Por primera
vez desde que la Secretaría de Hacienda comenzó a monitorear el endeudamiento
de las entidades federativa, Baja
California alcanzó niveles comparables solo con estados desfalcados como
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, donde sus ex
gobernadores enfrentan procesos penales por desvíos.
El 29 de
noviembre de 2018, la dependencia
federal advirtió en su sistema de alertas que Baja California llegó al semáforo
amarillo, lo cual significa un endeudamiento bajo observación. Esto debido a
que el apartado de “servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de
libre disposición” presenta un endeudamiento elevado. En otras palabras, el
gobierno estatal no tiene capacidad de pago para amortizaciones, intereses,
comisiones y demás costos financieros que se derivan de obligaciones como el
pago a Asociaciones Público-Privadas (APPs).
Para
considerar que un estado tiene finanzas sanas, este rubro debe situarse en un
rango igual o menor al 7.5 por ciento, pero cuando está por encima del 15 por
ciento, entonces sus niveles de endeudamiento son considerados preocupantes. Mientras otras entidades como Ciudad de
México o Guanajuato mantienen porcentajes del 6.3 y 4.4 por ciento en este
indicador, Baja California alcanzó el 15.4 por ciento, cifra incluso superior a
las de otras entidades como Veracruz o Sonora.
A este
escenario se suman los adeudos por
encima de los 609 millones de pesos que el gobierno estatal sostiene, con órganos
descentralizados como el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Estatal
Electoral, el Instituto de Transparencia, Cecyte, Cobach e incluso a profesores
jubilados.
A la par, la Secretaría de Planeación y Finanzas
presentó al Congreso local su proyecto de ley de ingresos que plantea aumentos
de hasta el 100 por ciento a impuestos y la creación de nuevos, lo que
permitiría al gobierno estatal captar recursos adicionales por mil 9 millones
de pesos en comparación a lo recaudado en 2018.
Para empresarios, quienes se verían
principalmente afectados con el aumento del 101 por ciento a la sobretasa del
impuesto sobre la nómina, así como para diputados de oposición, el escenario es
inequívoco: el gobernador Francisco Vega de Lamadrid intenta remediar el mal
manejo de las finanzas estatales con el aumento en de impuestos para los
ciudadanos.
El siguiente año fiscal es
particularmente importante en cuestión financiera para la administración de
“Kiko” Vega. La Ley de Disciplina Financiera -aprobada para evitar los
desfalcos registrados en estados como Veracruz y Chihuahua-, obliga al gobierno
estatal a liquidar sus saldos a corto plazo, antes de que el próximo gobernador
entre en funciones el 1 de noviembre de 2019.
IMPUESTO
SOBRE LA NÓMINA PARA PAGAR DESALINIZADORA.
El 4 de
diciembre, el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz,
junto a su equipo, compareció ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del
Congreso local para presentar el proyecto de ley de ingresos del gobierno de
Baja California para el año fiscal 2019.
En el caso del impuesto sobre
remuneraciones al trabajo personal, mejor conocido como Impuesto Sobre la
Nómina, éste se cobra con una tasa del 1.80 por ciento y una sobretasa del 0.63
por ciento, esta última pasaría al 1.33 por ciento, un aumento del más del 100
por ciento.
Según la
exposición del secretario “los recursos
que se recauden por dicho concepto se destinarán exclusivamente a la educación
superior en la entidad”, pero el decreto 168, aprobado en diciembre de 2017
sostiene lo contrario.
Este
decreto, en el que se detallan las
garantías y formas de pago para un conjunto de APPs destinadas al agua como la
desalinizadora de Playas de Rosarito, tuberías de agua potable y drenaje en
Mexicali y Ensenada y la planta potabilizadora La Nopalera, establece que el
Impuesto Sobre la Nómina puede ser destinado en su totalidad a estos fines.
En su
Artículo Sexto, el decreto indica que
“se autoriza al Gobierno del Estado para que por conducto del Secretario de
Planeación y Finanzas constituya un fideicomiso, afectando y/o destine en forma
irrevocable la totalidad de los ingresos por la recaudación del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) y su sobretasa anual para cada
ejercicio fiscal durante la vigencia del Fideicomiso”.
