MCCI documenta financiamiento ilegal al PRI a través de empresas fantasmas

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió este miércoles una investigación sobre el presunto desvío de cerca de 650 millones de pesos para financiar campañas del PRI en cinco entidades del país y una demarcación territorial de la Ciudad de México, a través de un esquema parecido al de caso Chihuahua que tiene confrontados al gobernador Javier Corral y a el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su investigación, los periodistas Raúl Olmos, Valeria Durán y Ricardo Alvarado descubrieron que para ello las autoridades utilizaron 12 empresas fantasmas y que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue omisa al respecto.

A continuación, se reproduce íntegramente la investigación periodística:

Autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.

Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.

El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos.

En aquella revelación, se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma.

Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.

De acuerdo con testimonios ministeriales de ex funcionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.

Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.

Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).

El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priista Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.

En el caso del Edomex, no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el Gobierno de esa entidad ocultó información de contratos.

Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.

Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango.

Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.

“Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad”, señaló en su testimonio.

Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.

Gutiérrez estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018. Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso.

Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en 7 estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, comprobó MCCI en un recorrido.

El principal prestanombres es José Juan Saliano González, un ex agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenido por robo en octubre de 2016 junto con otros dos policías que también figuran como beneficiarios de transferencias en la red fantasma, de acuerdo con los documentos revisados por los reporteros.

MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como prestanombres.

MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como prestanombres.

Dispersan el dinero en más empresas fachada.

En la investigación de MCCI se descubrió que los prestanombres son accionistas de más empresas que fueron utilizadas para dispersar una porción del dinero transferido por los gobiernos estatales.

Por ejemplo, el 7 de abril de 2016 el Gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos a cuatro cuentas en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron.

A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, sus parientes y amigos. Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales.

Es decir, el dinero pasó de mano en mano, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final.

Por citar un caso: el 7 de abril de 2016 el Gobierno de César Duarte transfirió 90 millones de pesos a la cuenta en Santander de Despacho de Profesionistas Futura SA de CV por un software que nunca entregó.

Al día siguiente, la falsa proveedora del Gobierno chihuahuense transfirió 40 millones de pesos a Publicidad Recrea, Servicios y Asesorías SISAS, Publicidad ICON, Pragmatics y Constructora Franfeca, todas empresas que comparten como accionistas a vecinos de zonas populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Tres días después (el 11 de abril), otros 36 millones de pesos fueron transferidos a seis empresas vinculadas entre sí: SINEX, Franfeca, Publicidad Recrea, Comercializadora Vezcu, Publicidad ICON y Constructora Invelco. Y a los dos días se efectuó una tercera tanda de transferencias, esta vez por 7 millones de pesos a Asesorías SAMEX y Constructora Tocap, otras dos empresas de la misma red de prestanombres.

La accionista de Futura es la esposa de un ex policía del Estado de México arrestado en octubre de 2016 por robo, que tiene su casa en una zona popular de Azcapotzalco; en las demás empresas aparecen dos de sus hijos, una cuñada y una prima, así como dos hermanos que residen en una colonia marginal, en lo alto de una loma de la delegación Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México.

En menos de una semana –del 8 al 13 de abril- fueron dispersados a través de empresas fachada 83 millones de los 90 millones de pesos que había pagado el Gobierno de Chihuahua a la empresa Futura por servicios inexistentes.

Operaciones similares de dispersión de fondos a empresas fachada se hicieron con otros tres pagos por 156 millones de pesos que el Gobierno de César Duarte realizó a Servicios y Asesorías SINNAX, SAMEX y SISAS por cursos que jamás se impartieron.

Ocultan pagos millonarios en Sonora.

En reportes financieros y otros documentos consultados por MCCI consta que el Gobierno de Sonora transfirió en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños el ex agente del CUSAEM arrestado por robo y cuatro miembros de su familia.

Sin embargo, la administración de la priísta Claudia Pavlovich ocultó información, pues en respuesta a peticiones de información sólo reportó haber realizado cuatro pagos por apenas 580 mil pesos a 2 firmas de la red fantasma.

Según los documentos consultados, los pagos de Sonora fueron realizados al mismo tiempo que los del gobierno de César Duarte en Chihuahua, en abril de 2016.

Además, en Sonora se utilizaron tres de las cuatro empresas que usó Duarte para presuntos desvíos electorales.

