Francisco Ortiz Pinchetti.
Apenas regresé a la redacción de Proceso luego de casi
cuatro meses de permanecer como enviado de la revista en el estado de
Chihuahua, Julio Scherer García me mandó llamar a su oficina de la planta alta
de Fresas 13.
Agonizaba septiembre de 1986. Nuestro semanario había
sido el único medio de alcance nacional en dar cobertura permanente al proceso
electoral de aquel verano ardiente, incluida la descripción del operativo
montado por el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz para
imponer al candidato priista Fernando Baeza Meléndez mediante un “fraude
patriótico”, la documentación prolija del atropello electoral perpetrado el 6
de julio de ese año, la prolongada y ejemplar resistencia del pueblo
chihuahuense ante la tropelía y la huelga de hambre de 41 días del entonces
alcalde con licencia Luis H. Álvarez. Los directamente agraviados eran el
Partido Acción Nacional y su candidato a la gubernatura, Francisco Barrio
Terrazas. La derecha, se decía.
Por primera vez en su historia, y tal vez única,
Proceso había dedicado siete portadas consecutivas al caso chihuahuense.
Nuestra información fue el sustento documental para la demanda que presentó el
PAN ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió la
primera y única resolución de la historia contra el Estado Mexicano por la probada
vulneración de la voluntad ciudadana en las elecciones del estado más grande
del país, mediante un fraude generalizado.
“Su trabajo ha sido crucial en la trayectoria de
Proceso”, me soltó el director muy a su estilo. “Se acabó la etiqueta de
izquierdistas. Nunca más podrán endilgarnos esa ni ninguna tendencia. Nunca,
don Paco, nunca”. Pocas veces lo vi tan emocionado. Intenté en vano convencerlo
de que era la revista, no yo, la que había logrado semejante repercusión. “Su
trabajo, don Paco, su trabajo”, me replicó mientras me atacaba con uno de sus
abrazos demoledores, golpeadores, antes de literalmente echarme de su despacho,
como era su costumbre.
Siempre fue esa una de sus obsesiones, que no eran
pocas. Mientras ocupó la dirección general, nunca aceptó que el semanario
fundado en 1976 tras el golpe de Luis Echeverría Álvarez contra la dirección de
Excélsior tuviera una tendencia política. Nunca, hay que decirlo, comprometió
la línea editorial del semanario a una ideología.
“Nosotros hacemos periodismo”, decía siempre. De su
pluralidad da idea la variedad de identidades políticas de sus más allegados
amigos. Entre ellos estuvieron lo mismo Jesús Reyes Heroles, Javier García
Paniagua y Carlos Hank González que Adolfo Christlieb Ibarrola y Carlos Castillo
Peraza, Heberto Castillo Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el propio
Andrés Manuel López Obrador.
Julio Scherer Ibarra, el hijo, es esencialmente
distinto. Julito, como se le conoce en el medio, tuvo una larga trayectoria al
amparo siempre del poder priista, el mismo sistema corrupto y antidemocrático
al que desde Proceso Scherer García fustigaba implacable y despiadado. Mientras
el padre golpeaba a los políticos del régimen, el junior ligaba uno tras otros
cargos públicos gracias a los amigos de papá, como Eduardo “El Gordo” Pesqueira
Olea, Everardo Espino o Javier García Paniagua, de quien fue secretario
particular cuando ocupó la Presidencia nacional del PRI. Trabajó también en la
gerencia del ingenio Yautepec, y luego pasó a Nutrimex, de la secretaría de
Agricultura, cuando Pesqueira Olea era el titular. También trabajó en Almacenes
Nacionales de Depósito y fue efímero director de Ruta 100, en el gobierno
cardenista de la capital.
Al amparo de sus relaciones políticas, Julito
incursionó también en el sector privado. Con la recomendación del salinista
Pedro Aspe Armella, fue director de la empresa Consorcio Azucarero Escorpión
(Caze), propiedad del magnate refresquero Enrique Molina Sobrino y se vio
involucrado en 1999 un escándalo derivado de las “exportaciones virtuales”,
falsas, de más de 114 mil toneladas de azúcar.