Precisamente
este aspecto fue abordado por el diputado de Transformemos, Luis Moreno
Hernández, quien expresó “yo creo que
esa sobretasa no va para educación, las empresas están intentando fincar obras
con APPs, especialmente la planta desalinizadora”.
El legislador
encaró al secretario de Planeación de Finanzas y le dijo “en el decreto 57 de la Comisión de Hacienda, se establece con toda
claridad, en el Artículo 21, que la sobretasa del 0.63 es uno de los mecanismos
de garantía de pago para la planta desalinizadora, en un transitorio de esta
nueva ley de ingresos, se reitera que esa sobretasa sí puede ser usada para
otros fines, no exclusivamente educativos y una vez usados, el estado tendrá
que reponer esos recursos para educación”.
Hernández
Díaz evitó una respuesta directa y
señaló que el incremento estaba pensado para “financiar de manera más adecuada
el tema de la educación superior”, pero que la decisión final del destino sería
de los diputados sin siquiera abordar el decreto que estipula dicho impuesto
irá para crear un fideicomiso que sirva de garantía para el pago de
contraprestaciones millonarias para las empresas con quienes el gobierno formó
APPs.
Con el aumento de ese impuesto, la
Secretaría de Planeación y Finanzas estima recaudar 658 millones 585 mil pesos.
INCREMENTOS
EN LA EXPEDICIÓN DE PLACAS Y LICENCIAS.
La Ley de
Ingresos 2019 también propone la
creación de un impuesto adicional para la educación media y superior, al cual
se le adiciona uno destinado a la educación básica, lo que representaría un
aumento del 10 por ciento, al pasar del 35 por ciento -que se aplica
actualmente-, al 45 por ciento.
Además, propone la creación de un impuesto
adicional para la salud que iniciaría con una tasa del 25 por ciento con el que
“se espera captar hasta 407 millones 988 mil pesos para la puesta en operación
del nuevo Hospital Materno Infantil de Tijuana”, señaló el secretario.
Si bien, ya
se licitó la última fase de construcción del centro de salud edificado desde la
administración del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, Bladimiro
Hernández explicó que estos recursos
adicionales buscarían equipar, adquirir material de curación, medicamentos y
pagar los salarios del personal que ahí trabajaría.
El diputado
Bernardo Padilla tomó la palabra durante
la comparecencia para manifestar su desacuerdo con la medida. Esto porque el
impuesto a la salud del 25 por ciento se agregaría al servicio de agua potable,
al servicio de control vehicular y a los trámites a realizarse en el Registro
Público, la Secretaría de Protección Civil y en la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, lo que implicaría aumentos significativos
en diversos sectores para la ciudadanía.
Además, el
legislador tijuanense señaló que al crear un impuesto adicional nuevo y la base
gravable será otro impuesto, “corremos el riesgo, porque ya hay jurisprudencia,
de que nos puedan tumbar este impuesto porque es un impuesto sobre impuesto,
por ello no coincido (con la medida)”.
En términos prácticos, Padilla
observó que estos aumentos y nuevos impuestos ocasionarían que “un ciudadano
que el día de hoy pagaba mil pesos de placas, va a pagar casi 50 por ciento más
el siguiente año”.
Respecto al
cobro de nuevos derechos, Hernández Díaz manifestó que el relacionado con
Protección Civil responde a la entrada en vigor, en marzo de 2018, de la Ley de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
Asimismo,
mencionó que las oficinas de Recaudación de Rentas, a partir del siguiente año,
omitirán para efectos de realizar trámites a los ciudadanos, la presentación de
la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente y el holograma de
verificación vehicular.
Ello,
aclaró, no significa que deje ser una obligación para los automovilistas, pero
“los procesos de revisión que lo realicen autoridades que regulen el tránsito
municipal, estatal y federal”.
Sin embargo,
en materia de educación se proponen nuevos
cobros como la expedición de documentos de control escolar de educación básica
de 10.30 pesos y el cotejo de documentos académicos con un costo de 4.83 pesos
por documento.
