En agosto de
2015, cuando Rosario Robles Berlanga
tomó protesta como la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Urbano (Sedatu), continuó con cinco funcionarios públicos que también
conformaron su equipo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esto a pesar de que arrastraban 6
mil 558 millones 420 mil 667 pesos de posibles daños al erario público, de
acuerdo con las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).
El equipo
cercano que Robles trasladó a Sedatu estuvo
conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos
Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos
ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
“Con relación a mi persona no existe
ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad”, dijo Robles en una
conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre. “Yo soy la titular, yo soy
la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por eso hay
órganos ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con
nombre y apellido”.
Agregó ante
la prensa, en compañía de su ex vocero Gustavo Rodríguez: “si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos
públicos, y si hay pruebas de ello, que se proceda conforme a la ley”.
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en
la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González,
mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de
Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos
responsables de las observaciones señaladas.
Como
ejemplo, en una auditoría de 2014
realizada al programa de Comedores Comunitarios, se encontró que en ninguno de
los expedientes técnicos se incluyó la solicitud de pago a la Oficialía Mayor
para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los costos del equipo de
estos comedores. Por esa razón no se pudo comprobar que todos estuvieran en
operación.
Pese a ello,
Zebadúa, quien ha sido el hombre más
cercano de Robles durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se mantiene como el
Oficial Mayor de la Sedatu.
De acuerdo
con el manual de organización, es el
encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que
establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas,
normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación,
presupuestación y administración del personal y de todos los recursos
(materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
También revisa el desempeño de los servicios
administrativos que se proporcionan; suscribe convenios, contratos y todos los
documentos que impliquen actos de administración; propone a la Secretaria la
designación y sustitución de servidores públicos; autoriza las adquisiciones y
la documentación para los pagos con cargo al presupuesto; autoriza el ejercicio
de los recursos de la secretaría y es el único conducto para gestionar las
partidas Presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Oficialía
Mayor trabaja en conjunto con el Órgano
Interno de Control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez
era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser sancionado en
abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La suspensión de
630 días fue por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos
de la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros tres funcionarios que
Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades planteadas
por el órgano fiscalizador son Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en Sedesol y luego
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en Sedatu hasta enero de 2018
cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio,
coordinador de asesores en Sedesol y ahora subsecretario de Ordenamiento
Territorial; y su abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, cabeza de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
Ese equipo, tan solo en su primer año de funciones, ya
acumulaba 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos de posible daño al erario
público. Pero continuó.
LAS
DIRECCIONES DE EMILIO.
Emilio
Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General
del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la
Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner
Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la
Cultura del Maestro A.C. Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la
Sedesol, mismo cargo que tiene en la Sedatu.
Zebadúa recibe un sueldo total bruto
de 189 mil 944 pesos mensuales. Tiene un seguro institucional, de retiro, de
gastos médicos y de separación. Entre sus prestaciones están la paga de
defunción, la ayuda para despensa, asignación de vehículo y asistencia legal,
de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Esa es la única información que
ofrece como funcionario público. En su declaración patrimonial que presentó a la Secretaría de
la Función Pública (SFP) decidió no hacer públicos sus bienes patrimoniales ni
tampoco sus posibles conflictos de interés.
El
funcionario, como Oficial Mayor de
Sedesol, contó con 204 empleados y por el nivel de su puesto, se le otorgó un
equipo de cinco asesores y un secretario particular. Además, en la oficina del
Secretario Técnico del Oficial Mayor cuenta con un Auxiliar de Control de
Gestión, un Auxiliar de Oficina, con el Departamento de Apoyo y Seguimiento
Administrativo, y la Dirección de Gestión y Control Administrativo.
Tanto en la
Sedesol como en la Sedatu, Emilio
Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación
y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el
mayor número de menciones en los informes de la ASF.
La Dirección General de Programación
y Presupuesto, que es mencionada en las auditorías en 51 ocasiones, está
conformada por 45 personas y cuenta con una Dirección de Contabilidad, un
departamento de Sistema Integral de Información y una Subdirección de Rendición
de Cuentas.
El nombre del titular de esta
Dirección no es público.
Esa unidad
está conformada por la dirección de Ejercicio Presupuestal; un Departamento de
Control y Seguimiento de Gasto de Inversión; Departamento de Gestión y
Seguimiento Presupuestal; Departamento de Control y Seguimiento; dos
Departamentos de Fiscalización; un Departamento de Análisis y Pagos de
Servicios Generales; una Dirección de Información y Análisis Presupuestal y la
Dirección de Normatividad Presupuestaria.
En una auditoría de la Cuenta Pública
2014 se analizaron cinco convenios por 430 millones 109 mil pesos, suscritos en
2014 por la Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR)
para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios.
Sin embargo,
se presumió un probable daño por 324
millones 632 mil pesos, por los “actos u omisiones a los funcionarios que en su
gestión” contrataron servicios con esta universidad sin vigilar y supervisar el
cumplimiento de lo contratado. Tampoco se cercioraron que contara con la
capacidad técnica, material y humana, por lo que se pagó a terceros por los
servicios, sin que se cuente con evidencia de la realización por parte de los
proveedores, concluyó el órgano fiscalizador.
Como
resultado, se inició el procedimiento
para la imposición de una multa al Director General de Programación y
Presupuesto de Sedesol, “por no haber atendido en el plazo y términos
solicitados el requerimiento de documentación e información, realizado mediante
el oficio número DGAF/1315/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015”.
