Sanjuana
Martínez.
Una de las promesas más importantes
de Andrés Manuel López Obrador durante sus años de campaña, fue retirar a las
Fuerzas Armadas de las labores policiacas en las calles y regresarlos a sus
cuarteles.
La militarización de los últimos
sexenios ha dejado un saldo terrorífico. Las denuncias contra las Fuerzas
Armadas se acumulan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en las
comisiones estatales, la Procuraduría General de la República (PGR) y los
ministerios públicos.
Todos ellos han funcionado como
tapaderas de los terribles crímenes cometidos por el Ejército, la Marina y las
distintas policías. Los crímenes de Estado permanecen impunes y los ciudadanos
viven en la indefensión.
Las cifras han demostrado que la
estrategia de mantener a militares y marinos en las calles ha sido un gran
error. En los últimos años más de 7 mil denuncias por graves violaciones a los
derechos humanos se han presentado ante la CNDH contra el Ejército mexicano.
Violaciones que van desde tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas.
Los militares son una casta de
privilegiados por encima de la ley. Los responsables de terribles crímenes
siguen impunes porque el fuero militar los protege. Una mínima cantidad de
criminales con uniforme verde han sido sometidos a la justicia militar y por
consiguiente han recibido el beneficio de ser juez y parte. Finalmente, sólo un
pequeño porcentaje de los militares “enjuiciados”, son encarcelados en
prisiones especiales, algunas similares a un SPA en donde simulan cumplir
mínimas condenas.
El Ejército en las calles ha
significado tener militares con licencia para torturar, desaparecer y ejecutar.
Los militares saben que sus excesos, sus delitos, sus crímenes, jamás serán
juzgados conforme a la ley que rige para todos. Los crímenes de Estado de
Tlatlaya y Ayotzinapa ejemplifican claramente lo anterior.
Lo mismo sucede con la Marina,
institución que acumula igualmente cientos de denuncias. En los últimos meses,
los marinos han desaparecido a más de 90 hombres y menores de edad, en Nuevo
Laredo, Tamaulipas. Los delitos siguen impunes y los familiares siguen
esperando el regreso de los desaparecidos. A esto habría que añadir un largo
historial de ejecuciones extrajudiciales y tortura. La Marina ha tenido centros
de detención clandestinos en gimnasios, lienzos charros y moteles, donde
practica la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, según los testimonios
recabados.
Otros crímenes de Estado han sido
cometidos por la Policía Federal como el de Tanhuato y el de Apatzingán. Los
federales son famosos por participar en la prospera industria del secuestro en
México.
Por todo lo
anterior, sorprende que ahora AMLO
anuncie una Guardia Nacional compuesta por militares. El Plan Nacional de Paz y
Seguridad 2018-2024 contiene una serie de despropósitos que parece haber sido
redactado por simples improvisados.
Sorprende también que con el nefasto saldo de la
militarización en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, AMLO
traicione su palabra y pretenda sostener una estrategia fallida e infame para
los ciudadanos.
Bien sabíamos que sacar a los militares
de sus cuarteles no sería problema, sino volverlos a meter. La guerra contra el
narcotráfico ha significado un gran negocio para los altos mandos de las
fuerzas armadas y generales y almirantes no están dispuestos a irse a sus
oficinas, ahora que están obteniendo los beneficios del presupuesto por tener a
sus tropas haciendo labores policiacas.
Por tanto, si el plan de paz de AMLO está sustentado
en el “pleno respeto y promoción de los derechos humanos”, es incompatible con
la creación de una Guardia Nacional compuesta por militares, marinos y policías
que poseen un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos.
López
Obrador ha prometido reformular el
combate a las drogas reorientando los recursos destinados a combatir su
trasiego y aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación.
Pero para
emprender la anhelada construcción de la paz para México, después de 250 mil muertos y 40 mil desaparecidos, se requiere, una
estrategia de pacificación, no de militarización.
Sorprende también que la creación de la Guardia
Nacional implique la modificación de los términos de la fracción XV del
artículo 76 constitucional y de otras disposiciones legales y que digan que la
misma actuará de forma semejante a la temida y siniestra Guardia Civil de la
España franquista que aún opera debido a un fallo de la transición democrática
de ese país.
“Los efectivos de la Guardia Nacional
provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual policía
federal”, dice el texto publicado por el Presidente electo. Añade que también
se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la
formación de este nuevo cuerpo de seguridad, en planteles militares y cuya
formación dependerá del Sistema Educativo Militar.
Los defensores de la nueva
militarización en México auspiciada por un Gobierno supuestamente del cambio
como el de AMLO, argumentan que se hará una limpia de malos elementos y se les
preparará en el respeto de los derechos humanos. Quiero recordarles que eso
mismo dijo Calderón y Peña Nieto para justificar la presencia de los militares
en las calles.
La Guardia
Nacional se puede convertir en el primer
gran error garrafal de AMLO. Sus consecuencias son claras: mayor número de
muertos, mayor número de graves violaciones de derechos humanos y mayor número
de crímenes de Estado.
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