La independencia
judicial no es una prerrogativa ni un privilegio en beneficio de los
juzgadores, sostuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Luis María Aguilar Morales.
En todo Estado de derecho, aseguró el ministro, hay un Poder Judicial fuerte e independiente, y
esa independencia es resultado del principio democrático de separación de
poderes, del cual los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial constituyen
tres ramas separadas e independientes del Estado.
“La independencia del
Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una
garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia
imparcial, libre de influencias externas”, afirmó el también presidente del Consejo de la
Judicatura Federal.
El ministro Aguilar Morales fijó esta posición durante la entrega de reconocimientos por
antigüedad a servidores público en la sede de la SCJN.
Ahí aseveró que la
independencia judicial es un requisito para que los juzgadores puedan ejercer
su función de guardianes del Estado de derecho, de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales de las personas.
Tanto el presidente
electo Andrés Manuel López Obrador como el presidente de la Suprema Corte han
refrendado su respeto a la división de poderes. Sin embargo, la relación entre
ambos ha estado marcada por la controvertida propuesta del futuro mandatario de
imponer un tope salarial a servidores públicos, lo que implicaría reducir los
salarios a los ministros.
En la ceremonia, Aguilar
Morelos consideró que México requiere, hoy más que nunca, de la seguridad
jurídica que deriva no sólo de una impartición de justicia regida por los
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e
independencia, sino de la actuación de todos los servidores públicos en apego a
la ley fundamental.
“Como servidores públicos, somos corresponsables de
fortalecer la cultura de la legalidad, y eso nos obliga a interiorizar, como
punto de partida, los principios fundamentales contenidos en la Constitución y
en los tratados internacionales.
“Destacan, entre ellos, el derecho de toda persona a que se
le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial, y por juzgadores independientes que gocen de las
garantías necesarias para su correcta actuación”, afirmó.
De acuerdo con un
comunicado del máximo tribunal, Aguilar Morales refrendó que los trabajadores
del Poder Judicial de la Federación son guardianes del Estado de derecho, que
es aquél donde se cumple con la Constitución y las leyes, y se tutelan los
derechos humanos y se consolida la democracia.
En un Estado de derecho, dijo, se vive en paz y se combate la corrupción; se vive sin discriminación y
con eso se erradica la violencia en contra de la mujer; se garantiza el interés
superior de la niñez; se defiende la soberanía nacional; se protege al inocente
y el culpable no queda impune.
“En un Estado de
derecho, por tanto, florece y se desarrolla la cultura de la legalidad”, concluyó.
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