El exalcalde de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, tramitó una solicitud de amparo y
protección de la justicia contra actos emanados de 68 autoridades, ante
"el temor de ser detenido" por presuntos actos de corrupción
ocurridos presuntamente durante su gobierno que concluyó el pasado 30 de
septiembre.
Cabe señalar que la
administración municipal que encabezo Velázquez Aguirre (2015-2018), fue
acusada por incrementar injustificadamente su deuda en más mil millones de
pesos, no pagar ISR y de favorecer a familiares y amigos cercanos con la
asignación de obras y servicios sin licitar.
También es señalado de
permitir diversas irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública
municipal, donde no se localizaron 342 armas de cargo, se detectaron más de 200
aviadores y laboraban dos jefes operativos con órdenes de aprehensión por el
delito de homicidio calificado.
De acuerdo con el periódico El Sur, el documento fue presentado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de
Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, por el despacho Olea & Olea
abogados, cuyo presidente honorario es el exfiscal de Guerrero, Javier Olea
Peláez.
En esa misma
circunstancia se encuentran algunos de sus excolaboradores más cercanos, los
cuales por separado y con el apoyo jurídico de sus abogados personales,
tramitaron el amparo para evitar ser detenidos y poder hacer frente a las
denuncias por malversación de recursos públicos en que sean señalados.
El Financiero pudo confirmar que entre esos exfuncionarios se encuentran el exsecretario general del
ayuntamiento, Octavio Olea Apatiga; el exdirector de Zonatur, Jesús Alfredo
Rangel Hernández; el exdirector de Finanzas en la Comisión de Agua Potable (Capama)
Guillermo Galeana Salas y la exsindica Karla Sánchez Olmos, aunque de esta
última se dijo que el amparo obecede a una demanda extemporánea.
El exalcalde de
Acapulco es acusado por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano de
endeudar con más de 1, 000 millones de pesos al municipio sin justificación
alguna.
Antes de concluir la
administración del perredista, fuerzas federales y estatales asumieron el
control de la seguridad, ante la presunta infiltración del Cártel Independiente
de Acapulco.
Durante la revisión a la dependencia se detectó un faltante
de 342 armas de cargo, además de 202 personas asignadas como agentes viales
pero que en realidad no laboraban y solo cobraban puntualmente sus salarios.
Y aunque presentó una copia simple de una averiguación donde
se indica que 271 armas se encuentran amparadas por una averiguación previa, y
las otras 71 siguen sin ser ubicadas.
Cabe destacar que la
Auditoria Superior del Estado, dio a conocer que el exalcalde perredista de
Acapulco tiene pendientes de solventar unas 30 observaciones de los ejercicios
fiscales de 2016 y 2017, más los que se acumulen del 2018, que comenzará a
revisarse en enero próximo.
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