La paralización de los proyectos de
infraestructura por los casos de corrupción es un dilema que hace cada vez más
pobre a Latinoamérica, por lo que se deben adoptar nuevos mecanismos para
evitarlo, dijo hoy el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
El estancamiento en la mayoría de los
casos se debe a que se impone la nulidad de los contratos de las obras en
ejecución, una sanción que afecta tanto a “justos como a pecadores”, declaró el alto ejecutivo que
participa de un foro de transparencia en Panamá.
“En casi la mitad de los países de la
región hay investigaciones en marcha por la corrupción en proyectos de obras
públicas, además un número importante de políticos y empresarios de la
construcción cumplen procesos penales, y varios de ellos condenas”, expresó.
Moreno indicó que la transparencia e integridad
actualmente son una máxima prioridad en la agenda política de la región, pero
el ejercicio de la penalización no deja de ser difícil e indispensable para las
democracias.
“La principal consecuencia de esta
crisis es que muchos de los países han paralizado inversiones, y de la mano, la
ejecución de muchos proyectos de obras públicas, esto es grave porque
necesitamos modernizar nuestra infraestructura para desarrollarnos y tener más
productividad”,
manifestó.
El directivo
explicó que Latinoamérica tiene que
invertir un 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en infraestructura,
pero en las últimas dos décadas solo se ha realizado la mitad; sin embargo,
expuso que países de Asia invierten un 8 por ciento de su PIB.
“No solo nos estamos quedando atrás, la
paralización de las obras nos esta haciendo más pobres”, advirtió Moreno en la inauguración del I Foro
para Fortalecer el Diálogo Regional en Materia de Transparencia en la Inversión
y Proyectos de Infraestructura.
Citó como ejemplos de paralización
por casos de corrupción a naciones como Colombia, que cuenta con varios
proyectos valorados en millones de dólares que no han sido terminados por estar
en procesos de litigios.
De igual
forma está Perú, cuyo Gobierno calcula que hay proyectos pendientes de
ejecución por más de 9 mil millones de dólares, a la vez contabilizan la
perdida de miles de empleos y decenas de empresas en quiebra.
En el caso
de Brasil, las obras paralizadas por irregularidades totalizan unos 27 mil
millones de dólares, una cifra que supera el PIB de un país como El Salvador.
“Estas paralizaciones se producen
porque la mayoría de los países exige que ante hechos de corrupción en obras
públicas se anulen los contratos, el principio es claro, la corrupción no debe
ser rentable; el problema es que la nulidad trae consigo un efecto derrame que
castiga a muchas personas”, señaló Moreno.
Enfatizó que para salir de esa trampa
se deben hallar respuestas complementarias a la nulidad que castiga a los
corruptos, pero que también permita la continuidad de las obras.
El
presidente informó de que el BID
presentará mañana viernes, un informe con las recomendaciones de expertos para
abordar la transparencia y la corrupción en los proyectos de construcción. En
el documento recomiendan esquemas para separar la parte dañada de contrato,
sistema de contraloría social, y sanciones.
“Nuestro objetivo es analizar el
impacto económico de esta crisis y buscar respuesta que sirva para remediarla y
prevenirla (…), la infraestructura no es solo clave para el desarrollo de economías,
sino una herramienta indispensable para mejorar vidas, y ningún país puede
darse el lujo para mantenerlas paralizadas”, reflexionó Moreno.
Junto a
Moreno asistió al evento el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la
vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, la
procuradora general de la Nación, Kenia Porcell y la gerente del BID para
Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití, Verónica Zavala.
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