Luego de darse a conocer que la
trasnacional Mars Inc. presuntamente extrajo de México una especie de maíz
nativo de Oaxaca, para explotar su potencial comercial, todo esto sin
autorización gubernamental, el Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública (INAI) ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) que “asuma competencia” y presente públicamente toda documentación
vinculada a este presunto caso de piratería de recursos genéticos.
En agosto
pasado, un equipo científico conformado
por las universidades estadounideses Davis de California y Winsconsin-Madison,
así como por la trasnacional Mars Inc., reportó que hace doce años (en 2006)
extrajo de México muestras de un tipo de maíz desarrollado por los pueblos
indígenas de la Sierra Mixe, para aislar sus características genéticas y
explotarlas comercialmente.
Sin embargo,
la autorización para obtener estas muestras
no fue solicitado por Mars Inc. sino hasta 2015, es decir, nueve años después
de que el maíz mixe fue extraídas de México y sólo hasta que fue reproducido
con éxito en Estados Unidos, tal como informaron las autoridades federales al
ser consultadas por Animal Político.
Cabe destacar que las leyes mexicanas
imponen diversos requisitos a los equipos científicos que se proponen obtener
muestras de recursos biológicos o genéticos nacionales, y el primero de ellos
es obtener un permiso de forma previa al levantamiento de muestras.
El reporte del equipo científico
patrocinado por Mars Inc., mediante el cual quedó en evidencia este presunto
caso de piratería genética, destaca que este tipo de maíz (desarrollado por los
pueblos indígenas de Oaxaca mediante procesos ancestrales de selección de
semilla) no requiere agroquímicos para su producción, por lo que puede
considerarse como el “santo grial” de la industria agroalimentaria mundial.
En
septiembre pasado, cuando Animal
Político solicitó a la Sagarpa copia de toda la documentación mediante la cual
Mars Inc. y las universidades estadounidenses comprobaron haber cumplido con
los requisitos impuestos por la ley para obtener las muestras del maíz de la
Sierra Mixe, dicha dependencia se declaró incompetente para atender el tema.
No obstante,
luego de analizar esa negativa, el
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública no sólo determinó que la
Sagarpa sí es sujeto obligado en esta materia, sino que “omitió realizar una
búsqueda exhaustiva” de los documentos que sustenten la legal extracción del
país de las muestras de maíz mixe.
“Este asunto –señaló la ponencia
aprobada el pasado 7 de noviembre por el INAI–, sin duda es socialmente
relevante, porque permitirá conocer públicamente si la investigación realizada
en la Sierra Mixe de Oaxaca cumplió con los requisitos previstos en la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, sobre todo en lo que se
refiere a la protección de los derechos de los pueblos originarios que residen
en esa localidad.”
El INAI destacó que entre los
requisitos que debieron haberse cumplido, de forma previa al levantamiento de
muestras, está el contar con “consentimiento previo expreso e informado” de los
pueblos indígenas de la Sierra Mixe, obtenido mediante “consulta” a las
comunidades indígenas involucradas, que en este caso son los 17 municipios
indígenas que conforman la Sierra Mixe.
Asimismo, los ordenamientos legales internacionales
suscritos por México obligan a que en estos procedimientos se garantice a los
pueblos indígenas un reparto justo y equitativo de las ganancias que se
obtienen por la explotación de los recursos genéticos de sus territorios
ancestrales.
Aunque Mars Inc. y el gobierno
mexicano afirman que estas disposiciones sí se cumplieron, no accedieron a
presentar pruebas de la supuesta consulta realizada entre los pueblos indígenas
de la Sierra Mixe, ni de que esta supuesta consulta haya sido realizada antes
de la toma de muestras, en 2006.
Mars Inc. informó a Animal Político que no podía
revelar qué comunidad indígena había otorgado su consentimiento para la
extracción del maíz mixe, ni qué había recibido a cambio, en respeto a su
“privacidad”, y las autoridades federales informaron que no conocen esa
información, por tratarse de un “acuerdo entre particulares”.
Ante esta negativa a proporcionar la
información sobre este presunto caso de piratería de recursos genéticos, en la
ponencia aprobada por el INAI (elaborada por la comisionada Blanca Lilia
Ibarra) se concluye que “resulta evidente que existe un interés público de que
se transparenten las condiciones legales en las que se llevó a cabo esta
investigación de los recursos genéticos, no sólo por la seguridad y la
responsabilidad que debe existir en cuanto a conservación y explotación
sostenible, sino que implica que se garantice el respeto a los derechos de la
población indígena”.
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