Los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México recibirán un bono de 16.7
millones de pesos por el desgaste físico, de salud y emocional derivado de su
trabajo, de acuerdo
con información publicada en Reforma.
Los funcionarios
recibirán este pago previo a que elijan a su próximo presidente.
Sólo serán magistrados y consejeros quienes obtengan
este bono. En total 73 personas se verán
beneficiadas, por lo que en promedio cada uno obtendrá 229 mil pesos, esto
indica el Acuerdo número: V-36/2018 citado por el diario.
Los magistrados
elegirán hoy al nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia capitalino,
actualmente precedido por Álvaro Augusto Pérez, quien busca reelegirse y
compite con los candidatos Manuel E. Díaz Infante, Rafael Guerra Álvarez,
Rosalba Guerrero Rodríguez y Celia Marín Sasaki.
Cada cuatro años, cuando se elige a un nuevo titular
de la institución, se reparten bonos
económicos a magistrados y consejeros, señaló al diario un juez, quien denunció
que estos se dan sólo a ciertos trabajadores sin importar que las cargas de
trabajo sean mayores para otras áreas.
SinEmbargo expuso
desde el pasado 25 de octubre la entrega de estos bonos, fuentes al interior de
la máxima sede judicial de la capital del país dijeron a este diario que Álvaro
Augusto Pérez Juárez regaló más de 16 millones de pesos a magistrados y
consejeros para facilitar su posible reelección.
El mes pasado, los 79
magistrados –incluido Pérez Juárez– que componen el pleno del Tribunal y los
siete consejeros del pleno del Consejo de la Judicatura capitalino, recibieron
193 mil pesos por cabeza. Este “bono sorpresa” les llegó a un mes de la
conclusión del mandato de Pérez y a dos de la elección del nuevo titular del
Tribunal.
“Obviamente tuvieron su
golpe certero los 193 mil pesos”, dijeron las fuentes. La
semana pasada, 42 magistrados avalaron, por medio de una votación, que el
actual presidente del Tribunal pueda participar en las próximas elecciones. Con
esta mayoría –explicaron– su reelección sería una realidad.
Le erogación del bono
implicó el uso indebido de recursos provenientes de un fideicomiso para la
salud de los trabajadores de confianza (secretarios de acuerdos, actuarios,
proyectistas, entre otros) del que magistrados y consejeros no son
beneficiarios. Un fideicomiso alimentado por las aportaciones de los
trabajadores, creado para “nivelar” sus sueldos y darles prestaciones
adicionales a las de la Ley.
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