LA
JUSTIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS
Durante su
comparecencia, Bladimiro Hernández Díaz señaló
que la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% y del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) al 20%, el gobierno estatal va a captar menores ingresos
por esa vía.
Sobre la afectación para el sector
empresarial, manifestó “el beneficio que van a obtener por esa reforma
(disminución de IVA e ISR) va a ser mucho mayor que el perjuicio que podrían
tener con esa elevación”.
La
presidenta de la Comisión de Hacienda, la
panista Iraís Vázquez, coincidió con él: “es necesario diversificar la manera
de captar impuestos y ser creativos, encontrar esas formas creativas en que
podamos no afectar a los que menos tienen”.
En el mismo
sentido, el secretario advirtió que la
administración pudo haber creado un impuesto para “cobrarle a la gente de
escasos recursos a la gente que va al Hospital General a atenderse, pero mejor
vamos a buscar gente más próspera con un subsidio cruzado… es un criterio muy
fácil de entender”.
Los tiempos legislativos indican que
una vez que la Auditoría Superior del Estado de Baja California emita una
opinión técnica sobre el proyecto de la Ley de Ingresos, la Comisión de
Hacienda y Presupuesto contará con un lapso de 72 horas para su análisis y
formar un dictamen de ley.
Este dictamen, a su vez, podrá ser
analizado por el resto de los diputados también durante 72 horas, para entonces
pasar a su votación en el Pleno del Congreso.
La
presidenta de la Comisión, Iraís Vázquez, refirió
que si bien el plazo límite para su aprobación es el 31 de diciembre, el
Congreso puede “poner pausa el reloj legislativo” en caso de que no se llegue a
un consenso en esa fecha.
COPARMEX Y
CCE, DISPUESTOS A AMPARARSE.
El presidente de Coparmex Mexicali,
Rodrigo Llantada, expresó en entrevista su rechazo a la medida de aumentar la
sobretasa del Impuesto sobre la Nómina.
“No es aceptable. Es evidente que la
situación financiera del actual gobierno no permite pensar en proyectos o
recursos que comprometan el escaso flujo que hay, por los tres proyectos, la
desalinizadora, el segundo piso y el C5i, pero la obra más importante para BC
es recomponer las finanzas y no debe ser a través de incrementar impuestos”,
señaló.
Sobre la especulación de que la
medida sería un contrapeso a una posible afectación que ocasionaría en el
gobierno estatal la captación de recursos federales por la disminución del IVA
e ISR, señaló que hasta que no se presente un presupuesto de egresos federal
-cuya fecha límite es el 15 de diciembre- “pensar en la justificación de
aumentar para resarcir por un posible recorte no es admisible”.
El líder
empresarial añadió: “lo que sabemos es
que el gobierno del Estado tiene un problema grandísimo, más de 4 mil millones
de pesos en deuda a corto plazo que no tiene cómo pagarla”.
ADEUDOS
PROVOCAN HUELGAS Y PAROS.
La falta de liquidez en el gobierno
estatal ha dejado sin el pago de sus salarios a miles de trabajadores. El paro
de labores iniciados en Cecyte (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado) desde el viernes 24 de noviembre, cuando no fue depositada la
quincena correspondiente, evolucionó al estallamiento de huelga.
Desde el 4 de diciembre, lo planteles
de Cecyte en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito fueron tomados por docentes y
personal administrativo agremiados al el Sindicato Poder Obrero de Trabajadores
de Baja California (Sinpot).
Tadeo
Hernández, coordinador estatal del Sinpot, advirtió
que, de no realizarse los pagos correspondientes, la huelga estallará en los
centros escolares de Ensenada y San Quintín el 7 de diciembre; mientras que en
Mexicali se fijó como fecha límite el 17 de diciembre.
Son 2 mil 300 los trabajadores de
Cecyte en Baja California que no han recibido su pago, entre docentes,
administrativos y personal de confianza distribuidos en 28 planteles y 12
extensiones, donde a su vez estudian más de 27 mil alumnos que desde hace dos
semanas no han podido acudir a clases.