Por ejemplo, desde la cuenta 012760004481069910 de BBVA Bancomer el gobierno sonorense realizó 7 transferencias entre el 11 y el 26 de abril de 2016 por 21 millones 544 mil pesos a favor de la cuenta 65505304146 de Banco Santander, a nombre del Despacho de Profesionistas Futura.

Hubo un desembolso adicional a Futura, por 5 millones 917 mil pesos, que el Gobierno de Sonora realizó a través de la Comisión de Ecología por concepto de asesoría, según consta en dos órdenes de pago.

El gobierno de la priísta Claudia Pavlovich transfirió en total 27 millones 461 mil pesos a Despacho de Profesionistas Futura, la misma empresa fantasma utilizada por César Duarte en la llamada Operación Safiro para el desvío de dinero para campañas del PRI.

Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS, otras dos empresas a las que el Gobierno de Chihuahua les transfirió 101 millones de pesos en la misma Operación Safiro, también recibieron pagos millonarios de Sonora.

En los documentos consultados por MCCI se localizaron 6 transferencias bancarias de la Secretaría de Hacienda de Sonora a favor de SINNAX por 23 millones 434 mil pesos y otros 5 depósitos por 16 millones 100 mil pesos a la cuenta de SISAS en banco Santander. Todos esos pagos se efectuaron en abril de 2016.

Otras tres empresas de la misma red, que comparte domicilios y prestanombres, recibieron más transferencias desde la misma cuenta de BBVA Bancomer del Gobierno de Sonora: Comercializadora Fing, con 9 depósitos por 28 millones 901 mil pesos; Despacho de Profesionistas Faga, con 10 transferencias por otros 28 millones 483 mil pesos y Constructora y Abastecedora Cofex, con 7 pagos por 15 millones 685 mil pesos.

MCCI solicitó vía transparencia copia de los contratos otorgados a esta red de empresas, pero el Gobierno de Sonora ocultó la información. En sus respuestas dijo que sólo había localizado cuatro asignaciones directas por montos mínimos: tres a Comercializadora Fing por 250 mil pesos como proveedor de la Secretaría de Seguridad y uno por 330 mil pesos a favor de Servicios y Asesorías SAMEX, para dar talleres y conferencias.

MCCI consultó al área de Comunicación Social del Estado de Sonora, quienes negaron todo vínculo contractual directo con las empresas mencionadas.

La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora se limitó a añadir que como parte de su política de integridad, el Gobierno del Estado garantiza y vigila que se presten los servicios contratados y que se acredite documentalmente que se cumplieron con las contrataciones.

Sin embargo, respecto a los más de 140 millones de pesos destinados a este grupo de empresas, ellos negaron que existieran dichas contrataciones.

Desfalcan fondo de seguridad en Durango.

Durango es el segundo estado con mayores desvíos vinculados a la llamada Operación Safiro. En 2016 los desvíos a cinco empresas de esta red sumaron 230 millones 400 mil pesos.

En reportes financieros consultados por MCCI se documentó que entre el 1 de marzo y el 25 de mayo de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango transfirió 94 millones 392 mil pesos a dos cuentas en Banco Santander a nombre de Despacho de Profesionistas FAGA y Servicios y Asesorías SINNAX; ésta última empresa había sido utilizada en esos días por el Gobierno de César Duarte para el presunto desvío de recursos públicos a las campañas del PRI.

Según la Fiscalía de Durango, los desvíos en el Consejo de Seguridad suman 200 millones de pesos a través de las mismas empresas que utilizó el ex dirigente priísta Alejandro Gutiérrez en el estado de Chihuahua. Sin embargo, la dependencia se negó a entregar copia de los contratos o de los documentos de pago, por lo que no fue posible determinar los nombres de todas las compañías involucradas.

Lo que sí confirmó la Fiscalía es que, al igual que en Chihuahua, el dinero desviado en Durango procedía de una partida federal extraordinaria para proyectos de seguridad.

Por el desvío de estos 200 millones a empresas que simularon servicios fueron arrestados el pasado 1 de octubre el ex secretario del Consejo de Seguridad de Durango, Juan Carlos Ascencio Pérez, y su administradora, Liliana Vázquez Morales.

