Daniela
Barragán.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha
aludido a la política de “punto final” para justificar su negativa a juzgar a
ex funcionarios, a pesar de que una franja amplia de sus electores ha pedido
aplicarles el peso de la Ley. Esta decisión ha provocado que en las fiscalías
estatales y desde la sociedad civil se emprendan acciones para llevar a juicio
a políticos acusados de desvíos de recursos públicos y corrupción.
En la última década se fortaleció la
percepción de impunidad para mandatarios, sobre todo por los casos de los ex
gobernadores que hoy están prófugos (César Duarte Jáquez) o que enfrentan penas
mínimas en prisión (Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo).
Estas acciones han derivado en un
encono de la sociedad civil, la cual está dispuesta a ir más allá de las leyes
mexicanas. El pasado 6 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia de La
Haya aceptó la demanda contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó
el cargo el 1 de diciembre.
El avance
del caso de Enrique Peña Nieto en La Haya se mide con el proceso que el chileno
Augusto Pinochet enfrentó en el mismo tribunal. Con la demanda interpuesta por
la organización Congreso Nacional Ciudadano,
el ex Presidente podría convertirse en el primer mandatario mexicano en ser
juzgado por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada.
Y no sólo es
Peña, en noviembre de 2011, el abogado
Netzaí Sandoval presentó una demanda contra Felipe Calderón Hinojosa siendo
todavía Presidente. También fue por crímenes de lesa humanidad y se entregó con
un respaldo de 23 mil firmas. El caso se integró por 470 casos documentados de
asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. El
contexto de México era el de 50 mil personas asesinadas, 230 mil desplazados y
10 mil desaparecidos.
Siete años
después, aún no se tiene alguna respuesta.
Emilio Álvarez Icaza, Senador
independiente, explicó que la búsqueda de justicia no se concentra en llevar a
alguien a la cárcel, sino en acabar con la impunidad de quien comete delitos.
“Lo importante es llevar a juicio o
llevar ante la justicia a quien lo merezca. No creo que nos toque decir ‘cárcel
a Peña’. En las reglas del debido proceso está la intención de que se enfrente
a la justicia y que se le juzgue. Si el resultado es que esté en la cárcel
entonces será. Tiene que enfrentar la justicia, tanto el ex presidente como a
quien se requiera. Ahí ya están las denuncias en contra de los actos de
corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluido Ruiz
Esparza. Si eso lleva al ex presidente Peña, lo llevará. El tema es que
enfrente la justicia”,
señaló.
En
entrevista con SinEmbargo, Gilberto Lozano, representante de la organización
Congreso Nacional Ciudadano, comentó que
fue la inacción de los diputados y la “complicidad” de la Procuraduría General
de la República (PGR) las que dieron el marco de antecedentes para recurrir a
la Corte Internacional Penal, con sede en La Haya, Holanda.
“La oficina está analizando las acusaciones
identificadas, con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra
información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la
base de la información disponible, los presuntos delitos están dentro de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, justifican la
apertura de un examen preliminar de la situación”, informó la Corte el pasado 6
de diciembre.
El abogado enmarca esta demanda en un posicionamiento
ciudadano se hacer valer el dicho de que “nadie estará por encima de la Ley”.
“En ninguna parte del mundo se ha
erradicado la corrupción dando inmunidad o dejando los casos en la impunidad.
Eso es absurdo. En ese contexto, a pesar de Andrés Manuel, se abre este camino
de organismos internacionales para que Peña Nieto pague por sus presuntos
delitos”, señaló.
Coincidió Álvarez Icaza y dijo que
con un borrón al pasado no se puede entender un concepto de justicia.
“Habrá que dar cauce justo a esas
denuncias en términos de todos los escándalos de su sexenio. Yo protesté contra esa propuesta que quiere
poner punto final al pasado. En La Haya aún no se inicia un proceso; primero
tiene que pasar por una disputa política para ver si se le enjuicia o no”, dijo en entrevista.
Desde su
perspectiva, el intento del Consejo
Nacional Ciudadano está caminando en ese sentido a nivel de instancia de la
Corte Internacional Penal y ya inició este proceso de búsqueda de justicia
internacional en contra de Enrique Peña Nieto.
“En México estamos estudiando y
analizando qué vías podemos tomar, pero estamos en un estudio jurídico. No
vemos agotadas las instancias nacionales, pero analizamos varios puntos. No
podemos permitir que quien hizo tanto daño al país y a la sociedad se vaya sin
enfrentar justicia, porque entonces el mensaje es que se premia la corrupción.
Vendrá una disputa sobre qué hacer con los delitos y los crímenes del pasado.
Cometeríamos un gravísimo error de hacer una transición a un nuevo gobierno sin
tomar en cuenta las cosas del pasado”, sostuvo.
