Raymundo
Riva Palacio.
Andrés
Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República y planteó
inmediatamente un nuevo contrato social. La cuarta transformación no se aprecia
sólo en el primer plano de su primer discurso como jefe de Estado, el sábado en
San Lázaro, sino a través de la forma en la que empaquetó todas sus frases y
mensajes de campaña, junto con los golpes de timón que dio durante la
transición para establecer claramente el mando nacional. Vista en su árbol, está
claro para dónde va. De saque minimizó a quienes piensan que ese proyecto es
pretencioso o exagerado, pero escaló. No sólo comenzaba el cambio de gobierno,
sino del régimen. Quiere el que existió entre 1930 y 1970, con crecimientos del
6 por ciento, y abolir el que se instaló a partir de 1982, con crecimientos del
2 por ciento. Son los dos mundos de López Obrador que explican el cambio, del
neoliberalismo al neonacionalismo.
El discurso
de López Obrador, para no perder legitimidad, ignoró la valoración del periodo
entre 1970 y 1982, donde el modelo de décadas anteriores chocó con la realidad
de un mundo que había cambiado. El gobierno de Luis Echeverría, que siguió el
modelo de los cuatro anteriores, llegó a tener una inflación de 26 por ciento y
una devaluación de 76 por ciento. El de José López Portillo alcanzó una
inflación de 99 por ciento y una devaluación de 582 por ciento. Después de esos
12 años es donde el presidente ubica el principio del neoliberalismo, que
controló los fundamentos macroeconómicos (empleo, inflación y tasas de
interés), pero produjo crecimientos bajos, producto, según los expertos, de la
elevada informalidad, la debilidad de los mercados de crédito, y los altos
costos de producción.
Aunque habló
de una larga época donde la construcción del sistema político acompañó la
bonanza y el fortalecimiento del PRI, López Obrador se refiere específicamente,
porque así lo señala, a los años del llamado “milagro mexicano” y del
“desarrollo estabilizador”, entre 1956 y 1970, donde no hubo crisis y sí
bienestar. El salario mínimo era el equivalente, en valor actual, a 110 pesos,
contra el vigente de 88.36 pesos, y la inflación controlada estaba en 3.75 por
ciento anual. Ese modelo se aplicó en la cola del cambio de un país agrícola a
uno manufacturero, acelerado por la alta demanda de materias primas como
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde había un mercado cautivo por
el modelo de sustitución de importaciones (consumir sólo lo que producía el
mercado interno, que es lo que quiere López Obrador) y el proteccionismo del
gobierno, que hizo que las empresas perdieran competitividad en el mundo y que
la segunda gran industrialización no se consumara.
En aquel
México, el gobierno lo era todo. Controlaba las tasas, el tipo de cambio y la
inflación, mientras el sector privado, que estaba blindado de la competencia
externa, se ocupaba del mercado interno, distribuyendo la riqueza bajo la
tutela de la presidencia. Las escaramuzas de López Obrador y sus cercanos
durante la transición, buscaron restablecer el orden vertical de aquellos años.
La decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco y la amenaza sobre las
comisiones bancarias, fueron manotazos sobre la mesa para mostrar quién manda.
Cuando anunció el destino del nuevo aeropuerto, sentó a su lado a Alfonso Romo,
quien es el jefe de la Oficina de la Presidencia, que días antes había
asegurado a los inversionistas que la obra en Texcoco seguiría. Aunque para la
mayoría quedó desacreditado ante sus interlocutores, López Obrador le comentó que
con esa acción él ya no tendría que ir a buscar a los inversionistas, porque
serían ellos quienes acudirían a él. Días después de aquel anuncio, varias
empresas involucradas en la obra fueron a ver a López Obrador, lo cual debe
haber reforzado su vieja idea de quién debe mandar y qué hay que hacer.
Texcoco no
se hará, ha dicho López Obrador, porque hubo corrupción. En su discurso en San
Lázaro, cuando habló de no perseguir a los corruptos del pasado, amplió por
primera vez su mirada inquisitiva a los empresarios. En el mismo mensaje se
refirió a que con los ahorros en corrupción se podrán hacer todos sus proyectos
para consolidar la cuarta transformación. Un país de bienestar, como entre 1956
y 1970, donde se distribuye la riqueza mediante un proceso regulado por el
gobierno. Si él manda sobre el sector privado y ataca la corrupción, entre
líneas, la transferencia de recursos para el país que viene, podría salir de
esos capitales.
López
Obrador parece apuntar a los márgenes de utilidades, bajo la creencia de que
todo termina en sus bolsillos. De ahí parte de su repulsión al uso de aviones
privados y helicópteros, no a que tengan dinero por el que han trabajado. Lo
que desea es que eliminen lo superfluo para que distribuyan parte de lo que
tienen y se logre una sociedad igualitaria. Que los márgenes de utilidad se
utilicen mayormente en inversiones para crecer, no le es relevante. Ya dijo que
les dará obra pública. No habrá “moches”, sino transferencia de recursos para
su programa social “bienestar”, mediante esfuerzos como dar empleo a quienes
les diga.
La
deconstrucción de sus propuestas, en perspectiva, muestra el nuevo contrato
social que está buscando López Obrador. Lo que ha planteado todo el año detrás
de la estridencia de sus palabras, es un nuevo reacomodo que busque el
bienestar y la paz, tal como lo escribió Juan Jacobo Rousseau en su libro El
Contrato Social, o sea los Principios del Derecho Político, hace 256 años. La
búsqueda de la igualdad de todos sigue vigente. Lo que cambió fue el mundo.
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