Senadora interpone queja formal por daño arqueológico en Isla Espíritu Santo.

La senadora Verónica Delgadillo, integrante del partido Movimiento Ciudadano, anunció la interposición de una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por los daños causados en 52% del sitio arqueológico denominado Ensenada El Gallo (J66 El Gallo II-3) a manos de la asociación civil Grupo Ecología y Conservación de Islas, contratada por las autoridades federales para realizar la extracción de fauna nociva de la Isla Espíritu Santo.

Tal como informó Animal Político el pasado 8 de octubre, el “Dictamen de daños en monumentos arqueológicos y cuantificación de los mismos”, elaborado por el INAH en octubre de 2016, establece que dicha asociación civil instaló un campamento no autorizado sobre el sitio arqueológico, así como un corral para fauna nociva capturada, para lo cual realizaron “remoción de sedimento y materiales arqueológicos”, con el objeto de nivelar sus casas de campaña y su corral, así como para crear veredas por donde transitar.

Este sitio arqueológico, de más de siete mil metros cuadrados de extensión, fue un punto de actividad humana entre los años 3000 ac, y 1700 dc, por lo que en toda su superficie, y en el subsuelo, permanecían vestigios como antiguos fogones, piedras labradas, y acumulaciones de conchas extraídas del mar por los antiguos habitantes de la Isla Espíritu Santo, hoy considerada área natural protegida (por las autoridades mexicanas) y patrimonio natural de la humanidad (por la ONU).

Al remover los vestigios que ahí se hallaban, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC no sólo dañó cada artefacto, sino que, además, destruyó el contexto en el cual estaban dispuestos dichos vestigios, perdiéndose para siempre la información que de dicho contexto podía extraerse.

Cabe destacar que un segundo documento oficial del INAH, denominado “Informe de atención a denuncia de afectación del sitio J66 El Gallo II-3”, establece que los daños ocasionados en esta zona arqueológica en 52% de su superficie son “irreversibles”, y el mismo documento advierte que al dañar esta área, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC violó el artículo 42 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, que señala que toda obra en zonas arqueológicas debe contar previamente con la autorización del INAH.

Esta ley, además, refiere en su artículo 52 que “al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

Aun cuando el INAH certificó desde octubre de 2016 los daños ocasionados por el Grupo Ecología y Conservación de Islas en el sitio J66 El Gallo II-3 de la Isla Espíritu Santo, su área jurídica no ha iniciado ninguna acción legal en contra de los responsables hasta la fecha, ya que (inexplicablemente) el dictamen de daños arqueológicos nunca le fue reportado por la dirección del Instituto en Baja California Sur.

Tal como informó la senadora Verónica Delgadillo, fue ante esta postura omisa tanto del INAH-Baja California Sur, como del área jurídica del organismo público, que el pasado 10 de octubre acudió a las instalaciones centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia para presentar formalmente una denuncia ciudadana, por los daños ocasionados al sitio arqueológico de la Isla Espíritu Santo.

Una vez interpuesta la denuncia, señaló la senadora, el área jurídica del INAH queda obligada a emprender las acciones legales que ha omitido durante los últimos dos años.

En la Isla Espíritu Santo, explicó la legisladora en conferencia de prensa, “la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a cargo de Alejandro del Mazo, realizó una supuesta estrategia participativa para erradicar la población de cabras, que se calcula en más o menos mil ejemplares, y que al ser animales no nativos, están dañando la isla”.

El plan, recordó, era extraer las mil cabras en tres meses, contados a partir de mayo de 2016, no obstante “ya han pasado 26 meses desde que se aprobó la intervención de esta asociación (el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC) y sólo han extraído 193 cabras, pero eso no es lo peor: lo peor es que 52% de una zona arqueológica que existía en esa isla ha sufrido daños irreversibles, es decir, perdimos más de la mitad del patrimonio que contenía ese sitio, y el INAH no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que cuenta con los informes que sustentan el daño”.

En la queja presentada ante el INAH el pasado 10 de octubre, la senadora Delgadillo destacó que los daños ocasionados en la zona arqueológica de la Isla Espíritu Santo “pudieron haberse evitado si la organización civil que realizó las actividades (de extracción de cabras) hubiera acatado y seguido las indicaciones del INAH para la protección de las zonas arqueológicas”, algo que no sucedió, tal como se desprende de los mismos reportes oficiales de afectaciones.

Por ello, señala el documento dirigido a Diego Prieto Hernández, director general del INAH, “se solicita proceda con la denuncia formal en contra de los responsables del daño ocasionado en la zona arqueológica denominada Ensenada El Gallo, registrada como J66 El Gallo II-3, así como en contra de aquellos responsables que otorgaron el permiso para llevar a cabo las actividades que pusieron en peligro dicha zona”.

Moneda de cambio.

Junto con el daño arqueológico provocado en la Isla Espíritu Santo, la senadora de Movimiento Ciudadano también expuso el caso del derrame de sustancias químicas de Pemex, que aconteció el pasado 5 de octubre en la zona de Nanchital, Veracruz, situación ante la cual, destacó, tampoco han hecho nada las autoridades.

“En diferentes recorridos que han hecho tanto activistas, como agrupaciones ecologistas y de medio ambiente –informó Verónica Delgadillo–, se ha constatado cómo decenas de especies como tortugas, cocodrilos, armadillos, lagartos, víboras, incluso aves y flora que está en la zona, están muriendo a causa del derrame, y también se ha confirmado que varios habitantes han tenido que ser evacuados”.

Desde que ocurrió el derrame de ductos de Pemex, denunció la senadora, “han pasado diez días y, a pesar de que está ahí, a la vista de todas las autoridades, nadie ha hecho nada. Especialmente las autoridades municipales, que no han ni siquiera interpuesto una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, en tanto que “tampoco Pemex se ha comprometido a limpiar y reparar el daño de manera inmediata”.

Ambos casos, aseguró, ilustran “cómo en México, cuando hablas de medio ambiente, detrás de ello puedes hallar destrucción, irresponsabilidad, omisiones, negligencias y, sin duda, un sinfín de actos de corrupción”, además de la forma en que esta agenda ha sido una moneda de cambio para favorecer sólo a algunos grupos económicos y de poder (…) una moneda de cambio para dar favores, para pagar favores, y también para permitir el negocio de unos cuantos”.