El pasado 1 de
noviembre, el Congreso de Ciudad de México (CDMX) reformó diversas
disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas para obligar al Poder Judicial local a publicar todas sus
sentencias.
En 2015, hubo un
retroceso en este sentido a nivel nacional. El Congreso aprobó la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y le quitó a los jueces la
obligación de difundir sus sentencias. La nueva ley marcaba que ahora la
sociedad tendría acceso a conocer sólo aquellas que fueran de interés público.
Aunque nadie precisó qué quería decir bien a bien ese concepto.
Antes de 2015 existía
una Ley de Transparencia para los órganos federales. Los locales se regían por
las leyes estatales en esa materia. En México, de acuerdo a una investigación
realizada por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en 2015, ninguno
de los 32 poderes judiciales del país cumplía con su obligación de
transparentar sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad,
accesibilidad, completitud y oportunidad, a pesar de tener la obligación legal
de hacerlo. Pero había algunos más transparentes que otros.
Eso acabó después de 2015. Para homologarse con la Ley General de Transparencia, diez
legislaciones estatales redujeron el estándar en cuanto a la obligación de
publicar sentencias: las de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México,
Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
El pasado primero de noviembre la asamblea legislativa de la Ciudad de México le dio un vuelco a eso.
En la Gaceta Oficial se publicó la reforma al artículo 126 párrafo XV para
asentar la obligación de poner a disposición de la sociedad las versiones
públicas de todas las sentencias. Se eliminó la restricción sobre que sean solo
las de interés público.
Para lograrlo, la
asamblea tuvo que buscar darle la vuelta a la obligación de homologarse con la
Ley General de Transparencia y apelar al principio pro persona, explica Luis Fernando Villanueva,
oficial de Proyectos de Transparencia de la organización Equis Justicia para
las Mujeres.
Fue la sociedad civil
la que impulsó el cambio. El 22 de octubre pasado, el colectivo Lo Justo es que
Sepas, del que Equis Justicia forma parte, presentó una propuesta de reforma a
la Ley de Transparencia. En esta se argumentaba que el acceso a la información
es un derecho humano reconocido y regulado por el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el artículo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
También se planteó que
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece, específicamente, el
crear instituciones eficaces y transparentes a todos los niveles; y que,
respecto a la impartición de justicia, la transparencia y el acceso a la
información son particularmente importantes pues permiten a la ciudadanía una
mejor comprensión del sistema de justicia.
Y la modificación a la
Ley se aprobó en CDMX. Esto no es menor. Hay muchas razones por las que las
sentencias deben ser públicas, Luis Fernando Villanueva señala algunas de las
más importantes:
1.- Si las sentencias
no se hacen públicas, no se conocerán las prácticas discriminatorias y llenas
de estereotipos de algunos de los jueces, que afectan sobre todo a las mujeres.
Si solo se conocen las que por alguna razón se vuelven mediáticas, no se pueden
hacer actos de denuncias para que no se repliquen.
2.- No se puede tener
un monitoreo de la labor de jueces y juezas si están en la opacidad sus
sentencias. “Nosotros tenemos ubicado el caso de un juez que resolvió una
sentencia de una forma muy discriminatoria, y ya no pudimos saber cómo resolvió
otras. Pero sí sabemos que actualmente ocupa un cargo de magistrado en la
CDMX”.
3.- Se ha invertido
mucho dinero en implementar unidades de género y en capacitación judicial con
perspectiva de género dentro de los tribunales locales y federales. “Si no
tenemos sentencias, no podemos evaluar si esto está impactando en el actuar
jurisdiccional”.
4.- No se puede
evaluar la impartición de justicia ni la pertinencia de la carrera de jueces y
juezas. “Necesitamos las sentencias publicadas para romper con las prácticas de
nepotismo, amiguismo, los pactos para los puestos. Ya se ha documentado sobre
familias judiciales. Hace falta transparencia para evaluar los procesos del
escalafón judicial”.
5.- Si se conocen las
sentencias se pueden documentar, difundir y replicar las buenas prácticas, por ejemplo,
en perspectiva de género. “Hay sentencias innovadoras y hay que conocerlas para
socializarlas”.
Por todo lo anterior, el colectivo Lo Justo es que Sepas emitirá un posicionamiento a los poderes
judiciales para solicitar que todas las leyes locales de transparencia se
modifiquen al estándar más amplio de protección al derecho humano de acceso a
la información, como en el caso de la ley de Ciudad de México.
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