La
comparecencia del pasado martes a la que acudió Rosario Robles Berlanga, actual
responsable de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
(Sedatu), a la Cámara de Diputados, tenía
como objeto que la servidora pública rindiera cuentas por su actividad en el
último año, y por el escándalo que ha generado un presunto desvío de 11 mil 224
millones de pesos al erario durante su paso por la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) y la propia Sedatu, .
La sesión,
como se esperaba, sacó chispas. La secretaria
fue sometida, en medio de gritos, a fuertes señalamientos que llegaron a tocar
la vida personal de Robles. Ella, en cambio, durante toda su intervención
intentó defender su inocencia y filtró un argumento controversial, pues hizo
referencia a su condición de mujer en un espacio de poder. Al inicio de la
comparecencia, la secretaria se congratuló de la paridad de género del actual
Congreso, y obtuvo el apoyo único de las legisladoras priistas que la
defendieron durante las nueve horas que duró el encuentro.
Robles
Berlanga, una de las pocas mexicanas que ha ocupado altos puestos tanto en el
Gobierno de la Ciudad de México como en el federal, afirmó que las acusaciones en su contra eran producto de la “violencia
política de género”. La respuesta a su premisa vino de manera inmediata por
parte de la Diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle Martínez, quién
le dijo: “No te equivoques Rosario, no te equivoques: la condición de género no
nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser
señaladas por actos de corrupción”.
La legisladora –quien es además una
reconocida defensora y luchadora por los derechos de las mujeres en México– le
insistió a Rosario que ella era parte de una “red de corruptos” que la habían
colocado frente al Pleno, mientras otros secretarios federales eran protegidos. Luego de la declaración, los diputados priistas –el mismo partido
que permitido que en el país siete mujeres sufran a diario la violencia
machista– siguieron el mismo argumento de la secretaria y en cada una de sus
intervenciones acusaron que Robles era víctima de “violencia política de
género”.
En
entrevista con SinEmbargo, la Diputada Martha Tagle afirma que la victimización ya no funciona y el evento con Robles no
sólo fue desafortunado sino bien planeado por su equipo, ya que desde el
principio de su discurso buscó referir al reconocimiento de ser mujer
planteando sus intervenciones en este sentido.
De manera
consecuente con lo expresado en el Pleno de la Cámara Baja, Tagle Martínez insistió en que se trata de un asunto de
responsabilidad de la que no se exime a los tomadores de decisiones públicas,
sean hombres o mujeres. La legisladora agregó que las mujeres tienen que “tener
que atender mucho de lo que ocurre en la política, definir derechos y
responsabilidades para no permitir que las relaciones de poder sean las que nos
protejan”.
“Es una forma masculina de ejercer el
poder”, insiste la legisladora, pues se exime a las mujeres en la política a
tomar decisiones con responsabilidad y con ética. Hasta ahora esas decisiones
se desarrollan en un contexto en el que el poder político depende de complicidades
y relaciones de poder.
A pesar de
considerar que la argumentación de Robles se encontraba descontextualizada, reconoce que algunos medios de comunicación
y legisladores sí han incurrido en actos de violencia contra la servidora
pública haciendo alusión a su vida privada.
Durante la
sesión en el Pleno, por ejemplo, el
Diputado Gerardo Fernández Noroña citó la relación existente entre el
empresario Carlos Ahumada Kurtz –protagonista de los famosos “video-escándalos”–
y Rosario Robles presentándolo como un argumento en su contra.
Tagle también critica la imagen caricaturizada
que ha adquirido la secretaria en ciertos medios y que, como en otros ámbitos,
hacen uso de la imagen de la mujer para omitir su actividad política.
UN PAÍS
VIOLENTO CON LAS MUJERES.
La violencia política de género en
nuestro país es innegable. La Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE) reconoce que entre 2012 y 2016 se produjeron 156
casos de violencia política contra la mujer. Pero ¿se puede considerar una
comparecencia legal contra una servidora pública como violencia de género?
La misma
Diputada Martha Tagle, en entrevista con SinEmbargo, insiste en que no, debido a que a Rosario Robles no se le han limitado
sus derechos políticos, ni se le ha dañado en su capacidad de ejercer su labor.
Por el contrario, ha ocupado altos puestos públicos de confianza por los que
ahora se le cuestiona.
La opinión
de la Diputada de MC no dista de la de otras especialistas como Carmen Ponce,
economista e investigadora feminista,
quien recuerda que Robles Berlanga siempre se “ha escudado bajo el discurso
feminista”, pero durante su estancia en la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) impulsó un programa para “Madres solas”, concepto que, de entrada,
criminaliza a aquellas mujeres que no tienen una pareja, lo que “sí es una
muestra de violencia de género”.