La denuncia del Congreso reposa en
los crímenes de lesa humanidad, donde se asientan los hechos de seis masacres:
Tanguato, Ostula, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya y Ayotzinapa, en los que
participó de manera directa o indirectamente el Estado y pueden configurar un
delito tipificado como genocidio sistemático, que es lo que cae dentro de la
jurisdicción de la Corte Internacional.
El segundo
paso es en el que se aprueba una
investigación preliminar por parte de la Corte. Hasta el momento se tiene el
oficio directo del fiscal asignado al caso donde informa que se pasa a la
siguiente etapa, que es en la que ellos corroboran a través de instituciones,
de otras organizaciones como la CIDH, la ONU y grupos internacionales, los
hechos que se denunciaron.
El paso número tres consta de los
alegatos y pruebas periciales, es decir, una investigación profunda. Se trata
de una investigación pericial que ya consiste en la presencia de investigadores
internacionales en el sitio. Será la etapa “más intensa” a decir de Lozano.
El paso
cuatro es la acusación y tener en frente
al acusado, que es Enrique Peña Nieto y los que resulten responsables ante los
jueces de La Haya y la defensa la tendrá que ejercer el propio gobierno
mexicano. Desde el punto de vista legal, el Procurador General de la República
será el que eventualmente tendrá que dar la cara en los alegatos para defender
al anterior Presidente.
“Estudiando casos anteriores, como
Pinochet, Slobodan Milošević, estos son casos que toman su tiempo. Para mayo de
2019, calculo que se termine la etapa 2. Ellos tendrían que fundamentar su
veredicto. Decir por qué no y por qué sí.
Si llegan a responder que ya no continúan con la fase tres, explicarán
por qué no. Nosotros tenemos esperanza, hay suficientes elementos para que se
pase a la fase tres por mayo. A fines de 2019, calculando en casos anteriores,
se podría estar enfrentando la acusación ante jueces internacionales”, detalló Lozano.
Para el
abogado, el avance en este caso sentará
un precedente para que los ciudadanos, que no ven repuestas en las instancias
locales consideren las internacionales en la búsqueda de justicia.
“El trabajo de nosotros no consintió
en solo llevar la noticia, sino demostrar que desde el año 2016, ya veníamos
solicitando un juicio político contra Peña Nieto ante la Cámara de Diputados
[…] demostramos ante la Corte Internacional la inacción de la Cámara de
Diputados, de la PGR. Es por eso que se da la audiencia presencial en La Haya
para que recibieran la demanda. Es una sacudida muy fuerte el sistema de
justicia mexicano y sobre todo a los ciudadanos, nos dice que no podemos
esperar que ‘perro trague perro’. Entre ellos se perdonan y se dan amnistía”, sostuvo.
El Congreso
Nacional Ciudadano fue quien presentó la
primera denuncia contra César Duarte de Chihuahua y que luego el gobernador
Javier Corral tomó como bandera. Con Roberto Borge se presentaron las primeras
denuncias hace cinco años a nombre de Fabiola Cortés, que junto con la gente de
la organización fue presentando denuncias.
EL CASO
DUARTE,
El caso de Chihuahua también
sobresale en la búsqueda de justicia contra el ex gobernador César Duarte
Jáquez.
La fiscalía estatal bajo la
administración de Javier Corral inició un proceso para llevar a Duarte a la
justicia pero hasta el momento no ha tenido éxito, ya que continúa prófugo y
las órdenes de extradición no han surgido efecto.
A nivel
nacional, la PGR cometió errores y
omisiones a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto que alargaron los
procesos penales en contra de cinco ex gobernadores priistas –los Duarte,
Yárrington, Hernández, Borge– acusados por corrupción, enriquecimiento ilícito,
e inclusive crimen organizado.
Estos cinco casos, antes de ser
atraídos por las autoridades federales, iniciaron como procesos de
investigación por parte de gobiernos estatales –algunos de ellos en el marco de
una alternancia política cuya presión impulsó el desahogo del proceso legal–
y/o de gobiernos extranjeros debido a que lograron evadir a las autoridades
mexicanas.
Sobre Duarte
Jáquez, la PGR determinó este año no
ejercer acción penal en su contra por los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, defraudación bancaria y fiscal.
Las
acusaciones en contra del ex mandatario derivaron de una denuncia penal
presentada en 2016, por parte de la Auditoría Superior de Chihuahua en contra
de Duarte y 42 ex funcionarios públicos, todos ellos implicados en el presunto
desvío de 6 mil millones de pesos del erario público estatal.
Ese mismo
año, el Gobernador electo Javier Corral Jurado anunció que su administración
realizaría investigaciones en contra de Duarte y su equipo de trabajo. Sin
embargo, fue hasta el 27 de marzo de 2017 que tres funcionarios públicos de la
administración de Duarte fueron detenidos.
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