Reequilibrar
la desigualdad en México –donde el 1% de
la población más rica concentra la misma fortuna que el 60% más pobre– y
garantizar el acceso a derechos sociales requiere de dinero, y una opción para
conseguir estos fondos consiste en incrementar los impuestos a los mexicanos
más ricos, aseguró Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional para
la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Para tener un México que quiera
lograr un acceso efectivo y universal a los derechos, debemos replantearnos la
forma de cómo pagamos impuestos, evidentemente cargando la mano a quienes ganan
más, y teniendo subsidios a quienes ganan poco”, puntualizó en entrevista con Apro.
Ricardo
Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, coincidió en que la política social no se puede ver aislada de la
política hacendaria y de la política tributaria.
“Una mayor recaudación, bien hecha,
podría generar más recursos para una política social. En México, la política
social y la política de impuestos no están generando una redistribución”, dijo a esta agencia.
Haciendo eco
de un informe que publicó Oxfam en enero pasado, Fuentes consideró necesario incrementar los impuestos a los más ricos.
“Creemos que el tema de impuestos a las herencias, impuestos al capital, o un
sistema impositivo en general que deje más progresividad, es muy importante”.
Durante la
presentación de un informe del Centro de Investigación y Docencia Académicas
(CIDE), Fuentes exhortó al futuro
gobierno a cumplir con dos de sus promesas: “separar el poder económico del
político” y “primero los pobres”.
El informe analiza el fracaso de dos
décadas de programas sociales en México, debido a su uso clientelar y a la
fragmentación de la política en 6 mil 489 programas y acciones de desarrollo
social –desde los tres órdenes de gobierno– que “atienden de manera aislada
pequeños atributos de la pobreza”, pero además “se estorban, se duplican, y
difícilmente podemos saber sus efectos”.
De igual
manera, exhorta a los poderes públicos a
rebasar el simple objetivo de “pegarle al indicador” e implementar una política
social basada en los derechos de las personas y, sobre todo, dejar atrás el uso
clientelar de los programas sociales.
“No hay duda de que México necesita
un cambio de política social”, sostuvo Pilar Parás, representante del colectivo
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. “La desigualdad en nuestro país es
insostenible: el 1% de los más ricos concentra más riquezas que el 60% de la
población”, añadió.
Almuneda
Ocejo Rojo, quien encabezará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el
gobierno de Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, afirmó que la política social se convirtió en un “desmadre de intereses
y cotos de poder” y que finalmente todos los actores involucrados se satisfacen
del clientelismo.
“Todo ya pensaron en las soluciones,
pero nadie las quiere”, aseveró, luego de añadir que “al final de cuentas la
clientela es la que vota (…) terminan repitiendo las mismas prácticas porque
dicen que les ha funcionado”.
Remató: “Se quiere hacer todo, pero el nivel de
recursos es bajo. En la Ciudad de México no hay una política social integral,
hay un catálogo de programas”.
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