El 85.71 por ciento (102 de 119) de
los programas sociales del Gobierno federal, que representaron una inversión de
620 mil 034 millones de pesos (igual al 72.49 por ciento del presupuesto total
para el rubro en 2018) tuvieron un desempeño inferior al óptimo y/o fueron
opacos.
En
consecuencia, este “fue un sexenio
perdido en términos de desarrollo social”, dijo Alfredo Elizondo, coordinador
de iniciativas de la Agencia para el Desarrollo Social y Cooperación (Gesoc),
durante la presentación del “Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales”
(INDEP) 2018.
El INIDEP, como una herramienta que mide el desempeño
de los programas y acciones federales de desarrollo social, clasifica los
programas en seis categorías.
En el nivel más crítico, denominado
la “caja negra” y que comprende programas que no reportan su avance, que son
opacos y que no tienen impacto medible para su población beneficiaria, hubo
cinco programas equivalentes a más de 6.5 mil millones de pesos.
El año
pasado, no obstante, los programas de la
“caja negra” fueron 26 de 132 evaluados y representaron el 19.1 por ciento del
presupuesto (86.4 mil mdp). Este año, la proporción fue de 4.29 puntos
porcentuales.
Los 39 programas evaluados con
“dispersión de la política social federal” (que llegan a menos del 65 por
ciento de los beneficiarios potenciales) equivalieron, por su parte, a casi
215.3 mil millones
de pesos.
Asimismo, 49 programas tuvieron un “escaso alcance”
(o niveles “mediocres de atención”) y nueve más resultaron “mejorables” (tienen
niveles aceptables de cobertura, pero no cumplen con todos sus objetivos
principales). En total, el Gobierno federal invirtió 398.2 mil millones de
pesos para estos programas.
Sólo 11 tuvieron “alto potencial” de
desempeño (porque fueron adecuados y alcanzan al 80 por ciento de la población)
y seis más un nivel “óptimo” (alta calidad, cobertura y cumplimiento de
objetivos). En conjunto, implicaron una inversión de 235.1 mil millones (o el
27.49 por ciento del presupuesto para 2018).
En general, en una escala de cero (pésimo desempeño) a
100 (calidad máxima), la calificación promedio de los programas evaluados fue
de 61.88 puntos. Es decir que la mayoría pasó “de panzazo”.
Mientras que 45 de estos programas
“reprobaron” en su nivel de desempeño (un año antes hubo 52 reprobados), sólo
tres alcanzaron una calificación superior a 90.
Estos últimos fueron el del “Sistema
Nacional de Investigadores” (92.7), de “Becas de Posgrado y Apoyos a la
Calidad” (92.3) y el de “Producción y Distribución de Libros de Materiales
Educativos” (93.7).
Debido a los
malos resultados, en el marco de un contexto fiscal limitado por la caída de
los ingresos petroleros (desde 2015) y de los elevados niveles de endeudamiento
público, la Gesoc señaló que es
indispensable reestructurar el presupuesto para 2019, con la finalidad de “eliminar
la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias”, de modo que “se
tomen decisiones basadas en resultados”.
En ese
sentido, Gesoc identificó que si bien
para el ejercicio fiscal 2018 se aprobó un aumento presupuestario promedio de
4.52 por ciento a los programas que según el INDEP tienen un alto potencial de
desempeño, también se realizó un aumento presupuestario (4.1 por ciento) de
aquellos programas con nivel de desempeño escaso o que operan en condiciones de
opacidad.
El “escaso uso de evidencia para la
programación y presupuestación de la política de desarrollo social —acusa— se
ha traducido en una ineficiente reducción de los niveles de pobreza” a nivel
nacional.
Según cifras
de Coneval, entre 2015 y 2016, hubo 68
mil 249 personas más en condiciones de pobreza. Con este retroceso, 53.41
millones de mexicanos no tienen, en la actualidad, ingresos suficientes para
sostener una calidad de vida digna.
