La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo solicitó el desafuero del diputado de
Morena Cipriano Charrez, es porque aún no hay acuerdo reparatorio entre el
presunto responsable y las víctimas, afirmó el investigador del Instituto de
Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, Fernando Falconi.
El especialista dijo que
si la Cámara de Diputados niega el desafuero, ya no se podrá ejercer acción
penal en contra del morenista.
El martes pasado, la PGJH envió a la Cámara de Diputados un
oficio en el que solicita retirar el fuero al diputado Cipriano Charrez, para
que pueda ser sometido a proceso penal por su presunta responsabilidad en un
accidente de tránsito en el que un joven perdió la vida.
El dato: La familia del joven fallecido emitió una carta en
la que expresó su negativa de coadyuvar con el Ministerio Público para el
esclarecimiento de los hechos.
Al respecto, Falconi
indicó que el Ministerio Público requiere que a Charrez le sea retirado el
beneficio para proceder penalmente en su contra.
Recordó que toda investigación en el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio lleva requisitos de procedibilidad y para que la carpeta de
investigación en este caso pueda complementarse, es necesaria la remoción del
fuero al funcionario.
“Debe llevarse el
procedimiento constitucional de remoción del fuero que se decide dentro de la
Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia. La procuraduría puede
solicitarlo, pero al final la atribución de quitarle el fuero o no es exclusiva
del Congreso.
El especialista indicó
que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el perdón no existe, pero en el caso
de delitos culposos, como éste, puede operar un acuerdo entre las partes o un
mecanismo alternativo de solución de controversias.
Sin embargo, insistió
que en el caso del diputado no ha sucedido así, puesto que se solicitó el
desafuero para poder continuar con las investigaciones.
Añadió: “Si la
procuraduría está continuando con ese requisito de procedibilidad es porque aún
le sigue dando pulso al procedimiento y es muy probable que dadas esas cuestiones
no se esté dando un acuerdo reparatorio o un mecanismo alternativo de solución
de controversias”.
Explicó que de
formalizarse el procedimiento, en la Cámara de Diputados se tendría que erigir
un jurado de procedencia para resolver en definitiva la solicitud.
De proceder el
desafuero, entonces el diputado quedaría destituido en ese momento y a
disposición del Ministerio Público, el cual podría ejercer acción penal.
Una vez que el caso
haya sido turnado al juez correspondiente, se tendría efectuar una audiencia en
juicio oral, en la que se definiría la vinculación o no a proceso del presunto
responsable, agregó.
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