El
secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte
en Jalisco, Arnoldo Licea González, presentó
una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Secretaría de
Movilidad, en específico contra el director de Transporte, Gustavo Flores
Degaldillo, por incitar a la población a no pagar el servicio si las unidades
no cuentan con el sistema validador de tarjetas de prepago.
El pasado 3
de octubre, Flores Delgadillo declaró
que las unidades de transporte público que no cuenten a partir del próximo 1 de
noviembre con el lector de la tarjeta de Prepago Innova Card, darán servicio
gratuito a los pasajeros que cuenten sí con la tarjeta.
En esa ocasión el funcionario aseveró
que la medida es con la finalidad de que los transportistas aceleren el proceso
de instalación del lector, ya que no habrá planillas en papel de Bienevales y
Transvales que son utilizados por estudiantes, personas con discapacidad y
adultos mayores.
De acuerdo
con Arnoldo Licea, a raíz de la
declaración del funcionario estatal dos unidades de transporte público fueron
vandalizadas, y uno de los operadores fue agredido.
El líder de
los transportistas advirtió que no van a
contratar el servicio “por la sencilla razón de que esto violenta los derechos
y las garantías de quienes se dedican a prestar el servicio público
lícitamente”.
Según
Arnoldo Licea apenas 300 de las cinco
mil unidades de transporte público de la ciudad cuentan con las máquinas
lectoras de las tarjetas Innova Card. “Ahora hay el 1% (con lector de tarjeta),
si no los pudieron instalar en seis años, no lo van a hacer en 20 días”, recalcó.
Y advirtió del peligro de que
ciudadanos y estudiantes se vuelquen contra el transporte público y empiecen
las agresiones. “Es algo muy delicado, incitar a la población. Esto va a recaer
en el que menos culpa tiene, que es el conductor y el usuario”, dijo.
Recordó que la secretaría de Movilidad exige a los
transportistas que firmen un contrato, un fideicomiso con la empresa TISA, y
“ambos documentos son legalmente lesivos y contrarios a derecho” porque, según
su dicho, representa un compromiso y costo que no podrán cumplir, debido a la
situación económica que prevalece en el sector luego de siete años sin
incremento a la tarifa y con alzas en los combustibles, e insumos.
“Mientras los transportistas mueren
día a día por la gravedad de la situación económica que atraviesa el sector, la
empresa TISA recibiría mensualmente 40 millones de pesos, por recibir recursos
que genera la venta diaria, contarlo y regresarlo al transportista”, subrayó el líder de transportista.
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