Una reforma a favor del magisterio.

Jorge Javier Romero Vadillo.

La incertidumbre que ha abierto la nueva coalición de poder en torno al tema educativo prueba no solo su falta de comprensión de la reforma constitucional de 2013 –las razones de política pública con las que se le justificó y respecto a las cuales habría que evaluarla– sino, sobre todo exhibe la falta de un proyecto propio que se haga cargo sin condescendencia del calamitoso estado en el que se encuentra la educación en México. El nuevo grupo hegemónico tiene toda la legitimidad para cuestionar los presupuestos mismos sobre los que se construyó “la mal llamada reforma educativa”, pero a cambio tiene la obligación de exponer con claridad cuál es su diagnóstico del problema, o convencernos de las razones por las cuales creen que no existe problema alguno. Y, por supuesto, es su obligación informarnos de qué es lo que pretenden hacer a cambio. Ser mayoría no exime de rendir cuentas ante los ciudadanos de las decisiones que toman.

Por ejemplo, cuando Mario Delgado, un legislador que suele ser razonable y escucha opiniones, dice que no quedará “una coma” de la reforma educativa nos debe una explicación de las razones que lo llevaron personalmente a cambiar de parecer, ya que en 2013 votó a favor del cambio constitucional, si bien votó contra la Ley General del Servicio Profesional Docente, como me lo aclaró el jueves pasado cuando se publicó mi artículo anterior. Me disculpo, desde luego, por haberle atribuido su voto favorable. Pero ¿por qué se arrepintió del sentido de su voto de entonces? Es legítimo considerar que se cometió un error, ¿y si nos cuenta cuál cree que fue?

Cuando recibí el mensaje de Mario recordé que en los días previos a la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente platicamos mucho sobre cómo esa norma iba a ser contraproducente e iba a jugar contra el cambio constitucional, porque en lugar de ser atractiva para los maestros resultaba amenazante. La evaluación tal como quedó regulada iba a ser evidentemente un incordio permanente para los docentes, sin estímulos positivos que les resultaran atractivos del nuevo arreglo. Lo que hicieron fue una ley para justificar un sistema de evaluación basado en el castigo, no para crear un auténtico servicio de carrera para la docencia.

Con esa ley se desvirtuó la parte nodal de la reforma constitucional, que plantea la creación de un sistema en el que se premie el buen desempeño desde el momento del reclutamiento. La reforma constitucional, incluso cuando habla de permanencia, está delineando un estatuto para las profesoras (que tal si el genérico lo construimos con la mayoría de un colectivo, como en este caso, donde son más las mujeres, y nos ahorramos el engorro de las repeticiones) equivalente al del servicio exterior o al de los médicos del sistema público. Incluso con más jerarquía porque se les reconoce un estatuto constitucional. Se trata de un derecho llevado a la constitución que libera a las docentes de la sujeción corporativa que subordinaba toda su carrera a la lealtad sindical o al pago a cambio de plazas, cambios de adscripción o ascensos.

Echar atrás la reforma constitucional solo abrogando los cambios de 2013 es estrictamente el regreso al control sindical y a los tejemanejes de las representaciones gremiales con los gobiernos estatales, como quedaron las cosas después del desastre del acuerdo para la modernización de los tiempos de Salinas. Eso es lo que con estridencia reclama la CNTE y en tono menor anhela la mayoría del SNTE: la vuelta a los viejos buenos tiempos de la maestra Elba y sus milagros, con los resultados conocidos en la calidad de la educación de los niños mexicanos.

El próximo gobierno tiene, en cambio, una gran oportunidad para cumplir con la oferta de campaña y quedar bien con el magisterio: la de echar abajo el catastrófico servicio profesional docente creado por la malhadada legislación secundaria y construir uno nuevo. Para ello no es necesario tocar una letra de la reforma constitucional. Lo que se requiere es diseñar un auténtico proceso de carrera para las maestras, donde vayan ascendiendo por su mérito, sí que sientan una amenaza permanente sobre su empleo, ya sea a ser degradadas o a ser despedidas. Un sistema de profesionalización donde sean pares los que evalúen, con base en instrumentos y criterios eficaces y justos diseñados por el INEE. Una carrera donde los resultados de la evaluación sean estímulos y promociones, no el confinamiento al rincón de la escuela con orejas de burro. Un sistema que reorganice la profesión con la participación de sus integrantes en colegios, con comisiones evaluadoras y dictaminadoras para definir las promociones y los estímulos compuestas por docentes.

El eje de la carrera debería ser la promoción en la función, con un sistema de categorías y niveles obtenidos con base en el buen desempeño, no medido con pruebas estandarizadas, o al menos no solo con ellas, sino a partir de la observación del trabajo en el aula y en los resultados de los alumnos a lo largo del tiempo. La promoción debe ser regulada como un derecho, que premia la dedicación, la formación continua, la elaboración de materiales didácticos, el liderazgo en la escuela y la vinculación con la comunidad.

La comunidad docente debe volver a ser reconocida, como lo fue hasta la década de 1960, como benefactora de la sociedad y como fuente de sapiencia colectiva. La carrera de maestra debe adquirir la dignidad de un servicio público muy especializado, muy bien remunerado por su calidad y eficacia. Para lograrlo, se debe propiciar que se comprometan, porque les conviene, con la formación permanente, con la creatividad y la innovación pedagógica; deben dejar de ser seguidoras de manuales y de modelos acartonados obligatorios y deben, sobre todo, dejar de ser clientelas de los líderes sindicales. Esa sería la manera de echar abajo la reforma, pero construyendo un nuevo pacto con las profesoras mexicanas (por supuesto, también me estoy refiriendo a los profesores).