastecer de
gasolina a sus patrullas pese al fenómeno de inseguridad, y se atrasó el
arreglo de calles por baches.
“Es una administración
[del panista Manuel Acosta Gutiérrez] que nos entrega una ciudad en bancarrota
y tiene el futuro comprometido por muchísimas generaciones”, declaró a la prensa local. “Sabemos que en los últimos días ni para la
gasolina de las patrullas se tiene. Se ha tenido que pedir vales de gasolina;
ya muchas gasolineras ya no están surtiendo el servicio”, aseveró hace un
mes cuando aún era Edil electa.
El día de su toma de protesta, anunció que eliminarán direcciones y desaparecerán muchas funciones que
tiene el Ayuntamiento que “lamentablemente no se pueden financiar […].
Necesitamos entender que esta situación económica nos obliga a volver a lo
básico, a lo que realmente no podemos evadir que es seguridad y servicios
públicos”.
Este octubre, dijo que
para iniciar un programa de bacheo se requiere una cantidad importante de
material asfáltico para fabricar la emulsión. “Sabemos de la urgencia. Sin
embargo tenemos apenas quince días y
primero había que atender lo urgente que era gasolina para las patrullas”.
El lunes arrancó. Para
el mantenimiento de las principales vialidades de la ciudad se invertirán 75
mil pesos diarios. “No es fácil encontrar empresas que te puedan proporcionar
el material cuando no se tiene la capacidad de pago para hacer el compromiso
para este año debido a que, lamentablemente, es complejo el ejercicio fiscal
2018”, expresó. Han solicitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) donaciones de material
asfáltico.
En sus redes sociales la Alcaldesa también ha alertado sobre la inseguridad en Hermosillo, y el consumo de
cristal de los adolescentes. “El índice de adolescentes que hoy están
consumiendo ‘cristal’ es impresionante, y desgraciadamente el deterioro
neurológico que se vive es irreversible”, aseveró.
ADEUDOS A LA CFE EN ACAPULCO.
El sureño Acapulco,
Guerrero, “se encuentra en un estado de emergencia, tal vez como nunca antes”,
aseguró el lunes en su toma de protesta la Alcaldesa Adela Román Ocampo de
Morena. Además de los índices de violencia, señaló “el dispendio y la
suntuosidad” como los vicios que han “afectado gravemente” a la administración
pública.
Durante el debate en el periodo electoral, los candidatos a
la Alcaldía, incluyendo Román Ocampo, coincidieron
en que Acapulco “está en quiebra” por los altos adeudos a proveedores como la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que es necesaria tanto una
fuerte inversión por parte del gobierno federal como un recorte a la nómina del
gobierno municipal donde hay más administrativos que operativos.
En Acapulco, dijeron,
los servicios públicos son deficientes, principalmente la recolección de
basura, alumbrado y agua potable.
DÉFICIT EN VERACRUZ.
En Veracruz, el saqueo de su ex Gobernador Javier Duarte de
Ochoa se refleja también a nivel municipal.
Octavio Pérez Garay, Edil de San Andrés Tuxtla desde enero, tuvo que realizar
ajustes salariales y despedir personal, así como lanzar un Programa Temporal de
Emergencia Administrativa.
Encontraron un déficit
de 1.8 millones de pesos, 40 aviadores y adeudos con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y
el Instituto de Pensiones del Estado. Además, de nómina debían pagar 2 millones
de pesos frente a los 2 millones 200 mil pesos de participaciones federales, de
las cuales tenían embargado el 66 por ciento por esas deudas.
“Estamos realmente
quebrados”, dijo a
inicios de año.
Además, su antecesor
priista, Manuel Rosendo Pelayo, le dejó un contrato millonario de alumbrado
firmado con una empresa fantasma, denunció “Tavo” ante la Fiscalía.
Viridiana Ríos,
analista económica de la Confederación Patronal de la República (Coparmex),
expuso en una entrevista televisiva que México a nivel federal no está en
bancarrota. Durante el último sexenio, la recaudación tributaria aumentó en un
80 por ciento, y los ingresos –en términos reales ajustados por inflación–
subieron un 15 por ciento, a pesar de que la producción petrolera se cayó
prácticamente a la mitad, argumentó.