“Hay
compañeros que literalmente nos han comentado que ya no tienen para comer ni
trasladarse”, expresó el líder sindical. Ante la falta de pago, el Sindicato ha
recurrido a realizar algunos préstamos y apoyos a sus agremiados, como a dos
profesoras, madre e hija, quienes solicitaron mil pesos para poder atender las
afectaciones de salud de uno de sus familiares.
Una situación similar se presentó en
el Poder Judicial, donde el lunes 3 de diciembre personal de los juzgados
civiles y familiares de Tijuana suspendieron labores.
Tan solo en el Poder Judicial, son alrededor de 215
millones de pesos correspondientes a la ministración parcial de noviembre y a
la de diciembre los que no han sido transferidos desde las arcas estatales.
Esto afectó
el salario de casi 2 mil trabajadores, pero gracias a gestiones internas del
órgano que concentra Juzgados Civiles, Familiares y Penales, así como de
Justicia Alternativa y el Servicio Médico Forense, se han podido realizar pagos
parciales de salarios para evitar nuevos paros.
Para algunos de los empleados, la
suspensión de labores no es una opción. Por ejemplo, en los juzgados penales el
que no se desarrollaran audiencias, implicaría violaciones al debido proceso de
los imputados que podrían significar su liberación.
Por otra
parte, el gobierno estatal registra un
adeudo de 14 millones 464 mil 463 pesos con el Instituto Estatal Electoral. De
este monto, 11 millones 187 mil 55 pesos corresponden al financiamiento a
partidos políticos, lo que significa que los partidos políticos no han recibido
recursos desde noviembre.
En el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Baja California, se cubrió
ya una catorcena pendiente desde noviembre, pero siguen sin ser depositados 547
mil 728 pesos, monto correspondiente a ese mes, también.
UABC Y CEDH,
SOBREVIVIENDO CON AHORROS.
Otros organismos han podido
sobrellevar la falta de las ministraciones que, por ley el estado debe cubrir,
con movimientos financieros internos, como es el caso de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
En el caso
de la CEDH, la presidenta Melba Adriana
Olvera señaló que el gobierno estatal no ha aportado un monto de alrededor de 5
millones 691 mil 472 pesos.
“No se ha suspendido el pago a
ninguno de los 120 empleados que conforman la CEDH hasta el momento, pero no se
nos ha depositado la segunda quincena de noviembre y una parte de la anterior,
tampoco del gasto corriente, pero no podemos más”.
La
ombudsperson refirió que la situación se solucionó con un ahorro que había
logrado la Comisión, “pero que tenemos que justificar porque no era para eso”.
Juan Manuel
Ocegueda Hernández, rector de la UABC,
declaró que el gobierno del Estado no ha aportado las ministraciones
correspondientes desde octubre que acumulan 100 millones de pesos.
Más de la mitad de ese monto está
destinado a remuneraciones, pero en un evento realizado en el campus Mexicali,
durante el encendido del árbol navideño, el rector aseguró a su personal que
sus salarios no se verían afectados.
“Tenemos la
ventaja que recibimos recursos federales, los cuales no se han retenido en
ningún momento, además de los ingresos propios y medidas que tomamos como
reducir los gastos en otras actividades para canalizarlos a la deuda”, planteó.
EN RIESGO DE
NO PAGAR AGUINALDOS.
Esta semana,
burócratas recibieron varios mensajes de
texto en el que se advertía que no les será depositado su aguinaldo, programado
para este 7 de diciembre.
Aunque la
información no ha sido confirmada a través del Sindicato General de Burócratas,
los sindicalizados han obtenido información
extraoficial de que el gobierno del Estado no está en condiciones de realizar
el pago.
Lo mismo ocurre en las demás
instancias. Por ejemplo, en el Instituto Estatal Electoral, dentro de los
primeros 10 días de diciembre se deben depositar cerca de 20 millones de pesos,
correspondiente a la ministración de este mes, pero aún no ha sido así.
También el Instituto de Transparencia
debe recibir un monto 2 millones 71 mil 283 pesos de manera “urgente” en este
mes.
Para los empleados del Poder Judicial,
inicia el periodo de vacaciones este viernes 13 de diciembre, lo que significa
que de no serles pagados sus sueldos y aguinaldos, ya no podrían recurrir al
paro de labores.