“El Estado Mexicano tiene la
obligación de atender las carencias que se incluyen en la medición
multidimensional de la pobreza. En ese sentido y en concordancia con el
análisis presentado —explica el INDEP— se estima que se puede considerar un
presupuesto base de hasta 147 mil 488 millones de pesos” para 66 programas que
podrían tener un impacto real, si se realiza una “reingeniería
programático-presupuestal” de los programas y acciones federales destinados a
reducir la brecha de pobreza en el país.
Por lo
anterior, la Gesoc recomienda a la
Cámara de Diputados fortalecer la eficiencia presupuestaria y mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas.
Para ello, considera necesario endurecer las
partidas presupuestarias para los cinco programas opacos que representaron 6.5
mil millones de pesos; blindar los presupuestos de los seis programas óptimos
(20.2 mil mdp); priorizar el incremento presupuestario para los programas con
“alto potencial” de desempeño (que equivalieron a 15 mil mdp, 4.52 por ciento
más que el año pasado); no incrementar el presupuesto de los programas con
desempeños medio, bajo y escaso (que entre 2017 y 2018 tuvieron 4.1 por ciento
más presupuesto); así como plantear una revisión integral de la política social
para evitar los actuales niveles de dispersión.
TRES
PROGRAMAS PRIORITARIOS.
De los más
de 100 programas evaluados, la Gesoc
considera que el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de Pensión para Adultos
Mayores y el de Pensión para Personas con Discapacidad serán indispensables
para la siguiente administración federal.
Para estos
tres programas, el equipo de trabajo del Presidente electo Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) propone destinar 157 mil
840 millones de pesos anuales.
No obstante, para la atención de la población objetivo-mencionada
por el propio equipo de transición, se requerirían 244 mil 908 millones de
pesos para 2019.
Según Gesoc,
“si se considerara la cobertura de la
población potencial de cada uno de los tres programas […] el costo total para
el ejercicio fiscal 2019, únicamente para los tres programas, asciende a 487
mil 743 millones de pesos”.
En ese
sentido, la agencia urgió a la nueva
administración a modificar sus presupuestos estimados en materia de desarrollo
social.
El primer programa, por ejemplo,
cubrirá a 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan de entre 18 y 29
años. La medida consiste en darles un estímulo mensual de 3 mil 600 pesos (o
43.2 mil pesos al año).
AMLO ha declarado que para este
programa destinará 22 mil millones de pesos.
Sin embargo,
la cantidad de estímulos para la
población de beneficiarios potenciales indica que el programa tendrá un costo
anual total de casi 99.4 mil millones de pesos.
Pero según
cifras del Inegi, en México hay 3.9
millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Esto
significa que, para otorgar un subsidio a la población potencial del programa,
el nuevo gobierno deberá contemplar una erogación cercana a 168.5 mil
millones.
Sobre la
Pensión para Adultos Mayores, que busca subsidiar con 1 mil 274 pesos mensuales
(o 15.3 mil pesos anuales por cabeza) a 8.5 millones de personas mayores de 68
años (65 o más en el caso de integrantes de grupos indígenas) sin exceptuar a
los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE, Gesoc también refirió que el
presupuesto estimado se quedará corto.
El nuevo gobierno propone invertir
120 mil millones de pesos por año, mientras que las cifras de montos y
beneficiarios se traducen en un costo anual de casi 130 mil millones.
“Es importante destacar que, si este
programa pretendiera la universalidad, se tendría que cubrir la población total
de adultos mayores, que Conapo en su proyección 2017 calculó en 12 millones 973
mil 411 personas mayores de 60 años, lo cual implicaría un gasto total de 198
mil 337.5 millones de pesos anuales”, se lee en el informe del INIDEP.
En el caso del programa Pensión para
Personas con Discapacidad, que beneficiará a 1 millón de personas con
discapacidad y escasos recursos —sobre todo a menores de edad indígenas— con 1
mil 300 pesos mensuales (o 15 mil 600 pesos anuales), tendrá un costo de 15 mil
600 millones al año (AMLO propone 15 mil 840 mdp).
Sin embargo,
los datos oficiales del “Programa
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”
estiman una población de 7.8 millones de personas. La universalización de este
subsidio implicaría casi 121 mil millones de pesos anuales (poco menos de cinco
mil mdp más que lo que propone AMLO).
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