Javier Risco.
He dejado constancia en este espacio del pésimo precedente de
participación ciudadana que significó la consulta de la semana pasada para
definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El periodista
Salvador Camarena lo dijo de manera contundente también en las páginas de este
diario: “Todos aquellos que se quejaron de que estábamos ante una farsa de
consulta, no han sabido reconocer que los únicos que creyeron que habría una
consulta legal fueron ellos”; ha habido decenas de análisis y la conclusión es
la misma: la simulación fue lo que jodió.
Sin embargo, he
tratado de explorar a fondo la decisión final –que en realidad fue decisión
tomada desde hace meses–; varios han dicho que se trató de la declaración a
todo un país de que el régimen cambiará, que el sistema que privilegiaba a unos
cuántos no será la constante los próximos seis años y que la cancelación del
aeropuerto es el golpe final a la corrupción del sexenio de Peña Nieto.
El propio López Obrador
lo repitió hace un par de días: “No permitiré la corrupción de nadie. Que se
acabe el huachicoleo arriba y abajo, esto tiene que ver con la confianza que se
les dé a los ciudadanos y con el compromiso de todos de portarnos bien (…) Ya
los contratistas e inversionistas han pedido hablar con nosotros. Vamos a tener
acuerdos y nos vamos a entender sobre la base de que estamos iniciando una
etapa nueva sin corrupción e impunidad, porque ese es el cáncer que está
destruyendo al país. Si acabamos con ello, México se va a convertir en una
potencia”. He ahí el génesis de una lógica que no dejaba otra salida que la
cancelación de la obra más trascendente del sexenio que se va.
La única razón que veo
para tomar una decisión que ha tirado los mercados y que ha puesto al peso
frente al dólar como al inicio de la era Trump, es la ganancia del compromiso
de una nueva forma de hacer negocios con el gobierno que viene. ¿A qué me
refiero? Cortar de raíz un proyecto de ese tamaño con manchas de corrupción es
el mensaje de que no volverá a suceder. Decapito un proyecto de 13 mil millones
de dólares y lo grito al mundo para darles la certidumbre de que se acabaron
los moches, las licitaciones amañadas y el amiguismo como único método de
selección de grandes contratos. ¿Qué significa decirle a una trasnacional que a
partir del 1 de diciembre el margen de corrupción se reduce a cero, o decirle
que nunca más se harán contratos en lo oscurito? He escuchado a decenas decir
que no era la forma, que podía ser menos radical, “limpiar” el proyecto y
seguir su construcción, pero si algo ha mostrado López Obrador es que la
prudencia y los matices no son características de su forma de tomar decisiones,
era todo o nada, él se decidió por el nada y no hay vuelta atrás, su máxima
responde a la teoría del “fruto del árbol envenenado”.
Y es que al margen de los beneficios económicos y
empresariales con los que todos midieron el NAIM, para el que se ostenta como
el Presidente de la cuarta transformación pesaron
mucho más las múltiples caras de la corrupción que mostró el proyecto. Tres
ejemplos:
1. La organización
México Evalúa mostró que el proyecto del NAIM ascendió de 169 mil a 180 mil
millones de pesos (y ahora se habla de un costo de 210 mil millones de pesos),
sin que existan los elementos presupuestales y evaluaciones claras para
sustentar este sobrecosto.
2. Un sobrecosto del
89% de la barda perimetral y que ésta se levantó sin tener un proyecto
ejecutivo. Fue construida por la Sedena y empresas fantasma estuvieron
involucradas, tal como detalló al Auditoría Superior de la Federación.
3. El señalamiento de
que era el propio Gerardo Ruiz Esparza el presidente del Consejo de
Administración de Grupo Aeroportuario, encargado de la administración del NAIM.
¿En serio no brincó el conflicto de interés?
No trato de justificar
la decisión de la cancelación, sólo trato de comprenderla a partir de sus
palabras. Hemos caído ya en una dinámica donde ha dicho tantas veces López
Obrador que va a acabar con la corrupción, que hoy por hoy ya suena a discurso
vacío; no lo es, al menos eso fue lo que rigió la decisión final.
Todo hubiera sido más
fácil si lo hubiera comunicado así desde el principio y no hubiera hecho una
consulta donde nadie decidió y le dio atole con el dedo a sus votantes; nadie tiene
la certeza de cuántos y cómo votaron, aún no se sabe por qué pusieron las
casillas ahí; en fin, ya lo dije, qué necesidad de joder una decisión tan
trascendente con una “consulta”, cuyo resultado fue “lo que dicta el pueblo”.
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