“Bancarrota es un
término muy claro. Es no tienes dinero para cubrir tus operaciones más básicas.
Esto no quiere decir que esto no se repita a nivel municipal, que exista un
problema para saldar operaciones básicas a nivel municipal o incluso en algunos
estados”, aseguró.
Kristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo
en entrevista con este diario que con la actual Ley de Coordinación Fiscal los
municipios tienen “ingresos escasos” comparados con los estatales, por lo que
los bancos emiten los créditos conforme a su capacidad de pago. Aunque se
endeudan para cubrir inversiones o servicios públicos, “no es un caso alarmante
que vaya a ser una quiebra municipal, aunque la tasa de interés [para el pago
de deuda] que tienen los municipios es mucho mayor que la que tienen los
estados”.
“Es ideal que tengan
mayor recaudación local para que tengan una menor dependencia de los recursos
federales. Pueden hacer un mayor número de obras. El problema principal que hay
en la recaudación local depende del poder adquisitivo de cada uno de los
estados y municipios como los de Chiapas y Oaxaca para pagar impuestos”, añadió.
A nivel estatal, la analista Viridiana Ríos, ex directora de
México, ¿Cómo vamos?, ejemplificó que en
Michoacán no pueden pagar la nómina de los maestros por lo que deben tomar
recursos etiquetados para otros rubros.
En marzo, el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Cornejo
anunció que el presupuesto estatal que
era para la operatividad del Seguro Popular se desvió al pago de nómina de
maestros. Y, agregó, no fue la primera vez. El perredista documentó que el
déficit financiero en materia educativa alcanza los 7 mil millones de pesos
anual.
Antonio Chemor Ruiz, comisionado de protección social en
salud, reconoció que Michoacán era uno
de los estados que más les preocupaba entre 2013 y 2014, tras la gestión de
Fausto Vallejo. “Había deudas sin comprobar y sin saldar que tuvimos que hacer
frente con denuncias”, contó de acuerdo con un reporte del diario Mi Morelia.
En el caso de las deudas estatales, la analista Viridiana
Ríos dijo que en Coahuila deben pagar
dos veces el ingreso que tienen a libre disposición y en Sonora su
endeudamiento representa el 100 por ciento de su libre disposición. Al cierre
de 2017, Sonora debía el 5.2 por ciento de su PIB y Coahuila el 5.6 por ciento
de su PIB.
TASAS SUBEN DEUDAS ESTATALES.
Kristóbal Meléndez, investigador del CIEP, explicó en su estudio “Presupuesto de los
estados por región 2018” que en este año la distribución de recursos no será
homogénea entre los estados, ya que el incremento de tasas de interés hasta de
8 por ciento hará más pesado el pago de servicio de deuda y porque el aumento
de la inflación, principalmente de algunos insumos energéticos, hará que el
presupuesto asignado pierda valor.
En entrevista, contrastó
con la percepción de los alcaldes al asegurar que no hay municipios ni estados
en bancarrota, pero algunos tienen un nivel de endeudamiento importante y
también problemas de liquidez de corto plazo mientras llegan las
participaciones federales, lo cual puede agravarse si enfrentan fenómenos
naturales como huracanes o sismos.
“Traen una tendencia a
mantener el nivel de deuda. El problema es que la tasa de interés –parte del
costo de la deuda– ha ido creciendo de forma importante. Esto deja menores
recursos para programas”, dijo Meléndez. “Su situación es relativamente estable, no están en una
situación de bancarrota en ninguno”.
Recordó que con la Ley de Disciplina Financiera los gobiernos están obligados a hacer
presupuestos sostenibles, esto es, que el gasto se respalde con ingresos. Pero
viene el cambio de gobierno, por lo que habrá que ver cómo quedarán los
presupuestos en 2019.
En 2018, Guerrero,
Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Chiapas y Puebla tienen bajo nivel de
participaciones (inferior a 5 mil 700 pesos per cápita), PIB (inferior a 121
mil pesos por habitante) e ingresos locales (inferior a 1 mil 280 pesos por
persona), documentó Meléndez basado en cifras de la Secretaría de Hacienda.
Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León y Quintana Roo son los estados que tenían un endeudamiento per cápita
superior a 11 mil 690 pesos. Respecto a la tasa de interés, Nayarit, Colima,
Veracruz, Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas pagaban una superior al 8.6 por
ciento por sus créditos hasta septiembre de 2017.
Durante la conversación telefónica, Meléndez agregó que Nuevo León financiaba su déficit
(más gastos que ingresos) con más deuda antes de la Ley de Disciplina, por lo
que realizaron ajustes severos.
“Cada una de las tres regiones tiene una realidad distinta”,
planteó en el informe.
“La región centro es la
más favorecida con el reparto de recursos de la federación. Tiene mayores
niveles de participaciones y menores niveles de aportaciones. La región norte
tiene ingresos intermedios de participaciones y aportaciones. Además, tiene los
menores niveles de inversión pública y de recursos para sus municipios. La
región sur es la más rezagada en la obtención de recursos. Salvo los estados
petroleros de Campeche y Tabasco, en la región hay menores niveles de
participaciones y dependen más de aportaciones”.
Los estados petroleros
como Campeche, Tabasco y Veracruz tendrán una recuperación importante en
participaciones este año debido a una mejora en su PIB por ingresos petroleros.
“Una de las políticas
del gobierno que sale era estimular algunas obras de inversión pública
enfocadas en la exportación por lo que se dio prioridad a proyectos de
manufactura como carreteros, principalmente en el norte y centro. En el sur
no”, explicó en entrevista. También la región fue blanco de los recortes al
presupuesto público durante mediados de sexenio, evocó.
No obstante, prevé que
la tendencia se revierta porque el próximo gobierno federal tiene programas de
inversión enfocados en el sur, como el Tren Maya.
De la zona norte, Meléndez destacó que Chihuahua, Coahuila y Sonora tendrán un gasto por inversión
pública inferior a 503 pesos por habitante.
Sobre el centro, dijo
que tiene mayores ingresos por el Fondo General de Participaciones, el Fondo de
Fomento Municipal, los incentivos a comprar auto nuevo, por el ISR a personal
de entidades. Además, tiene la mayor distribución del gasto público por
transferencias, servicios personales y servicios generales. Sin embargo, la
región tiene los menores ingresos por aportaciones.
Michoacán, Hidalgo, San
Luis Potosí y Estado de México son las entidades con mayores niveles de pobreza
extrema en la región (al menos 6.4 por ciento) y con ingresos promedio de sus
habitantes inferiores a 3 mil 443 pesos. Además, Michoacán, Aguascalientes y
San Luis Potosí tendrán una inversión pública per cápita inferior a 380 pesos
en 2018.
La región sur, en
comparación con otras zonas, tiene mayores ingresos por el Fondo de
Compensación, fondos petroleros, aportaciones y por inversión pública. No
obstante, observó el investigador del CIEP, es la que menos recibe por el Fondo
General de Participaciones, Fondo de Fiscalización, incentivos a gasolinas, incentivos
para autos nuevos, IEPS, otros incentivos, transferencias, servicios personales
y servicios generales.
Del IEPS que se
distribuye a los estados más pobres a través del Fondo de Compensación
disminuirá en la región en 14.1 por ciento en 2018. Chiapas, Oaxaca y Guerrero
tienen los mayores niveles de pobreza extrema (más del 24 por ciento de su
población). Los habitantes de estos estados junto con los de Veracruz, Puebla y
Tlaxcala tienen un ingreso promedio inferior de 2 mil 900 pesos. Puebla es el
estado que menos recursos recibirá para inversión pública ($92 pesos), y
Tlaxcala será el que menos reciba por servicios personales (mil 515 pesos) y
servicios generales (288 pesos).
“Las Zonas Económicas
Especiales están en la zona sur para tratar de estimular un crecimiento, pero
aún no han tenido un impulso tan importante como se esperaba”, dijo el investigador del CIEP.
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