La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) advirtió
en su revisión de la Cuenta Pública de 2017 que la Secretaría de Educación
Pública (SEP) lleva 11 años financiando un programa de rescate financiero para
universidades públicas de los estados que no pueden pagar sus jubilaciones y
pensiones, sin saber qué tanto contribuye a solucionar estos problemas y sin un
plan para determinar por cuántos años será necesario hasta que las
instituciones sean autosuficientes.
En 2017, la SEP repartió entre 28 universidades
589.3 millones de pesos, “sin que la dependencia pudiera determinar en qué
medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros de las UPES
(Universidades Públicas Estatales) para el pago de pensiones y jubilaciones y
lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar recursos de forma
inercial”, y esto sin conocer el beneficio para los poco más de 200 mil
trabajadores de las universidades con derecho a pensión, según consignó la ASF
en la auditoría de desempeño 2017-0-11100-07-0139-2018.
A valor
presente, la deuda de estas
universidades ascendería a 1 billón 269 mil 694.3 millones de pesos, y gracias
a la reestructuración financiera que el gobierno federal promovió, se logró
ahorrar el 62.2%. Aun así, por cada 10 pesos que las instituciones están
obligadas a pagar, el fondo de apoyo federal tiene sólo 4.1 pesos, de acuerdo
con la ASF.
El programa tiene deficiencias, según
la Auditoría, desde sus reglas de operación. Por ejemplo, no está previsto
cuánto es lo máximo que le puede dar a cada universidad ni por cuánto tiempo,
ya que no hay un plan de hasta cuándo necesitarán ese dinero extra para
solucionar sus problemas financieros.
Tampoco se ha buscado que las
universidades tengan fuentes alternativas de ingresos para que sus deudas
lleguen a ser viables. El programa no se ha asegurado de que haya coordinación
entre dependencias y entidades para evitar duplicidades, no hay mecanismos de
seguimiento para decidir si se ajusta o se cancela y, por si fuera poco, no hay
garantías de que el dinero haya ido a parar únicamente a las universidades.
No sólo la SEP incumplió sus
obligaciones, sino también las universidades beneficiarias. De las 34 que
pueden recibir apoyos, sólo 28 presentaron sus proyectos financieros para tener
el apoyo. De ellas, 12 no pusieron metas de reducción de su propio déficit, y
las otras 16 sí lo hicieron, pero sin enfocarse en hacer reformas o buscar
maneras de resolver sus problemas financieros.
La ASF no detalla cuáles son las 28 universidades
que recibieron dinero el año pasado, pero entre las que ya han sido ayudadas en
otras ocasiones están las Autónomas de Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán,
Zacatecas, del Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa y de Morelos. También
la Universidad de Colima, de Guadalajara, de Guanajuato, de Sonora, la
Universidad Michoacana, la Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Sonora.
No es la primera vez que la Auditoría
señala deficiencias en este programa. En 2014, reclamó que no se había
garantizado la aplicación y comprobación del dinero entregado, ni había
consecuencias en caso de incumplimiento, y que los estados ni siquiera habían
abierto las cuentas bancarias específicas para administrar esos recursos. En
2015, repitió la observación a que las entidades no abrían las cuentas
bancarias, y reprochó una falta de transparencia y publicación de informes
trimestrales.
“Para 2017, la SEP careció de la evidencia documental
para demostrar que efectuó el seguimiento financiero de la aplicación de los
recursos asignados exclusivamente en aquellos rubros autorizados y en los
términos establecidos en los convenios suscritos con las UPES. Cabe señalar que
con la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 la ASF observó los
mismos hallazgos a la SEP, los cuales no han sido corregidos”, recordó el
informe.
Por todo
esto, en sus conclusiones la Auditoría
Superior recomendó que la SEP replantee el diseño del programa y su
implementación.
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