En las elecciones presidenciales del año 2000, Julito
se convirtió en asesor del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Como
“consejero político” del sinaloense, Scherer Ibarra, abogado por la UNAM, se
dedicaba en especial a cuestiones relacionadas con la información, con los
medios, en mancuerna con Marco Bucio, alineados siempre con Emilio Gamboa
Patrón. Llamaba, visitaba, trataba de persuadir a los columnistas que hacían críticas
al candidato priista. Estaba presente en entrevistas que concedía Labastida
Ochoa, intervenía para cuidar el tono, el sentido de las preguntas de los
reporteros. Utilizaba el nombre de su padre, el prestigio de Proceso –como lo
hizo siempre—para dar mayor fuerza a sus intervenciones.
Derrotado Labastida Ochoa, caído en desgracia el PRI,
Julito buscó entonces cobijo –con una congruencia que lo describe de cuerpo
entero– ¡en el equipo de Vicente Fox! Efectivamente, Scherer Ibarra intentó
colarse al área de comunicación social del futuro gobierno federal. Se atrevió
inclusive a presentar un “hermoso” proyecto sobre el tema. Y al mismo tiempo la
buscó por el lado del sector agropecuario, y hasta logró ser mencionado en
algún medio como integrante del equipo foxista. Hasta que Martha Sahagún lo
paró en seco…. Tiempo después, a raíz de las elecciones de 2006, Julito se
acercó a López Obrador y empezó a trabajar con él como asesor en cuestiones
legales.
A la muerte de Scherer García, acaecida en enero de
2015, Julito se convirtió en accionista de la empresa editora de Proceso, de la
que había sido ya “asesor externo”. Como heredero de las acciones de su padre,
encabezó el consejo de administración de CISA, al que hasta la fecha pertenece.
Tras la apabullante victoria del 1 de julio pasado, López Obrador lo nombró,
hombre de todas sus confianzas, como futuro consejero jurídico de la
Presidencia de la República.
Hablar ahora de la “traición” de Proceso a raíz de la
portada de su número de 42 aniversario, es suponer que la revista fundada por
Julio Scherer García era un medio incondicional y laudatorio de AMLO. Es cierto
que esa imagen proyectó, durante mucho tiempo, sobre todo después de las
elecciones de 2006.
A eso imagen se agregó el nombramiento de Julito en la
Conserjería Jurídica presidencial. Y seguramente quienes ahora detentan la
dirección del semanario sintieron la necesidad de deslindarse del presidente
electo, para salvar su reputación. Marcar su distancia, para preservar su
talante de medio independiente. Lo hicieron sin embargo de la peor manera
posible, periodísticamente hablando. Con una portada editorializada que no
tiene un sustento informativo claro y que AMLO calificó como “amarillista” y
“sensacionalista”. Y el semanario expresó su rechazo a ese “vituperio, indigno
de un hombre de Estado “.
Esto no es nuevo, por cierto. Hace años que la
revista, alejada definitivamente del rigor periodístico que la marcó en sus
primeros 20 años de vida, recurre a este tipo de argucias para presumir una actitud
crítica que no sustenta. Manipula y tergiversa, supone. Lo hicieron muchas
veces para golpear a Vicente Fox Quezada, a Felipe Calderón Hinojosa y a
Enrique Peña Nieto, a decenas de políticos y funcionarios. Nadie por supuesto,
nadie, desde las filas de la llamada izquierda, protestó entonces por esas
deformaciones que realmente traicionaban las normas periodísticas elementales
que Scherer García insistió siempre en respetar. Ahora sí se rasgan las
vestiduras.
Al margen de esas controversias sobre la naturaleza
del quehacer periodístico, sin embargo, lo que es indiscutible es el derecho de
un medio de comunicación a ejercer si libertad de crítica, le guste o no a los
protagonistas políticos que se sienten afectados. Preocupa por eso que el
inminente gobernante de México recurra a la descalificación del semanario que
muchas veces le ha dado voz y apoyo, porque de eso a la censura hay apenas un
tris.
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