La 'pax' corrupta.

Salvador Camarena.

En la primavera de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango transfirió poco más de 94 millones de pesos a Despacho de Profesionistas FAGA y a Servicios y Asesorías SINNAX, empresas que formarían parte del esquema de desvío a campañas del PRI conocido como Operación Safiro.

En otras palabras, y de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dada a conocer ayer, el gobierno (es un decir) de Durango del priista Jorge Herrera Caldera dio a su partido dinero originalmente destinado a enfrentar a la delincuencia que azotaba a los durangueses. El monto global de esos desvíos, según ha podido establecer MCCI, sería de 200 millones de pesos.

La primera revelación periodística sobre los alcances en diversos estados de la Operación Safiro la dio a conocer The New York Times, en diciembre pasado. Tras esa publicación, el actual gobierno federal (no hace falta subrayar que “es un decir” cuando hablamos de los tiempos de Peña Nieto) estuvo más preocupado todos estos meses por arrebatar a Chihuahua (donde se desviaron 246 millones de pesos) tanto la mano en la investigación, como la tutela del preso mayor relacionado con este escándalo, que no es otro que Alejandro Gutiérrez, quien en el momento de los depósitos fungía como secretario adjunto del PRI.

Por esa razón, entre otras, la llegada de un nuevo gobierno a la presidencia de la República habría llevado a más de uno a pensar que la Operación Safiro sería investigada con mayor ímpetu, dada no sólo la cantidad de indicios que se han ido presentando en la prensa, sino lo flagrante del esquema y su enorme escala (involucra al menos 650 millones de pesos desviados en siete estados).

Pero hoy tal esperanza es vana o de plano ingenuidad. El presidente electo ha fraguado esta semana el molde de una impunidad para los delitos que se hayan cometido previamente a su llegada a Palacio Nacional el 1 de diciembre.

Lo adelantó en Tercer Grado el lunes, lo machacó con Ciro Gómez Leyva y lo detalló con Carmen Aristegui.

Así lo dijo AMLO el lunes: “Si lo argumento se va a entender mejor. Es tanta la corrupción en México, que no nos alcanzarían las cárceles ni los juzgados, pero, además, si somos honestos, como lo somos, tendríamos que empezar por los de arriba… de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación. Entonces tenemos que tomar la decisión. Yo no quiero hacer lo mismo, no quiero simular, no me gusta la espectacularidad en la política…

-Denise Maerker: ¿Agarrar a uno o dos?

-AMLO: No, tendríamos que ir hacia arriba y sería… pues un acto de confrontación muy fuerte, o sea, y es apostar a la discordia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, mi planteamiento, mi propuesta, es vamos a iniciar una etapa nueva. Vamos a dejar atrás la horrible historia de corrupción. El sueño o la pesadilla. Para acabar con la pesadilla…”

A Aristegui le dio un poco más de detalles sobre los demonios que una persecución judicial de grandes actos de corrupción desatarían, pero en esencia, desde su comparecencia en Televisa, López Obrador dejó entender que él cree que lo que nos conviene es la pax corrupta.

Argumenta que no quiere confrontación, pero también se puede deducir que a) el próximo presidente duda de las actuales capacidades institucionales para armar buenos expedientes, así que prefiere no gastar su capital en perseguir sin éxito a peces gordos, y b) que, en última instancia, dado que la corrupción es el sistema (Zaid dixit), el presidente que abra esa caja de Pandora pudiera terminar –a la Brasil– atrapado en la telaraña.

En suma, bajo el pretexto de evitemos la crispación, López Obrador quiere vacunarse contra el bochorno de ver cómo abogados bien pagados le impiden procesar a nadie y en una de esas hasta se la reviran.

En el país donde la pax narca intentada en el peñismo nos trajo más muertos, ¿qué se puede construir sobre la idea de una pax corrupta?

Quienes dentro de la Operación Safiro quitaron a los duranguenses fondos que originalmente eran para seguridad, cometieron un doble agravio. No sólo robaron, sino que traicionaron a una población que paga impuestos para que –hay que repetirlo– el Estado le proteja de amenazas.

Sea usted de Durango o no, por qué va a tolerar que se perdone y archive esa traición a la ciudadanía, esa decisión criminal de privilegiar las campañas electorales del PRI por sobre la seguridad de una población.

Porque la corrupción en México no es algo que 'sólo' implique que alguien se embolse dinero. Es una decisión de un ente de poder para beneficiarse particularmente en detrimento del bienestar general.

Ello provoca muertes, descalabros en economías familiares, desigualdad y desánimo social. La pax corrupta es una contradicción etimológica. Nadie perdona a quien no se ha arrepentido, nadie olvida a quienes le traicionaron, si lejos de pagar por sus crímenes vivirán durante generaciones a costa de ellos. Nadie encuentra la paz dentro del agravio.

La invitación de AMLO no tiene futuro. Y no será el primer afectado, sino la población, si pretende seguir por ese camino. Sólo abonará a que la crispación aumente en el tiempo, y a que más delitos –surgidos de la impunidad– abonen (más) al desencanto con la democracia.

Eso lo pagará López Obrador. Y con él, todos.