Con oralidad se acaba la corrupción.

Georgina Morett.

Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, el sistema penal acusatorio evita la corrupción al 100 por ciento y considera que para que funcione adecuadamente, se requiere capacitar a todos los involucrados en el proceso.

Electo en medio de una discusión respecto a si debía de permanecer un año como lo establece la Constitución de la Ciudad de México, que todavía no entra en vigor, o tres años, como está determinado actualmente, Rafael Guerra asegura que en 2021, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias, la administración y procuración de justicia habrá dado importantes resultados y esto tendrá que ver con los juicios orales.

Pero, para que esto suceda, señala que se debe capacitar a jueces, ministerios públicos, asesores jurídicos, defensores públicos, investigadores y policías, para que el trabajo se lleve a cabo con excelencia y se obtengan las condenas.

Sobre todo con el respeto a los derechos humanos, ya que ante cualquier error de los policías, los presuntos culpables aseguran que se violó el Protocolo de Estambul y con esto pueden lograr su libertad.

Guerra Álvarez, quien ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Ciudad de México desde abajo, asegura que para llegar a una justicia de excelencia primero se requiere capacitación a todos los niveles y expresa que buscará el presupuesto para que ésta se lleve a cabo.

En medio del conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo federal, Guerra Álvarez comenta que en la Ciudad de México no tienen problemas con la reducción de salarios, ya que son mucho más bajos que a nivel federal, por lo que cumplen con la austeridad.

Pero subraya que además de dinero para capacitación, el Congreso local tendrá que adjudicarle presupuesto para la creación de las Salas Constitucionales, que la propia ley señala que se tienen que formar para cumplir correctamente el proceso penal acusatorio.

Y se compromete a crear en un año el Colegio de Jueces, que tendrá como fin formar juzgadores con la sensibilidad de los propios jueces.

Excelentes dividendos.

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, asistió tan sólo en un par ocasiones al Consejo de Publicidad Exterior, un organismo que él mismo presidía y que tiene como función vigilar el cumplimiento de la reglamentación en materia de espectaculares y anuncios publicitarios.

No obstante, en los escasos momentos en los que puso atención a ese encargo, el exfuncionario aprobó hacer consejera titular del organismo a la activista Isabel Miranda de Wallace, propietaria de la empresa de publicidad exterior Showcase S.A. de C.V; lo anterior, a pesar de que el reglamento del Consejo no permitía la participación de empresarios de manera individual.

Diversos participantes de esa industria, agrupados en la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior y en la Asociación de Publicistas en Exterior, señalan que la activista ha sacado muy buenos dividendos de su participación en el Consejo, hasta el grado de construirse un blindaje legal mediante amparos que le permiten operar espectaculares en azoteas o sobredimensionados; es decir, anuncios fuera del reglamento y que ponen en riesgo a los habitantes de la capital.