La Alianza del Transporte Urbano y
Suburbano de Aguascalientes (ATUSA), concesionaria de los camiones urbanos,
inició un paro de labores, luego que el gobierno estatal no aceptó aumentar la
tarifa de $7.50 a $10.50 pesos.
La primera amenaza fue hecha el
pasado 3 de octubre, cuando la empresa envió una carta al gobernador del
estado, Martín Orozco, para exigirle un incremento inmediato al transporte bajo
el argumento del alza en el precio del diesel.
Sin embargo,
la empresa mantiene un servicio de poca
calidad desde hace años que involucra más de la mitad de las unidades que ya
sobrepasaron su vida útil e inestabilidad en los horarios de las rutas.
La administración estatal aseguró que
no habría ningún incremento y que buscaría diversas posibilidades para dotar
del servicio de transporte en caso de que ATUSA se fuera a paro. Incluso, habló
de la posible revocación de la concesión.
Cuestionado
al respecto el pasado martes, el
gobernador panista señaló tajantemente que el paro en el servicio de transporte
público “no era tema”. Pero este miércoles, la empresa cumplió su amenaza y
paralizó las rutas desde las 16:00 horas hasta pasadas las 19:00 horas.
Ante ello, el gobierno del estado puso a disposición
de la ciudadanía más de 30 vehículos oficiales como patrullas, autos de la
Secretaría de Administración y de la Secretaría General de Gobierno para
transportarlos, sobre todo a aquellos que residen en el oriente de la ciudad,
zona con mayores índices de inseguridad. Además, envió a nueve verificadores
para certificar legalmente el incumplimiento de la empresa.
“Esta acción desproporcionada dentro
del proceso de diálogo es una declaración directa en contra de la ciudadanía en
la que muestran que no están dispuestos a mejorar las condiciones del
transporte. Este gobierno, no cederá ante los chantajes de los concesionarios
que nuevamente piden que se firme un cheque en blanco con la promesa de que
mejorarán el servicio si existe incremento en la tarifa”, informó el gobierno en un
comunicado.
Además, anunció que en los próximos días se
emprenderán acciones legales como imposición de multas, suspensión y revocación
de concesiones y la invitación a nuevos Grupos de Empresas de Transporte”.
Desde la aprobación de la Ley General
de Movilidad, en abril pasado, la relación entre el gobierno estatal y ATUSA ha
sido tensa, debido a que la ley exige la modernización y mejoramiento de las
unidades y el servicio, además de otros temas como el cobro electrónico en un
fideicomiso no controlado por la empresa.
Por su
parte, la Coparmex emitió el siguiente
mensaje: “(…) rechazamos que con estas medidas de presión pretendan obtener de
los usuarios lo que no se han ganado con su desempeño. La enorme falta de
capacidad y disposición para brindar un servicio con los niveles mínimos de
calidad que merece una sociedad como la nuestra, no les permite aspirar a
recibir mayores beneficios económicos, por un servicio de transporte público
que evidentemente va a la baja”.
Esta no es
la primera vez que ATUSA llama a paro. En 2016, durante la administración del
priista Carlos Lozano de la Torre, la empresa detuvo 50% de sus unidades. Como
respuesta, la administración estatal también habilitó camiones ejecutivos y
patrullas.
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