Joaquín Díaz
Morales tenía 70 años y durante varios
años luchó contra un grupo de personas que posteriormente se apoyaron en un
grupo delictivo, para defender la tierra de su comunidad.
El asesinato
de uno de los líderes del ejido generó
el desplazamiento forzado de la comunidad, de por lo menos tres familias más de
las que ya habían huido desde 2015, por amenazas.
Habitantes del ejido hablaron con
Apro para dar a conocer que la situación es insostenible. Han denunciado en
diferentes ocasiones y no pasa nada. Díaz Morales había señalado a las
autoridades, quiénes lo habían amenazado.
La Fiscalía
Zona Sur informó que el hombre fue
asesinado de dos balazos, uno en el maxilar derecho y otro en el lado izquierdo
del cuello.
Díaz Morales
fue localizado en el Arroyo del Agua, en
un camino de terracería que va de la cabecera de Guadalupe y Calvo a Mesa de
San José, en el interior de una camioneta pick up marca Ford, Línea Ranger,
modelo 1996, color guinda y placas ED37290.
Historia del
conflicto.
Los ejidatarios del Tule y Portugal
recibieron el predio en 1959 y todo transcurrió con calma hasta 2014. Aquel
año, los habitantes de un rancho que colinda con un predio llamado Mesa de San
José, comenzaron a ser víctimas de agresiones verbales por vecinos de un rancho
ubicado en los límites del ejido que colinda con otro terreno particular
llamado también Mesa de San José, que tenía como propietario a Pedro Ruiz. Ese
predio está intestado.
En 2015 llegaron hombres desconocidos
a la región, acompañando a hijos de Arturo Ruiz, quien es nieto del propietario
del predio particular mencionado. Asesinaron al comisariado ejidal, Crescencio
Díaz Vargas, quien vivía en la Mesa de San José y sus tierras colindaban con
las de ese terreno intestado.
Con ese homicidio, varios pobladores
decidieron abandonar sus tierras por temor a que también los asesinaran. “Los
asesinos estaban amparados por el grupo del crimen organizado que predomina en
ese lugar”, cuentan los vecinos del lugar.
Pasaron seis meses y decidieron
demandar a Arturo Ruiz Portillo por despojo, porque se había adueñado de las
tierras abandonadas y de otras que les “retiraron” a los Ruiz que aún vivían en
ese lugar.
En el 2016, citaron a Arturo Ruiz y al presidente del
comisariado para tratar de solucionar el problema, pero todo empeoró: les
pidieron a ambas partes pruebas de que son dueños de las propiedades.
Al ejido le pidieron una pericial
topográfica que entregaron de inmediato. A Arturo Ruiz le pidieron una prueba
pericial para demostrar que es dueño del predio, pero no la presentó.
Les prometieron turnar el caso al
Ministerio Público, pero pasaron dos años y no lo hicieron. Este año, los
ejidatarios preguntaron por qué no turnaban el caso y citaron de nuevo al
demandado.
Arturo Ruiz se molestó y amenazó de muerte a varios
ejidatarios, entre ellos a Joaquín Díaz.
Pasados 22 días privaron de la
libertad al ejidatario quien fue hallado muerto el 27 de octubre pasado.
Las amenazas comenzaron a partir de
2014 y los habitantes han dado aviso a las autoridades, sin que hasta ahora les
den solución.
“Actualmente han dejado abandonadas
sus parcelas, al menos tres familias por miedo a que regresen los asesinos y
lleguen a matar a más gente, como lo han advertido. Dieron nombres de los que siguen”, agregaron los entrevistados.
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