Además de los desvíos en el fondo de seguridad, la administración del ex gobernador priísta Jorge Herrera Caldera asignó entre abril y mayo de 2016, nueve contratos de obra a tres empresas de la misma red fantasma por 30 millones 400 mil pesos, de acuerdo con documentos proporcionados a MCCI por la Secretaría de Finanzas de Durango.

Constructora y Abastecedora Casmex, Servicios y Asesorías Pragmatics y Servicios Empresariales 3M recibieron, cada una, tres contratos para realizar análisis y proyectos ejecutivos de obra.

A Pragmatics, por ejemplo, se le encomendó elaborar dos análisis costo-beneficio de la segunda etapa del corredor vial norte de la ciudad de Durango, del segundo periférico de Gómez Palacio y de tres caminos rurales.

Casmex y Servicios Empresariales 3M tuvieron a su cargo elaborar los proyectos ejecutivos del distribuidor Colosio, de dos cruceros en el corredor vial norte y de la modernización de un tramo de la salida Mazatlán, en el municipio de Durango.

Las empresas no tenían capacidad para cumplir los contratos. Servicios Empresariales 3M registró su domicilio fiscal en la casa de un barrio marginal de la delegación Magdalena Contreras, mientras que Casmex se dio de alta en una casa sola de la colonia El Sol, en Neza; Pragmatics, por su lado, ocupaba un despacho de oficinas virtuales en Tlalnepantla. Estas dos últimas figuran en la lista negra del SAT, por simulación de operaciones.

Desvíos desde el Congreso de Morelos.

El Congreso de Morelos también hizo transferencias por 16 millones 404 mil pesos a seis empresas fantasma, entre ellas tres utilizadas por César Duarte en la Operación Safiro, de acuerdo con documentos consultados por MCCI.

Las transferencias se efectuaron a cuatro cuentas de Banco Santander y una de Banorte a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionistas Futura, FAGA, Constructora y Abastecedora COFEX y Novanight SA de CV, cuyos supuestos dueños son un ex policía del Estado de México y sus parientes.

Un primer depósito por 3 millones 182 mil pesos se realizó el 20 de noviembre de 2015 a la cuenta 65505303950 en Santander, a nombre de la empresa FAGA. Ese mismo día, el Congreso morelense transfirió 1 millón 449 mil 700 pesos a la cuenta 65505303811 de SINNAX, en el mismo banco.

En diciembre hubo una pausa, y las transferencias se reanudaron el 19 de enero de 2016, esta vez por 1 millón 840 mil pesos a favor de FAGA.

El 16 de febrero hubo una nueva tanda de depósitos por 3 millones 590 mil pesos a las cuentas en Santander de FAGA y SAMEX, y al mes siguiente una cantidad idéntica a las mismas empresas.

El Congreso morelense transfirió otros 2 millones de pesos el 16 de marzo a la cuenta 413881577 en Banorte, a nombre de Novanight.

En la información consultada por MCCI se constató que hubo transferencias a través de un fondo creado y operado por los diputados locales para supuestas obras gestionadas por ellos mismos para sus distritos.

Por ejemplo, el 22 de abril de 2016 se transfirieron 479 mil pesos del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos a la cuenta 65505303995 en Santander, a nombre de Constructora y Abastecedora COFEX por concepto de “materiales diversos, construcción y rehabilitación”.

Días antes, desde la cuenta 012540001037884827 de BBVA Bancomer, el fondo del Congreso morelense había transferido otros 218 mil pesos a la cuenta 65505304146 de Santander, cuyo titular era el Despacho de Profesionistas Futura, una de las empresas fantasma utilizada ese mismo mes en el presunto desvío electoral de Chihuahua.

El mencionado fondo tuvo una vida efímera, pues se creó el 25 de noviembre de 2015, al inicio de la anterior legislatura morelense, con un presupuesto de 81 millones de pesos y fue extinguido el 29 de agosto de 2018, dos días antes de que los diputados concluyeran su periodo.

Los legisladores locales ocultaron la información de los pagos realizados a la red de empresas fantasma.

Desde agosto de 2018 se presentaron solicitudes de información, y tras vencerse el plazo para la respuesta, la unidad de transparencia del Congreso de Morelos ni siquiera había reportado de recibido las peticiones.

Colima compartió ‘fantasmas’ de Chihuahua.