GOBIERNO,
SOLO APAGAFUEGOS.
Abordado por
ZETA al final de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto
del Congreso de Baja California, Bladimiro Hernández Díaz, secretario de
Planeación y Finanzas, aseguró que la
falta de liquidez para que la administración estatal haga frente a estos
compromisos se debe a que no les fueron entregadas las participaciones y
aportaciones federales, así como a nuevas disposiciones fiscales que les
impiden adquirir nuevos créditos.
Si bien, el grueso de estos pagos pendientes
proviene de partidas federales, la administración estatal tiene la facultad de
subsanar ese rezago para cumplir el pago de sus obligaciones mientras reciben
ese recurso, pero no ha ocurrido así.
A decir del
funcionario estatal, disposiciones
federales le impiden al Estado adquirir deudas mayores al 6 por ciento para el
pago de pasivos a corto plazo, cuando en 2017 el tope era del 7.3 por ciento.
Para el
titular de las finanzas en el estado, “los
límites en los endeudamientos a corto plazo nos asfixian porque no podemos
pedir más dinero que el que marca la ley. Estamos en el 5.9 por ciento en
ingresos de libres disposiciones (créditos) que equivalen a 500 millones de
pesos”.
Justificó que en 2017 “todavía
podíamos manejar algunas cosas, enviaban los recursos que se plantearon como
recursos de gestión, nos dan una partecita en octubre y en diciembre. Lo que
hacíamos era un crédito a corto plazo y lo saldábamos, ahora es complicado
porque no podíamos hablar con quienes salían ni los que iban entrando (en el
gobierno federal).
La
administración de “Kiko” Vega espera que
entre el 8 y 10 de diciembre, el gobierno federal deposite las aportaciones
pendientes.
Hernández
Díaz detalló que “el problema del flujo
hace que tengamos que decidir, si pagamos nómina o el adeudo al banco, no es
sencillo. Lo que hacemos es decir ‘¿estamos obligado a darle a esta
dependencia?’. Pues no, porque reciben recurso federal, entonces lo que hacemos
es decirle, no pagues a proveedores, concéntrate en tu nómina y ya, pero pues
de pronto sucede que no les alcanzó”.
“Todas las paraestatales van a decir
que necesitan toda la ministración mensual, pero se está priorizando a la parte
de los compromisos de nómina”, manifestó.
Al no conocer la cifra exacta de
adeudos en el
momento de ser cuestionado, Bladimiro Hernández ofreció proporcionar una relación de adeudos exactos y órganos con los
que la Secretaría de Finanzas registra ministraciones pendientes de cubrir,
pero hasta el cierre de edición esta información no fue enviada a esta
redacción.
Respecto a si la medida fue
consultada desde el gobierno con cámaras empresariales, precisó que no fue así.
“Este gobierno no se ha distinguido o por mantener una comunicación estrecha
con el sector productivo, nosotros somos quienes generamos los empleos y
lamentablemente ha marcado ha sido consistente el gobierno del Estado en tomar
medidas de manera unilateral”.
El dirigente
de Coparmex en la capital del estado precisó
que el aumento del más del 100 por ciento a la sobretasa del Impuesto Sobre la
Nómina es particularmente dañina para el empresariado local, porque desde el 1
de diciembre el salario mínimo se duplicará en la franja fronteriza norte del
país.
“No se nos hace justo que porque no
exista una medida real de corrección a las finanzas, se nos cargue a nosotros,
ese costo financiera que tiene en este momento”, añadió.
Por su
parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
informó que no dudará en presentar un amparo colectivo en contra de la medida.
El
presidente del Consejo, Kurt Honold señaló
que después de una reunión con los integrantes del organismo coincidieron en
tomar dicha medida “por considerar que son medidas contra-cíclicas que violan
el principio fiscal de progresividad”.
El CCE rechazó todos los aumentos al
servicio doméstico, comercial e industrial del agua y también a los servicios
que presta la Coordinación de Protección Civil a giros comerciales,
industriales y de servicios, como el aumento al impuesto sobre la educación
media superior.
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