La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) califica
la violencia política de género como aquella dirigida hacia las mujeres “para
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres”, y se de en el marco del ejercicio de
derechos políticos-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público o
privado. Entre sus manifestaciones ubica la muerte de la mujer por su
participación política, agresiones físicas o sexuales, amenazas,
intimidaciones, difamaciones y calumnias: todas ellas respondiendo
específicamente a la condición de ser mujer.
Además, el Protocolo para la Atención de la
Violencia Política de Género determina que tomando estándares de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Comité de Naciones Unidas para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y del Convenio del
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las
Mujeres y la Violencia Doméstica es posible considerar como un acto de
violencia basada en el género “cuando la violencia se dirige a una mujer por
ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en
contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en
términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipo”.
El caso de la funcionaria federal no
cumple con ninguna de las características antes determinadas ya que no se buscó
limitar su actividad política. Fue llamada a comparecer al resultar señalada en
diversas investigaciones periodísticas como posible responsable de actos de
corrupción.
En una
investigación realizada por SinEmbargo se halló que “las mil 469 páginas que la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado sobre las gestiones de
Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social
(Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) muestran que, de 2013 a 2016, hubo un
posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos”.
Barbara
Stepien, investigadora posdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que “una comparecencia, por sí misma, no puede llamarse
violencia política de género, sino que es un mecanismo de responsabilidad, lo
que es muy normal en cualquier democracia”.
En el caso
de Rosario Robles “es muy difícil decir
que fue un acto de violencia política en razón de género”, ya que para que este
sea considerado como tal “debe contener el componente de los estereotipos (por
ejemplo, las mujeres deben estar en la casa y cuidar los niños y no trabajar) o
deben ser actos que afecten especialmente a las mujeres o sólo a las mujeres”,
añade la especialista.
“No sé puede disculpar a las mujeres
por el simple hecho de ser mujeres. Eso es ‘mujerismo’, es asumir que por ser
mujeres todo lo hacemos bien”, dijo Carmen Ponce.
Para Ponce, el concepto fue sacado de contexto para ser
usado políticamente, ya que no sé ejerció ninguna violencia en su contra por
ser mujer si no como funcionaria que tenía que dar cuenta de dónde están los
recursos públicos que la ASF registra como irregulares. También considera que
de haber sido un hombre el vinculado con el proceso de investigación se le
hubiera impugnado de la misma manera.
Si bien la
especialista reconoce que las mujeres en el entorno político enfrentan
descalificaciones que sugieren que no son capaces de responsabilizarse por las
decisiones administrativas, en este caso
se intentó hablar de violencia política para desviar la atención sobre la
responsabilidad legal y también moral de su actividad en el vacío económico que
rodea a la Sedesol y a la Sedatu.
La académica
aclara que la violencia política de
género ha tenido lugar desde que las mujeres en México han podido incursionar
de manera masiva en diversas actividades, contrariando aquella idea que señala
que “su lugar no es la política, es la casa”. La apertura que ha permitido el
establecimiento de un Congreso de la Unión paritario y de un próximo gabinete
con las mismas características ha dado generado “pretextos” como los de Rosario
Robles que, además, fueron frenados por su par, Martha Tagle, quién demuestra
que el argumento de la victimización “ya no funciona”.
FALTAN
DENUNCIAS DE VIOLENCIA POLÍTICA.
En 2018, las
mujeres alcanzaron paridad de género en el Poder Legislativo. La Cámara de
Diputados se conforma hoy de un 50.8 por ciento de hombres y 49.2 por ciento de
mujeres, mientras que el Senado de la República se integra con un 51 por ciento
de mujeres y 49 por ciento de hombres.
La cifra
demuestra que existe un cambio en la conformación institucional, sin embargo la
violencia política sigue teniendo presencia.
Barbara
Stepien explica que “en México el tema de la violencia política contra las
mujeres se encuentra en el centro del debate político y académico
recientemente”, constatado especialmente en el último proceso electoral en que
la Sala Especializada, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, además de los Tribunales Locales, resolvieron
muchos casos relativos a las demandas de las candidatas o aspirantes.
El “Protocolo para la Atención de la
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” es una de las medidas
más relevantes como acciones del Estado mexicano para la atención urgente del
tema, destaca la investigadora. El mismo ya ha creado una línea jurisprudencial
que, sin embargo, aún tiene que fortalecerse en los
tribunales.
De acuerdo
con dicho protocolo, a pesar de que existe una institución encargada de
sancionar esta clase de violencia –el Instituto Nacional Electoral, en
cuestiones de procesos electorales– existe
una falta de conocimiento socializado sobre el término, además de un marco
jurídico que lo respalde y que impide la presentación de denuncias. A esto
habrá que sumar la ausencia de reconocimiento por parte de las mujeres de esta
clase de violencia o el miedo a represalias, amenazas, acosos y
estigmatizaciones dentro de sus partidos o en sus carreras políticas.
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