El Presidente Andrés Manuel López
Obrador expidió el Decreto por el que se instruye establecer condiciones
materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos
de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a
justicia.
En el Decreto publicado este día en
el Diario Oficial de la Federación, se instruye a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal para que, dentro del ámbito de sus
competencias y atribuciones, implementen los mecanismos necesarios a efecto de
destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se
requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los
familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.
También se ordena la conformación de una Comisión
que deberá ser integrada, al menos, por los familiares de los estudiantes
desaparecidos o quien ellos designen que los represente; un representante de
las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y
Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se
requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la
Comisión.
“El propósito es conformar un equipo
de trabajo autónomo interdisciplinario, que otorgue la asistencia que los
familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa requieran ante la autoridad
competente, a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano que las
víctimas u ofendidos tienen consagrado, así como a un correcto acceso a la
justicia y al conocimiento de la verdad”, indica el documento.
El decreto indica que la Secretaría de Gobernación,
por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, implementará los mecanismos
necesarios, para procurar que las investigaciones se realicen sin sesgos, con
independencia, imparcialidad y en estricto apego a la legalidad, hasta el
debido esclarecimiento de la verdad.
Además, la SHCP celebrará los acuerdos con las
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y/o
expertos profesionales y técnicos que se requieran, a fin de precisar los
términos en que serán destinados los recursos correspondientes
Se instruye a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o
pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de
la verdad, facilitarla a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar a
la autoridad competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
El documento
señala que la Secretaría de Gobernación,
por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, en coordinación con los
familiares o sus representantes, diseñarán los lineamientos para la
implementación de medidas de protección o de colaboración eficaz, para aquellas
personas que apoyen en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los
hechos.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores, en el ámbito de su competencia, deberá celebrar los convenios o
acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o
experto internacional que pueda coadyuvar en el esclarecimiento del caso.
“La Secretaría de Gobernación habrá de
celebrar todos los convenios que sean necesarios con las entidades federativas,
a fin de que éstas colaboren, dentro del ámbito de sus competencias, para el
cumplimiento del presente Decreto”.
El Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un plazo
no mayor a treinta días hábiles deberá instalarse la Comisión debiendo emitir
los lineamientos de operación en la siguiente sesión posterior a su
instalación.
El día de
ayer, Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, frente a los padres de los
43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa –que previamente arribaron a Palacio
Nacional–, su primer Decreto Presidencial, para crear la Comisión de la Verdad.
Ofreció justicia, y llegar a la verdad; dar todas las facilidades y que “la
autoridad competente, que sería la Fiscalía General, constituya esta comisión”
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