Entre el 21
de marzo y el 11 de septiembre de 2018, la
delegación Iztapalapa (en ese momento encabezada por la perredista Dione
Anguiano) recibió 290 millones de pesos para distribuir entre la población
delegacional cuyo patrimonio inmobiliario sufrió afectaciones a causa de los
sismos de 2017. Sin embargo, acerca
del destino de ese dinero y de identidad de los beneficiados no quedó ningún
registro oficial: el dinero simplemente se esfumó (durante un año electoral).
El pasado 26
de agosto, siendo aún jefa delegacional
de Iztapalapa, la perredista Dione Anguiano aseguró haber levantado un “censo”
de 21 mil 800 damnificados por los sismos, el cual supuestamente contaba con
fotografías y georreferenciación “de todos los inmuebles averiados y los datos
de sus propietarios”.
Ese censo fue, supuestamente, la base
para el reparto de los 290 millones de pesos entre damnificados de Iztapalapa,
y según la exdelegada Anguiano, se trataba de una herramienta “institucional” y
“confiable” que estaría a disposición de las nuevas autoridades, que asumieron
el cargo el 1 de octubre.
El análisis
de la información contenida en dicha lista de beneficiarios permitiría verificar si ese dinero fue
realmente entregado a damnificados, y bajo qué criterios se repartió, razón por
la cual Animal Político solicitó copia del censo propalado por Dione Anguiano.
No obstante, la respuesta oficial (expedida por las
nuevas autoridades de Iztapalapa, ahora gobernada por el partido Morena) fue
que dicho censo de damnificados no existe, y que se ignora cuál fue el destino
que Dione Anguiano dio a los 290 millones de pesos.
El pasado 5
de noviembre, las nuevas autoridades de
Iztapalapa informaron que “el titular de la Dirección de Protección Civil
saliente (José Francisco Arreguín Hoyos) no hizo entrega física ni digital de
los archivos, ni de las bases de datos correspondientes al programa ‘Ayuda
social para el mantenimiento de casas dañadas por los sismos del 19 de
septiembre de 2017′”, irregularidad por la cual, se aclaró, ya fue interpuesta
una denuncia formal en su contra ante la Contraloría Interna.
De hecho, el
19 de octubre de 2018, al ingresar a las
oficinas de la Dirección de Protección Civil, las nuevas autoridades elaboraron
un “acta circunstanciada” en la cual registraron el deterioro en el que
encontraron dichos archivos.
Según esta
acta (de la que Animal Político posee copia), al hacer una búsqueda de la base de datos de damnificados por el sismo
en Iztapalapa, las nuevas autoridades sólo hallaron “cajas apiladas y en
desorden (…) Se hace del conocimiento que no se cuenta con un registro claro
del contenido de las cajas y tampoco se cuenta con una base de datos donde se
precisen los pagos que se hayan efectuado”.
El acta circunstanciada también
establece que “no se cuenta con relación, estatus y expedientes de cada uno de
los 21 mil 802 registros de damnificados de Iztapalapa por los sismos ocurridos
en septiembre de 2017”.
De hecho, el número de 21 mil 802 damnificados no
está verificado, ya que dicha cifra fue difundida durante la pasada
administración sin que se presentaran pruebas de que ése fue realmente el
número de afectados.
Por esta
misma causa, la nueva administración de
Iztapalapa, ahora encabezada por Clara Brugada, informó que “se desconoce la
atención o seguimiento dado a cada uno” de los supuestos damnificados.
Es decir, no se sabe si el dato de damnificados es un
número inflado por las pasadas autoridades o si efectivamente incluye a todos
los afectados, no se sabe si las personas beneficiadas en verdad eran
damnificados, o cuánto dinero se les dio.
Peor aún: ni siquiera se sabe si realmente se les
entregó alguna cantidad, o si los 290 millones de pesos se desviaron a otros
fines.
Cabe
destacar que, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Animal
Político solicitó copia del padrón de
damnificados de Iztapalapa en agosto, luego de que la aún delegada Dione
Anguiano difundiera su existencia a través de un boletín de prensa en el cual,
además, aseguraba que dicha lista de afectados “se entregará a la próxima
alcaldía (nueva denominación empleada para las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México) y es muestra de que hemos trabajado”.
Según los
plazos establecidos por la Ley General de Acceso a la Información Pública, esta información debía ser entregada por
Dione Anguiano el 14 de septiembre, es decir, cuando la perredista aún era titular de la demarcación.
No obstante,
al vencerse ese plazo, la administración
encabezada por Anguiano informó a Animal Político que, “debido a la complejidad
de dicha información”, requería de otros diez días para entregarla.
Así, la
nueva fecha legal de entrega quedó establecida para el 29 de septiembre, es
decir, dos días antes de que concluyera la administración delegacional de Dione
Anguiano. Sin embargo, la perredista
dejó vencerse ese plazo, concluyó luego su administración, y nunca cumplió la
obligación legal de entregar el supuesto censo de damnificados.
No fue sino hasta que las nuevas
autoridades de Iztapalapa asumieron el control de las oficinas delegacionales
que, finalmente, se reconoció que no hay evidencias que respalden la existencia
dicho censo, ni del supuesto apoyo otorgado a los beneficiarios.
Para conocer
la postura de Dione Anguiano en torno a estas irregularidades en el manejo de
recursos para damnificados durante su administración, Animal Político le
solicitó una entrevista formal, sin que se obtuviera respuesta satisfactoria.
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