Al quejarse
de las negativas de las autoridades brasileñas a entregar información sobre el
caso Odebrecht, la Procuraduría General
de la República (PGR) omitió decir que el gobierno mexicano aceptó no acceder a
dicha información cuando se negó a llegar a un acuerdo con la empresa
brasileña.
Al rechazar
este acuerdo –que garantizaba inmunidad
a la empresa y a algunos de sus directivos por los delitos que reconocieron
ante la justicia de Brasil–, la PGR se comprometió a comprobar si la empresa
pagó sobornos en México, pero también a determinar a quiénes los pagó, y de qué
manera.
Ayer, Felipe
de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales, aseveró
que, por la reticencia de Brasil, la PGR sigue sin remitir la indagatoria a un
juzgado para que se libren las órdenes de aprehensión correspondientes.
La Fiscalía
brasileña obtuvo las declaraciones de
los directivos de Odebrecht –entre ellas las que señalan que Emilio Lozoya
Austin recibió 10.5 millones de dólares en sobornos—y los documentos de las
empresas gracias a un acuerdo, en el que se negociaron reducciones de penas a
cambio de las evidencias.
Las autoridades brasileñas ofrecieron
a México los testimonios y documentos que muestran las operaciones de
corrupción de Odebrecht en México, incluyendo las declaraciones que señalan
cómo Lozoya recibió los sobornos, primero mientras coordinaba los asuntos
internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y posteriormente como
director general de Pemex.
Para tener
esta documentación, la PGR debía acordar
con Odebrecht que no castigaría a sus directivos en el país, pues los acuerdos
de cooperación jurídica internacional prohíben que se juzgue dos veces a una
misma persona por el mismo delito.
En otras
palabras: al cerrar el pacto, la PGR se
comprometía a investigar y castigar a los actores mexicanos de la trama de
sobornos de Odebrecht –funcionarios de Pemex y a Lozoya, entre otros–, pero
también garantizaba que no procedería contra quienes ya estaban entre las manos
de la justicia brasileña, ni contra la empresa –que finalmente fue inhabilitada
para operar en México–.
El acuerdo impedía a la PGR proceder
contra Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luis Alberto Weyll y Luis
Antonio Mameri –por
ejemplo–, tres exdirectivos de Odebrecht
que rindieron su declaración ante la justicia brasileña, en las que detallaron
cómo pagaron los sobornos a Lozoya mediante sociedades incorporadas en
entidades offshore.
“(Luis Weyll) no puede ser juzgado
doble vez, y eso lo tendrán que aceptar las autoridades de México si quieren
que Brasil les comparta los documentos de Odebrecht y la confesión de Weyll”, declaró el fiscal brasileño Orlando
Martello en entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
el año pasado.
El fiscal dijo al periodista Raúl
Olmos, quien exhibió el sistema Odebrecht en México, que los documentos que
tienen que ver con crímenes cometidos por Odebrecht en México están bajo sigilo
en el Tribunal Superior en Brasilia, pero que éste esperaba que la PGR y la
empresa llegaran a un acuerdo para garantizar inmunidad a los ejecutivos que
tienen acuerdos de colaboración o delación, como es el caso de Weyll.
“Todo lo que es respecto a México
está separado, con los hechos delictivos enumerados; la empresa (Odebrecht) nos
ha entregado las pruebas que corroboran esos hechos. Cuando la compañía decidió
hacer un acuerdo, nos trajo todos los datos respecto a cada uno de los países.
Ahora la compañía debe procurar con esos países hacer un acuerdo directamente.
Y cada país debe respetar nuestro acuerdo en Brasil”, le dijo.
Cuando el exprocurador Raúl Cervantes
Andrade viajó a Brasil, en febrero de 2017, tuvo acceso a las carpetas de
investigación, y entre ellas a las declaraciones que señalaban a Lozoya.
En marzo del
mismo año, el procurador brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros pidió a la justicia del país sudamericano
declararse incompetente sobre los testimonios de Da Silva Filho, Luis Alberto
Weyll y Luis Antonio Mameri, para que el expediente pudiera ser enviado a
México a través de los acuerdos de cooperación jurídica internacional, de
acuerdo con un oficio en poder de Apro.
Sin embargo,
la PGR se negó tener el acuerdo con
Odebrecht, y por lo tanto no tuvo acceso a la carpeta de investigación sobre
los sobornos pagados en sus operaciones en México. En otras palabras: tiene que
probar con sus propios medios que la empresa pagó sobornos, y a quiénes.
En agosto de
2017, los fiscales de varios países de
América Latina se reunieron en Puebla con el supuesto propósito de intercambiar
información sobre el caso Odebrecht. Sin embargo, la delegación de Brasil
canceló su asistencia de último momento, según deploró la PGR.
En
entrevista el pasado 24 de julio, Alberto
Elías Beltrán –procurador de facto, aunque sin el título– aseguró que el caso
Odebrecht estaría en los tribunales antes de que Peña Nieto entregara la
Presidencia, y sostuvo que “como no hemos llegado a un acuerdo reparatorio,
Brasil nos retrasa la información sobre el caso Odebrecht”.
Cerca de dos años después de abrir su
investigación sobre los sobornos de Odebrecht en México, la PGR aún no
judicializa el caso ni pidió órdenes de aprehensión.
Durante este
lapso, la dependencia se negó de manera reiterada a informar sobre sus avances,
hasta que el martes pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó que
transparentara una versión pública de la averiguación.
Lozoya, por su parte, pretendió abarcar a más
funcionarios en el caso: en diciembre pasado pidió a la PGR que cite a
comparecer a Miguel Messmacher Linartas, Rafael Murrieta Cummings, Mario
Beauregard Álvarez, Víctor Díaz Solís y José Fortunato Álvarez Enríquez para
que expliquen por qué Odebrecht obtuvo los contratos para la refinería de Tula
sin pasar por un proceso de contratación.
Messmacher –ahora subsecretario de
Hacienda y Crédito Público—, Murrieta, Beauregard, Díaz y Fortunato formaban
parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex
cuando se adjudicaron los contratos a Odebrecht.
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