La próxima
administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir de
diciembre no descarta otorgar amnistías
fiscales para aumentar la recaudación de impuestos, una medida que ha sido
criticada por organizaciones, las cuales recuerdan que en los últimos dos
sexenios esta ayuda sólo ha beneficiado a los grandes contribuyentes.
“La amnistía fiscal envía un mensaje
de injusticia, inequidad, favoritismo hacia las grandes empresas y creo que si
el mensaje de López Obrador es que en su Gobierno se apoyará primero a los
pobres, pues estas amnistías no deben realizarse considerando que los más
beneficiados serían las grandes empresas”, dijo a SinEmbargo Iván Benumea, investigador del
programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
En
septiembre pasado, Arturo Herrera Gutiérrez, futuro Subsecretario de Hacienda, declaró que la próxima administración
mantenía abierta la posibilidad de otorgar amnistías fiscales.
“El Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para aumentar recaudación tiene un sinnúmero de instrumentos,
uno de ellos puede ser los acercamientos a contribuyentes, incluyendo a partir
de amnistías. Esto no está descartado, se va a tener que revisar la forma en
que se hace la coordinación internamente”, dijo Herrera a la prensa durante su
participación en el seminario “El futuro del financiamiento de la
infraestructura en México”, organizado por Moody’s y el Banco Mundial.
Aunque el
próximo Subsecretario de Hacienda no confirmó esta medida, organizaciones como Fundar y Oxfam alertaron que las amnistías fiscales
implementadas en los primeros años de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) han beneficiado principalmente a
las grandes empresas, además de que fomentan la evasión fiscal y significan
costos muy grandes para las finanzas públicas.
El Gobierno mexicano ha perdonado, de
manera masiva, el pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de
contribuyentes, sean personas físicas o morales. En el año 2013, por ejemplo,
gracias al programa “Ponte al Corriente”, implementado por el SAT, un total de
41 mil 399 personas morales fueron beneficiadas y dejaron de pagar 159 mil 620
millones de pesos.
En esa
ocasión, 36 empresas concentraron el 50
por ciento de las condonaciones autorizadas, es decir, más de 80 mil millones
de pesos. Lo perdonado a estas empresas, de las cuales no se sabe el nombre,
representó el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
De acuerdo
con cifras de Fundar, el monto total
condonado a las empresas de 2008 a 2016 asciende a 593 mil 448 millones de
pesos, sin embargo, la falta de
transparencia y rendición de cuentas ha impedido que se conozcan los nombres y
montos de las beneficiadas.
Desde febrero de 2017, el juez Octavo
de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Fernando Silva,
ordenó al SAT publicar el nombre de las personas con deudas perdonadas en el
periodo 2007-2015, ya que un grupo de 15 contribuyentes se vieron beneficiados
durante siete años y se les condonó más de 46 mil millones de pesos.
A partir de la orden del juez,
distintos bancos y corporativos iniciaron una batalla judicial para impedir que
la sentencia dictada a favor de Fundar sea cumplida.
“No sabemos a quienes el SAT les ha
perdonado impuestos porque las empresas se están amparando para que no se
conozcan sus nombres ni el monto que se les condonó. Desde hace dos años
estamos en un litigio pidiendo que se revele esta información, pero las empresas
han encontrado formas de no dar informes.
Hay reportes de la ASF que dicen que se trata de bancos, medios, y que
ellos son los grandes beneficiados de la amnistía de Peña Nieto”, mencionó Iván Benumea, de Fundar.
AMNISTÍAS
SÍ, PERO NO PARA LOS MÁS RICOS.
De acuerdo
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos tributarios en el país, como
proporción del Producto Interno Bruto (PIB), representan 17.4 por ciento, lo
que la ubica como la nación con la menor recaudación. El promedio es de 34 por
ciento.
Bajo este
escenario, organizaciones como Fundar y
Oxfam se oponen a condonar deudas tributarias por el bajo nivel de captación de
impuestos, sin embargo, algunos
académicos como Ernesto Bravo Benitez, Investigador del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), consideran que las amnistías fiscales sirven para regularizar el padrón
de obligaciones fiscales y son una opción para beneficiar a las pequeñas y
medias empresas.
“No se trata de condonar a los
grandes deudores, esto debería ir dirigido a ciertos sectores como las micro,
pequeñas y medianas empresas. Esta sería una excelente medida porque este grupo
está siendo sujeto de una presión tributaria muy alta y en ese sector se emplea
la mayor parte de los trabajadores del país”, dijo Bravo Benitez al señalar que “condonar a las
grandes empresas sería violatorio de la equidad”.
Para el
investigador de la UNAM, las amnistías
fiscales son arreglos, pero no pérdidas porque no es un recurso que se ha
ingresado a las arcas del Gobierno. “En realidad es un ingreso pendiente de
cobrar y que está demandando el uso de recursos administrativos para el SAT con
muy baja posibilidad de cobro”.
Académicos y
organizaciones coinciden en que si el
Gobierno de López Obrador planea aplicar las condonaciones fiscales, se debe
transparentar el proceso para que la opinión pública sepa a quiénes se les
perdonarán impuestos atrasados. Además, proponen que se incluya a la sociedad
civil.
“El primer consejo (al nuevo
Gobierno) es que en la elaboración de la propuesta para la amnistía fiscal se
permita la participación ciudadana, que no sea algo negociado a puerta cerrada.
El segundo consejo es que en caso de que se aplique la amnistía que no se
beneficie a las mismas personas, y el tercero es que a partir de que se aplique
la amnistía, el SAT debe implementar mecanismos de fiscalización más estrictos
para evitar más adeudos”, aconsejó Iván Benumea, de Fundar.
Para el
investigador de la UNAM, Ernesto Bravo Benitez, el nuevo Gobierno debería estar informando sobre las empresas a las que
se les va a condonar. “Estaría obligado a transparentar esas empresas y el
monto condonado para evitar lo que sucedió en otros sexenios que por opacidad a
las grandes empresas se les exentaba”.
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