Una decena de organizaciones sociales
zacatecanas se agrupó para pronunciarse públicamente en contra de la
construcción de la presa de Milpillas, así como para repudiar la intervención
de autoridades estatales y de la Procuraduría Agraria en la asamblea del ejido
El Potrero efectuada el domingo, utilizando la fuerza pública, “para manipular
la aprobación del proyecto” controlando el acceso de ejidatarios a la misma.
Además, responsabilizaron al gobernador priista
Alejandro Tello Cristerna y al gobierno federal de la represión hacia
ejidatarios inconformes y defensoras de derechos humanos como la Maestra en
Ciencias Grecia Rodríguez, quien fue agredida e intimidada por policías
estatales durante la asamblea del domingo en este ejido, ubicado en el
municipio de Jiménez del Teul.
Organizaciones
como la Red plural de mujeres, el Sindicato independiente de trabajadores, El
Barzón y el Frente popular de lucha de Zacatecas estuvieron presentes en este pronunciamiento, en el que acusaron al
gobierno de Tello Cristerna y al gobierno federal –a través de Conagua- de
desinformar a los afectados sobre el impacto de la construcción de la presa,
las implicaciones que tendrá el desvío del agua del río Milpillas por esta obra
y “los verdaderos intereses de las empresas que están detrás de este proyecto”,
mismo que afectaría a 19 ejidos.
En este
sentido, refirieron que tanto la presa
como el acueducto de más de 150 kilómetros que se pretende construir para
abastecer de agua al corredor Fresnillo, Calera, Guadalupe y la capital
zacatecana, en realidad favorecería ampliamente a empresas mineras y a la
cervecera que opera en esta misma región, industrias que utilizan millones de
metros cúbicos de agua al año.
“Exigimos a Tello transparentar los intereses
de las empresas que están detrás…este no es un hecho aislado”, sino parte del
embate contra el derecho al agua que se ha emprendido por el gobierno de
Enrique Peña Nieto,
dijeron.
Según
narraron, el domingo Grecia Rodríguez,
en su calidad de integrante del Observatorio de conflictos mineros en el
estado, registraba el desarrollo de la asamblea cuando decenas de agentes de la
Policía estatal irrumpieron en el ejido El Potrero, cercaron el salón agrario y
controlaron el ingreso a la asamblea.
“La asamblea fue totalmente vulnerada
por la Procuraduría Agraria, quien, en contubernio con el gobernador, pretenden
imponer el proyecto de la presa”, con la presencia de cien efectivos de la
Policía Estatal, la alcaldesa Victorina Espinoza Sánchez; Francisco Godoy,
delegado de la Procuraduría Agraria; el subsecretario de gobierno Alfonso del Real
y el titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, Luis Fernando
Maldonado.
El gobierno estatal pretendió lavarse
las manos y justificó la presencia de la Policía estatal por solicitud de la
alcaldesa de Jiménez del Teul. El Secretario de Seguridad Ismael Camberos,
afirmó que la activista Grecia Rodríguez fue despojada de su teléfono celular
“porque ella primero golpeó a un policía con el teléfono”.
“A la maestra en Ciencias Grecia
Rodríguez…la lanzaron contra el muro, la amenazaron, la cuestionaron a gritos;
sacaron a empujones a otra mujer que estaba en la asamblea…hacemos responsable
al gobernador Alejandro Tello de su integridad física y psicológica”, dijo la representante de la Red
plural de mujeres, María Luisa Sosa.
Por este caso ya se presentó una
denuncia ante la Fiscalía estatal.
En tanto que la Red Nacional de
Afectados por la Minería (REMA), que divulgó la agresión
del domingo, anunció que continuará respaldando a los ejidatarios opositores a
la presa y el acueducto, que de ser construidos implican que este ejido sería
inundado, señalaron.
El
representante del Sindicato independiente de trabajadores expuso las contradicciones e imprecisiones entre los datos que sobre la
obra tienen las distintas dependencias, pues según citó, mientras Conagua
refiere que serían 259 hectáreas las impactadas, Semarnat menciona 284
hectáreas.
“Se menciona en estudios de
factibilidad que habrá menos agua para consumo humano y riego aguas debajo de
la presa, esto puede producir molestias e inconformidades sociales de
comunidades, pero no se incluye un análisis de estos impactos”.
También mencionó que se incrementará
el costo del agua, ya que la empresa privada que construye el acueducto tendrá
derecho a operarlo durante 25 años, con la posibilidad de incrementar las
tarifas para los habitantes de los municipios que la recibirán.
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