Esta omisión generó un probable daño
al erario por 2 millones 435 mil pesos, ya que la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la Sedesol realizó pagos de manera directa a 134
Coordinadores Técnicos Sociales, aunque se encontraba vigente el convenio de
coordinación entre la Secretaría y la UAEMOR para llevar a cabo los trabajos.
El 22 de septiembre de 2014, aún en
la gestión de Robles, la UAEMOR recibió de Sedesol 162 millones 316 mil pesos.
La ASF observó que los recursos se transfirieron a dos empresas, las cuales a
su vez enviaron dinero a una empresa más, y ésta a una cuarta.
La Universidad Autónoma de Morelos
transfirió el 9 de octubre de 2014 un monto por 158 millones 710 mil pesos a la
cuenta bancaria de la empresa Consolidación de Servicios y Sistemas
Administrativos, y el 15 de diciembre de 2014 mandó 146 millones 404 mil pesos
a la empresa Factibilidad Empresarial de México.
La ASF realizó visitas domiciliarias
a las dos empresas, Consolidación y Factibilidad, para verificar, investigar y
examinar las operaciones con la UAEMOR. Ninguna de ellas proporcionó la
información solicitada, por lo que se les inició el procedimiento de multa.
Además, las actividades de ambas compañías son
ajenas a los servicios solicitados por la Universidad, pues con la información
obtenida se constató que corresponden al de “otros intermediarios de comercio
al por mayor y al por menor” y “comercio al por menor de artículos de
papelería, comercio al por mayor de abarrotes, promotores de espectáculos
artísticos, deportivos y similares”, respectivamente.
Por otra
parte, se comprobó que cada una de estas
empresas transfirió 137 millones 969 mil pesos, para un total de 275 millones
938 mil pesos, a una cuenta bancaria a nombre de la empresa Esger, Servicios y
Construcciones, la cual a su vez transfirió a la cuenta bancaria de la empresa
Integradora de Capital Humano, la cantidad de 106 millones 051 mil pesos.De la
cuenta bancaria de Integradora, la Dirección de Programación y Presupuesto
emitió 3 mil 750 pagos a Coordinadores Técnicos Sociales, quienes ejecutaron
los servicios de este convenio de coordinación.
“No existe evidencia que justifique
la transferencia de recursos que realizó la UAEMOR a estas dos empresas, toda
vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa (factura del
proveedor, contratos o convenios celebrados y entregables), que soporte las
salidas de los recursos, por lo que se inició el procedimiento de multa al
rector”, expuso la
ASF.
Ante las
observaciones, el órgano pidió que la Secretaría de Desarrollo Social cumpliera
estrictamente lo establecido en la Ley de Adquisiciones para evitar la opacidad
y se abstenga de contratar o convenir servicios, cuando éstas no tengan la
capacidad para ejecutarlos.
Eso es en
cuanto a la Dirección de Programación y Presupuesto. En lo que respecta a la
Dirección General de Recursos Materiales, señalada por la ASF en 11 ocasiones,
tiene 41 plazas en las que están la Dirección General de Adquisiciones; la
Administración Inmobiliaria y Activo Fijo; la Dirección de Adquisiciones y
Contratos, que se divide en contratos menores y mayores, y el Departamento de
Control y Atención de Auditorías.
En la
auditoría 15-0-20100-02-0284 realizada en 2015 a la Sedesol, la Dirección
General de Materiales realizó una adjudicación directa con una empresa para la
entrega de 66 mil 460 impresos del Programa 3×1 para Migrantes en 29
delegaciones de la Secretaría en entidades federativas y oficinas centrales.
Sin embargo, no se proporcionaron los acuses de recibo, solo un documento que
no cuenta con datos de la empresa que lo emite y que contiene una lista de los
datos de la guía y rastreo de movimientos.
De 2 mil 736
impresos correspondientes a las delegaciones de Oaxaca, Sinaloa y la Ciudad de
México, no se proporcionó evidencia alguna.
La Dirección
de Recursos Materiales entregó relaciones de envíos y no comprobantes de la
recepción en las direcciones establecidas en el contrato y un escrito del 17 de
mayo de 2016 dirigido a la Jefa de Departamento del Programa 3×1 para
Migrantes, el cual no contiene el sello de recepción de la dependencia.
“No fue posible identificar las
entregas de los 66 mil 460 impresos ni tampoco se proporcionó evidencia de la
autorización de prórroga para su entrega”, señaló la ASF.
Sedesol
proporcionó los oficios circulares de fecha 6 de junio y 12 de octubre de 2016
con los cuales el Encargado del Despacho de la Unidad de Microrregiones envío
10 mil 958 impresos a las delegaciones de Durango, Hidalgo, Sinaloa y Oaxaca.
La ASF respondió que eso era evidencia del envío, más no de la entrega.
Se emitió
una recomendación para que la Secretaría de Desarrollo Social fortalezca “sus
mecanismos de operación y control para garantizar que cuando se adquiera el
servicio de impresión y distribución de material impreso para la promoción del
programa, las entregas se realicen en los lugares establecidos en los
contratos, y además que se cuente con la evidencia de su distribución final”.
El posible daño generado a la
Hacienda Pública Federal fue por un monto de 595 mil 140 pesos solo por la falta
de evidencia de la recepción.
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