Servicios y Asesorías SINNAX y SISAS, dos de las empresas fantasma utilizadas por Chihuahua para operar el desvío de fondos para supuestamente financiar campañas del PRI, también recibió transferencias del Gobierno del Estado de Colima, según los reportes financieros consultados por MCCI.

El 26 de mayo de 2016, la administración entrante del priísta José Ignacio Peralta (tomó protesta en febrero de ese año) realizó dos transferencias por 3 millones 163 mil 896 pesos a la cuenta 413881595 de Banorte, cuyo titular era la empresa SINNAX.

Ese mismo día, el gobierno colimense envió 2 millones 174 mil pesos a la cuenta 413881607 del mismo banco, a nombre de SISAS.

La primera empresa tiene como accionista al ex policía del Edomex y la segunda a su hija, con domicilio en una casa de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Ambas firmas han sido señaladas por el SAT por operaciones simuladas.

Hubo una tercera empresa vinculada con las anteriores, que también recibió transferencias del gobierno colimense.

Se trata de Novanight SA de CV, que recibió cuatro transferencias en marzo de 2016 en la cuenta 413881577 de Banorte, por 9 millones 803 mil pesos. La administradora de esta empresa es Sandibel Gallardo, pariente del policía, y residente en el barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec.

En total, Colima transfirió 15 millones 142 mil pesos, aunque en peticiones de acceso a la información el Gobierno de aquel estado negó haber realizado pagos o firmado contratos.

También el Edomex y Milpa Alta.

La red fantasma también tuvo operaciones en el Estado de México, en donde seis empresas tenían su domicilio fiscal.

La anterior administración, a cargo de Eruviel Ávila, contrató a Comercializadora Fing SA de CV, una de las empresas creadas por un ex policía arrestado por robo.

En el informe de la cuenta pública de 2016 aparece un saldo a pagar a corto plazo por 488 mil 900 pesos a favor de Comercializadora Fing, por parte del Régimen de Protección en Salud del Edomex, que es el órgano encargado de incorporar al Seguro Popular a la población que carece de seguridad social.

MCCI solicitó al Gobierno del Edomex copia de los contratos y documentos de pagos otorgados a las empresas de la red fantasma, pero en su respuesta aseguró que la información era inexistente, pese a que hay evidencia documental de que, al menos, se tuvo como proveedor a Fing en 2016. El monto real y el concepto del contrato permanece oculto.

En la alcaldía de Milpa Alta, ubicada al sur de la Ciudad de México, utilizó a dos empresas de la red fantasma para simular licitaciones, además de que al menos a una de ellas se le asignaron contratos.

El 16 de septiembre de 2016, la directora de adquisiciones de la delegación, Leslie Hernández Barranco, envió cartas a Constructora Invelco y Constructora y Abastecedora Cofex para pedirles cotizaciones para participar en una licitación por invitación para el suministro de mezcla asfáltica.

Invelco presentó una propuesta de 5 millones 555 mil pesos, mientras que Cofex cotizó el servicio en 5 millones 364 mil pesos. El contrato se asignó a Ansof Comercializadores, una firma de la Ciudad de México que presentó una postura más barata.

Las tres mismas empresas fueron convocadas para otras dos licitaciones, y una vez más tanto Invelco como Cofex perdieron ante Ansof, que obtuvo los contratos con una cotización de 3 millones 160 mil pesos.

Las licitaciones fueron una simulación porque tanto Invelco como Cofex carecen de instalaciones e infraestructura. La primera aparece en el listado definitivo de empresas fantasma del SAT, según consta en la publicación del Diario Oficial de la Federación del 16 de agosto de 2017.

Invelco tiene como accionista a la esposa de un ex policía del Edomex detenido por robo, mientras que la administradora de Cofex es una pariente que reside en Tultepec.

En la relación de contratos de la delegación Milpa Alta aparece una asignación directa otorgada a Invelco el 19 de julio de 2016 para el mantenimiento de 16 equipos de aire acondicionado.

La funcionaria que invitó en 2016 a las empresas fantasma a licitaciones simuladas y que luego asignó el contrato a una de ellas, es la nuera de quien era en ese momento el delegado de Milpa Alta, el priista Jorge Alvarado Galicia.

Leslie Hernández Barranco, quien firmó los documentos, es novia del hijo del delegado, quien a su vez fungía como asesor en la demarcación.